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Saúl Méndez
Colaborador
El Frente Magisterial Salvadoreño (FMS) presentó un extenso informe sobre la situación de la educación en El Salvador, en el que documenta graves casos de sobrecarga laboral, violaciones a derechos laborales y un incremento masivo en la deserción escolar.
Según la organización, el país atraviesa un “periodo de oscurantismo” debido a la restricción de información pública, lo que genera incertidumbre sobre políticas implementadas por el Ministerio de Educación que obligan a los docentes a asumir responsabilidades ajenas a su función y a renunciar a derechos históricamente conquistados por los gremios magisteriales.
Uno de los casos citados es el del maestro Juan Antonio Cruz, quien cayó del techo de la escuela mientras realizaba una tarea impuesta por autoridades en enero de 2025, accidente que le causó la muerte. El gremio lamentó el hecho que refleja la precariedad y peligrosidad de muchos centros educativos, donde se exige a los docentes realizar labores fuera de su contrato laboral.
El informe también destaca el caso del maestro Abel de Jesús Peñate Pérez, del Centro Escolar Alta Vista, quien falleció a causa de un paro cardíaco durante su jornada laboral, presuntamente provocado por el estrés.
“Por eso muchos maestros se retirarán este año. El estrés laboral, acompañado de violaciones a derechos como hostigamiento y sobrecarga de tareas, está provocando la aparición y agravamiento de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y afecciones cardíacas”, señalaron miembros del FMS.
La organización también cuestionó las condiciones en las que opera el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM). “Siempre reconocimos que el sistema necesitaba mejoras, pero este Gobierno ha llevado a Bienestar Magisterial a la precariedad, y muchos trabajadores siguen sufriendo despidos injustificados”, afirmó.
El FMS denunció la falta de medicamentos, la entrega de fármacos de baja calidad y la insuficiencia de médicos especialistas en el ISBM. “Esto está provocando un sistema de salud precario y con peligro evidente de colapso”, alertó.
Despidos injustificados se mantienen en 2025
El FMS reportó que este año persisten los despidos de maestros, lo que vulnera el derecho al trabajo y la estabilidad laboral.
Según el informe, continúan también las destituciones de directores de escuelas, muchos de ellos con amplia experiencia y reconocimiento comunitario, para colocar en esos cargos a personas sin conocimiento de la ley o de la administración pública. “Son nombramientos con afinidad al partido de gobierno, y por desconocer que estas prácticas constituyen delito, permiten violaciones contra el Magisterio y se convierten en cómplices de abusos”, denunció el FMS.
La organización atribuyó igualmente a estas políticas gubernamentales la muerte del profesor José Orlando Araujo Ramírez, de Jucuapa, Usulután, quien, según señalaron, se quitó la vida tras sufrir lo que calificaron como un “abominable atropello”.
Por otra parte, el FMS expresó preocupación por la creciente influencia de organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la educación pública. “A cambio de préstamos, exigen bajo la mesa medidas neoliberales como ajustes estructurales y reducción del aparato estatal, con el fin de privatizar servicios públicos y precarizar la educación”, afirmó la organización.
“Por eso continúan financiando al Gobierno, a pesar de no declarar patrimonio ni transparentar el destino de los fondos”, advirtió el FMS.
Otro punto señalado en el informe es el cierre de centros educativos y sus consecuencias en la deserción escolar. Según la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM), la tasa de analfabetismo pasó de 9.3 % en 2023 a 9.6 % en 2024, un aumento que refleja un deterioro en los indicadores educativos, advirtió el FMS.
“El Gobierno ha ocultado cierres de centros escolares, tratando de confundir a la población al asegurar que esos planteles tienen baja matrícula”, afirma el Frente Magisterial.
El FMS preocupado por la transparencia en fondos para remodelación
Según el informe del FMS, se han identificado costos sobrevalorados por metro cuadrado de construcción, que alcanzan los 900 dólares o más, pese a que el precio estándar conocido por la población es de 375 dólares sin mano de obra, ya que se utiliza a privados de libertad bajo una modalidad que el gremio califica como trabajo forzado. De haberse contratado personal especializado, el costo reconocido en el mercado sería de aproximadamente 450 dólares.
Incluso, se han registrado muertes de personas sometidas a esta modalidad de trabajo, quienes posteriormente fueron identificadas como inocentes.
