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Redacción Nacionales
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“¿Cuál es la situación con los nuevos jueces asignados?, quizás no es que, lleven gente a favor de las empresas o en contra. Lo lamentable es que quitan a jueces que saben de derecho ambiental”, explicó Carlos Flores, del Foro del Agua, de El Salvador, al denunciar lo que consideró el desmantelamiento del sistema de justicia en el país.
Diversas organizaciones que integran el Foro del Agua de El Salvador denunciaron que al remover de su cargo al Magistrado Samuel Lizama y la Magistrada Cesia Romero, de la Cámara Ambiental, se abre la puerta a nuevas acciones por parte de las empresas demandadas en litigios ambientales para continuar con sus megaproyectos, que han sido cuestionados por su incidencia en la vida de las comunidades.
Sobre la competencia jurídica del Magistrado Samuel Lizama, el dirigente del Foro del Agua señaló la vasta experiencia del juez quien ha aportado conocimiento judicial en sus libros sobre litigio ambiental estratégico y el papel del derecho en la construcción de la justicia ambiental.
Flores reiteró que los nueves jueces de la Cámara Ambiental, sus experticias o experiencias se limitan al derecho de Familia y en el terreno de los Civil y Mercantil, por lo que consideró que ante un caso en materia de medio ambiente, ambos no cuentan con una práctica prolongada en el derecho ambiental o derechos humanos. “Si fuera un abogado experto en derechos civil y mercantil, obviamente mis criterios serían enfocados a mi conocimiento y que principalmente es de resguardar la propiedad privada cuando estudio un caso. ¿Cuál es el truco?, un cambio de criterio en las resoluciones que darán los magistrados y jueces”, reflexionó.
“Un juez de lo civil y mercantil defenderá la propiedad y las relaciones entre privados. Es como una trampa, sin trampa, porque estos jueces pueda que sean probos o justos, pero van aplicar la justicia con otros criterios que no son los ambientales”, agregó Flores.
María González, activista del Foro del Agua, criticó que desde el 31 de agosto del presente año, que se aprobaron las reformas a la ley de la Carrera Judicial, se obligara al cese de jueces y magistrados que sobrepasan los 60 años o 30 años de servicio.
Esta acción controversial ha cobrado un tercio de los operadores de justicia y ha permitido un traslado arbitrario y la irregularidad de los nuevos nombramientos, que fue avalado por la Corte Suprema de Justicia, electa inconstitucionalmente desde el órgano Legislativo por orden del poder Ejecutivo.
“Lo que estamos señalando es que todas estas irregularidades forman parte de este procesos de reconfiguración del órgano Judicial, es una estrategia más del Gobierno para favorecer a las empresas saqueadoras que habían sido sancionadas por el sistema judicial ambiental. Lo que significa un aumento de la mercantilización de la naturaleza”, agregó González.
“Los Magistrados Lizama y Romero han emitido precedentes judiciales importantes a favor de proteger los derechos de la naturaleza, entre ellos frenar la construcción de la Pequeña Central Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco en el río Sensunapan, y frenar la destrucción del Parque Nacional Los Pericos o sancionar al Ingenio La Magdalena por el derrame de melaza”, reseñó González.
Asimismo, el Foro del Agua denunció el inminente riesgo que enfrentan de ser removida la juez Ambiental de San Miguel, Eli Díaz, que ha hecho aportes jurídicos en cuanto a responsabilizar a la ANDA por contaminación ambiental agravada al depositar las aguas negras y grises en el río Grande de San Miguel, el río de San Francisco Gotera, Morazán, y la Bahía de La Unión y Conchagua, respectivamente.
Mientras, la Jueza Ambiental de Santa Ana, Norma Lemus, a través de medidas cautelares, ha detenido la construcción del proyecto urbanístico propiedad de la constructora Fénix S.A de C.V. , en el sitio arqueológico Tacushcalco, y la contaminación del río Ceniza, Nahuilingo, Sonsonate.
“Son estas Operadoras de Justicia, que con su independencia judicial -que les caracteriza- han aportado justicia con sus resoluciones en salvaguardar los recursos naturales del país. No obstante, estos avances aún incipientes, se encuentran en peligro de retroceder por la cooptación del órgano Judicial”, agregó González.
