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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Carolina Recinos -comisionada presidencial del gabinete de Gobierno- justificó este jueves que el impago del Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES) a las 262 municipalidades del país se debe a que el Gobierno tuvo que hacer uso de los ingresos corrientes para los gastos por la pandemia de COVID-19.
La funcionaria confirmó que este sábado 10 de octubre, el titular de Hacienda, Alejandro Zelaya ha convocado a una reunión a Mario Ponce, los jefes de las distintas fracciones legislativas y a representantes de COMURES para exponer la realidad sobre el impago. Parlamentarios de ARENA y FMLN adelantaron ayer que no asistirán a la reunión porque el pago del FODES no está en discusión.
“No es que de los préstamos se paga FODES como están diciendo, el FODES se paga del fondo general de la nación, pero no tiene un impuesto específico y el fondo general ha tenido que priorizar otros aspectos”, recalcó.
Recinos manifestó que “necesitan recuperar los fondos utilizados del Presupuesto General de la Nación”, por lo que también dijo que otro retraso en el pago de salarios en el órgano Legislativo depende de “cómo se comporte la Asamblea Legislativa y les permita recuperar ingresos”, en alusión a la asignación de los créditos aprobados en los decretos 608 y 640.
Este miércoles 7 de octubre fueron depositados los fondos a la Asamblea Legislativa para que hiciera efectivo el pago de salarios y saldara deudas con proveedores correspondientes al mes de septiembre, según confirmaron el presidente del Legislativo Mario Ponce, y el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL), Luis Ortega.
La comisionada reveló que el Ejecutivo está pagando $4,100 diarios en concepto de comisión por compromiso de los créditos adquiridos con los organismos internacionales.
Sobre la inasistencia de funcionarios requeridos por la comisión especial que investiga la adquisición de deuda durante la pandemia, Recinos manifestó que es una estrategia de los diputados con “fines electorales”, y no consideran las obligaciones propias de las carteras que presiden.
