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Las computadoras que fueron encontradas pertenecen a Educación, de un lote hurtado en un centro educativo de San Miguel. Foto Diario Co Latino/ Cortesía.

FGR y PNC allanan negocio

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en San Salvador se realizó un allanamiento en un centro comercial, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) y expertos del Ministerio de Educación. En el lugar, las autoridades encontraron 27 computadoras propiedad del Estado, que fueron hurtadas en febrero de este año. Las portátiles estaban siendo comercializadas en la zona.

El fiscal del caso dijo que la Unidad de Intereses del Estado de la oficina Fiscal de San Miguel tiene una investigación, que está siendo efectiva, por medio de un registro con orden de allanamiento, el cual fue otorgado por el juez de Guadalupe de San Miguel.

“Los hechos básicamente son con respecto a computadoras, propiedad del Ministerio de Educación, las cuales se tuvo conocimiento de que estaban siendo comercializadas en este lugar, específicamente estamos haciendo una investigación de un hurto de 27 computadoras en febrero de este año en la hacienda del Guayabal, jurisdicción de San Miguel”, detalló el fiscal del caso.

El fiscal también indicó que se tiene información que esas computadoras fueron traídas al lugar y estaban siendo comercializadas.

También, el fiscal dijo que con la colaboración de la PNC y expertos del MINED, se encontrado computadoras propiedad del Ministerio de Educación, que pertenecen a otros Centros Escolares del país, hechos que en su momento fueron denunciados.

“Estas personas que están detenidas en este momento han caído en el delito de receptación, el cual es un delito grave y que oscilan de una pena de tres a cinco años de prisión”, mencionó el fiscal del caso.

El delito de receptación consiste en adquirir bienes sin tener documentación que ampare la legítima propiedad del bien u obtener objetos a un precio bajo del mercado sin documentación alguna, en le cual se va a presumir que esos objetos han sido producto de un ilícito anteriormente.

La FGR, a través de la Unidad de Intereses del Estado, acusará a los propietarios de los locales por el delito de receptación.

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