A esto se suma el incumplimiento, una vez más, de la promesa de reparar 1,000 escuelas por año. El lento avance de las obras afecta a las comunidades educativas, que se ven obligadas a continuar clases de manera virtual o en condiciones inadecuadas.
Asimismo, un centenar de colegios privados han cerrado sus puertas para 2026, junto a una deserción escolar de 146,378 niños, niñas y adolescentes entre 4 y 17 años, según la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM).
El FMS también expresó preocupación por los más de 3,000 menores de edad capturados durante el régimen de excepción, y cuestionó el silencio del CONAPINA, institución que, según el gremio, debería velar y reportar sobre la situación de estos niños y adolescentes.
“Este año, según datos oficiales (aunque podrían ser más) alrededor de medio centenar de estudiantes de educación media fueron capturados, algunos de ellos dentro de sus propios centros de estudio”, detalló el FMS.
“La PNC se ha destacado por ingresar a centros escolares, irrumpir en reuniones de padres de familia y cortar el cabello de menores. También han realizado visitas junto a la FAES en institutos nacionales, revisando mochilas y efectuando capturas, incluso, con presencia de caninos”, reveló la organización.
Según los registros del FMS, aproximadamente 64,000 niños y niñas se encuentran en situación de abandono como consecuencia del régimen de excepción.
Otro elemento clave del informe fue el nombramiento de la capitana del Ejército, Karla Trigueros, como ministra de Educación el pasado 14 de agosto. Este hecho, según el FMS, marca una nueva visión militarista en la conducción de la educación pública, con una tendencia hacia la militarización del Estado.
“Hoy nuestros niños y niñas tienen prohibido recibir contenidos de salud sexual y reproductiva, utilizar lenguaje inclusivo o ser formados en temas de cambio climático. Además, se les está negando el derecho a conocer su memoria histórica, contenida en Estudios Sociales. Un pueblo que no conoce su historia corre el riesgo de repetirla, y eso es precisamente lo que ya está ocurriendo”, alertó el gremio.
El FMS también denunció castigos para los estudiantes, resumidos en la frase: ‘Si no vienes con el cabello recortado, zapatos limpios y uniforme completo, no entras a la escuela’. Esto viola el derecho a la educación y fomenta la exclusión, sin considerar que gran parte de la población vive en condiciones de extrema pobreza que afectan directamente a la niñez, señalaron.
A esto se suman las nuevas medidas represivas de los llamados “deméritos”, implementados como mecanismo de control moral y psicológico.
La organización denunció que estas prácticas alcanzan niveles de abuso de poder, como reprobar de grado a estudiantes que acumulen 15 deméritos, sin considerar su rendimiento académico.
“Esto envía el mensaje de que se pretende formar individuos sumisos, obedientes y genuflexos, dejando de lado la formación intelectual y la excelencia académica”, señaló el FMS.
“Hoy en El Salvador, en las escuelas se aprende usando el método del miedo, y por ello el país es objeto de estudio en la academia internacional, que observa con preocupación el rumbo de la educación pública”, añadieron.
El Frente Magisterial también dirigió un mensaje a madres, padres y responsables de estudiantes:
“Felicitamos a quienes han entendido que la educación pública es de todas y todos”, afirmó.
“Hemos visto ejemplos de valentía, especialmente de las madres, que con organización, lucha y denuncia han logrado evitar el cierre de varios centros escolares”, enfatizó la gremial.
“Otros, con menos suerte, han tenido que alquilar casas o buscar espacios seguros para continuar las clases de centros escolares que el Gobierno cerró bajo el argumento de reparaciones. Algunos de estos planteles ya tienen más de dos años cerrados, sin que las autoridades ofrezcan soluciones”, alertó.
“No se puede ignorar que la ministra ha impuesto tareas y actividades que generan sobrecarga para los estudiantes, reflejo de la falta de planificación y desconocimiento de las autoridades del Ministerio de Educación”, añadió.
Esta situación, señaló, es denunciada constantemente por madres y padres de familia.
El FMS concluye que muchas decisiones actuales del Ministerio de Educación están exigiendo más recursos económicos a las familias y generan incertidumbre.
“El informe está dedicado a la memoria de nuestros compañeros maestros fallecidos durante el régimen de excepción, que consideran ilegal y vigente por 44 meses, incluido el docente que, agobiado por la situación, terminó con su vida”, concluyó el FMS.
