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Oscar López
@OscarCoLatino
La diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Anabel Belloso, calificó como “lamentable” la decisión de 11 de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de limitar la investigación a funcionarios señalados por enriquecimiento ilícito cuando tenga menos de diez años de haber dejado el cargo público.
“Es lamentable cuando en la Fiscalía, se encuentran denuncias sobre un sin fin de casos de corrupción que nosotros al llegar al gobierno en el 2009, funcionarios fueron a dejar la información, incluso con pruebas, y no hubo avance en las investigaciones, lamentamos esa decisión”, declaró Belloso.
De igual forma, Belloso agregó: “Tendremos que seguir luchando también desde la Asamblea Legislativa, por lograr que la Ley se reforme de cara a garantizar que no tengan prescripción. Esperamos que esto no impida que en un futuro en un dado caso que haya reforma de ley se investiguen estos casos por lo que hay prueba y que fueron denunciados antes de que vencieran los plazos que la Ley establece”.
Al ser consultada sobre el tema, la subsecretaria de Participación, Transparencia y Anticorrupción, Lourdes Palacios, externó que hace varios años el FMLN presentó una propuesta de ley de probidad, que en su momento fue aprobada, sin embargo, la Sala de lo Constitucional de la CSJ, dictaminó que dicha ley no podía implementarse.
Por lo que sigue vigente la Ley que establece que a los funcionarios no se les puede señalar por acciones después de los 10 años de su período en funciones. “Es una medida nociva para el país, para la sociedad, porque aquellos casos que podrían ser tomados para señalarse por la justicia no se puede hacer, esa es la Ley, no se puede hacer nada con estas personas, eso es nocivo para el país”, afirmó Palacios.
Asimismo, Palacios agregó que con ese tipo de medidas se permite la impunidad de funcionarios que fueron señalados por actos de corrupción durante el ejercicio de sus funciones, por lo que aseveró que es importante que la Asamblea Legislativa, reconsidere el estudio de una nueva Ley de Probidad.
La decisión tomada por once magistrados posibilita la amnistía de todos los casos abiertos contra exfuncionarios del último gobierno de Arena (2004-2009), entre ellos Ana Vilma de Escobar, René Figueroa, Enrique Molins Rubio y Jorge Hernández Isussi o de diputados o funcionarios de otros órganos del Estado que tengan reparos en gestiones anteriores a mayo de 2009.
El principal argumento de los magistrados para adoptar este criterio es seguir una disposición literal del artículo 240 de la Constitución, que señala que no pueden iniciarse juicios por enriquecimiento ilícito si no es dentro de los diez años siguientes a la fecha en que un funcionario haya cesado en el ejercicio de su cargo.
