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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El diputado de ARENA, Francisco Lira, cuestionó que se pidan más de $42 millones para los comicios de 2027 con respecto a lo presupuestado para las de 2024, aun cuando habrá menos eventos electorales y sin posibilidades de una segunda vuelta.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha pedido a Hacienda, encargado de las finanzas públicas, un presupuesto de $172.1 millones para desarrollar las elecciones generales de 2027; donde se elegirán a presidente de la República, Asamblea Legislativa y Concejos Municipales. Esos $172.1 millones, incluye $46.7 millones para el voto en el exterior.
El monto para las elecciones de 2024, fue de $129,317,170: ese monto incluía el desarrollo de las Presidenciales y Asamblea Legislativa y otro día, para el de Concejos Municipales y Parlamento Centroamericano, también se incluía una eventual segunda vuelta en el caso de las presidenciales.
Ahora se piden $172,149,600, es decir, $42,832,430 más, sin que se vaya a desarrollar la elección del PARLACEN y en un solo día (28 de febrero 2027) y que tampoco haya segunda vuelta, ya que la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista reformó la Carta Magna en menos de 12 horas para retirar a El Salvador del organismo regional y también para evitar que haya segunda vuelta; ganaría, el que tenga más votos sin más y ni más.
Sobre el tema, el diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Francisco Lira dijo que le preocupa el monto “elevado”. “Para comparar: En 2024, con tres eventos electorales presupuestados, se asignaron $129.4 millones. Ese monto incluía: La elección presidencial y legislativa (domingo 4 de febrero 2024), la elección de concejos municipales y PARLACEN (domingo 3 de marzo 2024) y un tercer evento que no se realizó, la posible segunda vuelta. Ahora, para 2027, en un solo evento que agrupa tres elecciones (presidente, diputados y concejos municipales), el TSE solicita $172.1 millones”.
Ante ello, el legislador espera que en la Comisión de Hacienda dicho aumento “sea explicado con total claridad”, ya que El Salvador tiene “enormes necesidades” en programas sociales y en la atención de grupos vulnerables. “Un incremento de esta magnitud podría reorientarse para solventar prioridades urgentes del pueblo salvadoreño, y por eso debe justificarse técnica y responsablemente”.
