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Saúl Méndez
Colaborador
Ivania Cruz, abogada y vocera de la Unidad por la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), afirmó que el único sustento del proceso contra los líderes veteranos de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, quienes permanecen detenidos desde hace dos años, es el testimonio de un testigo criteriado presentado por la Fiscalía General de la República (FGR). “No existen más pruebas que respalden las acusaciones”, aseguró en el programa del comunicador Franklin Martínez.
Según explicó, se trata de un testigo que permanece bajo reserva de identidad y que afirmó haber visto a los involucrados en Guazapa y posteriormente en México. A partir de ese relato, la Fiscalía habría construido la supuesta estructura criminal. Incluso, la vinculación entre los procesados se habría fundamentado en la frecuencia de llamadas telefónicas entre José “Pepe” Melara, otros veteranos y excombatientes, lo que, a juicio de la organización, no representa una prueba.
“El caso de Luisito es un ejemplo de ello. Fue involucrado después de la captura de Pepe únicamente porque registraba una llamada telefónica realizada el día anterior a esa detención. Es decir, no existe un elemento que permita sostener la existencia de una estructura criminal”, detalló Cruz.
Los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz fueron capturados en 2024 tras ser acusados de supuestos actos de terrorismo en el contexto de la investidura del segundo mandato del presidente Nayib Bukele. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos e investigaciones periodísticas han señalado que el caso habría sido fabricado.
La UNIDEHC sostuvo que los materiales que la Policía aseguró haber encontrado podrían corresponder a un montaje o, en su defecto, a dispositivos que no poseían la capacidad destructiva que se les atribuyó.
“Se habló de explosivos, pero distintas fuentes periodísticas señalaron que esos artefactos no generaban mayores daños; eran comparables a pólvora utilizada en juegos pirotécnicos, como silbadores o cohetes. Incluso en algunas marchas se han utilizado objetos similares”, indicó.
“Pretender que esos elementos conviertan a estas personas en integrantes de una estructura criminal o de una organización terrorista demuestra una construcción exagerada del caso por parte de la Fiscalía, especialmente considerando que varios de los acusados ya presentaban graves problemas de salud antes de ser detenidos”, sostuvo Cruz.
Ese era el caso de Atilio Montalvo y también de José “Pepe” Melara, quien recibía tratamiento médico en clínicas privadas debido a que no contaba con cobertura del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
“De hecho, una de las exigencias de la jueza que lleva el caso fue que el estado de salud de Pepe se acreditara mediante instituciones públicas”, señaló.
“Cuando UNIDEHC asumió la representación legal de Pepe y de Luisito, insistimos en múltiples ocasiones sobre la delicada condición de salud de Pepe. Yo misma fui testigo, en una de las pocas ocasiones en que pude visitarlo en las bartolinas antes de la audiencia, de que tenía ambos pies vendados, con úlceras y dificultades para caminar”, reveló.
Según la UNIDEHC, esta situación fue planteada ante la jueza desde las primeras audiencias. No obstante, señaló que desde el inicio del proceso se habrían cometido numerosas irregularidades.
“Las personas detenidas ni siquiera fueron trasladadas en algunas de las diligencias judiciales, y las prórrogas solicitadas por la Fiscalía han sido innecesarias”, explicó, al referirse a un proceso que continúa sin llegar a juicio después de dos años.
“Siempre he sostenido que, si la Fiscalía afirma tener pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de una persona, debería ser la principal interesada en que el proceso avance y se resuelva. Por eso resulta contradictorio que sea la propia Fiscalía la que continuamente dilate el caso. Esto evidencia que no existen elementos sólidos que sustenten la acusación”, aseguró.
Por otra parte, Ivania Cruz consideró que, antes de la persecución política que se profundizó en 2025, existía la intención de atribuir a un movimiento popular como la Alianza Nacional El Salvador en Paz la categoría de organización terrorista, lo que habría sentado un precedente jurídico para criminalizar a movimientos sociales y populares.
“Desde la captura de los líderes de la Alianza era evidente que se aproximaba una escalada de persecución”, sostuvo.
Posteriormente, esa situación también alcanzó a organizaciones como la UNIDEHC, cuyos integrantes fueron acusados de agrupaciones ilícitas y optaron por exiliarse para resguardar su seguridad.
“Consideramos que esto forma parte de una estrategia de criminalización de organizaciones y movimientos sociales”, alertó.
Cruz agregó que “lo preocupante es que este fenómeno comenzó precisamente con el caso de Pepe. Desde una perspectiva jurídica, lo que se intenta construir tiene implicaciones mucho más amplias que las de un proceso penal individual”.
La UNIDEHC también advirtió sobre otro aspecto que considera relevante en relación con la administración de justicia.
“Si la institución responsable de investigar es la Fiscalía, resulta difícil comprender por qué se ignoraron elementos que podían favorecer el esclarecimiento de los hechos”, señaló.
“Como defensa presentamos cinco personas dispuestas a declarar como testigos a favor de Luisito. Entregamos sus documentos de identidad para que fueran entrevistadas. El tribunal aceptó la solicitud y ordenó a la Fiscalía que realizara esas entrevistas como prueba anticipada”, afirmó.
Sin embargo, hasta la fecha, la UNIDEHC denuncia que ninguno de esos testigos ha sido citado.
“Es decir, incluso la defensa estaba colaborando activamente con la investigación para demostrar la inocencia de los acusados, pero esos esfuerzos nunca fueron tomados en cuenta”, concluyó.
