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Redacción Nacionales
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El expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, reaccionó tras la finalización del caso denominado como “Tregua”, donde la Fiscalía General de la República (FGR) pide 16 y 20 años de cárcel para Funes y para el exministro de Seguridad, David Munguía Payés, respectivamente. Las penas solicitadas del ministerio público para Mauricio Funes y para Payes es por haber presuntamente negociado con pandillas para reducir el número de homicidios.
El Juzgado Especializado de Sentencia “C” de San Salvador finalizó la fase de alegatos y programó el fallo sobre el juicio del caso tregua para el próximo 9 de junio a las 10 de la mañana. Sobre esto, Funes sostuvo que “la FGR, sin haber presentado pruebas de los delitos imputados, solicitó 16 años de cárcel para mí y 20 años para el general Munguía Payés. Así como son arbitrarias las imputaciones, también lo son las penas solicitadas”, destacó el expresidente vía Twitter.
Para el exmandatario de la República, el ministerio público no pudo sustentar los delitos que atribuía. “Para ser acreedor de 8 años de cárcel por el delito de agrupaciones ilícitas la FGR tendría que haber demostrado que yo formo parte de una organización criminal y que soy uno de sus cabecillas. Nada de eso pudo probar. Tampoco probó el delito de incumplimiento de deberes”, destacó Funes.
La FGR sostuvo que los delitos de incumplimiento de deberes y agrupaciones ilícitas fueron cometidos por ambos procesados, ya que presuntamente promovieron, facilitaron y ayudaron a estructuras terroristas o popularmente llamadas maras o pandillas a fin de que obtuvieran facilidades en los centros penales a cambio de reducir el número de homicidios para así mejorar la imagen del GOES de ese entonces.
“Según la Ley Penitenciaria, los funcionarios que autorizan traslados de reos, ingresos de objetos que pudieran ser considerados ilícitos además de ingresos de personas sin registro son el director de penales, el juez de vigilancia penitenciaria y los consejos criminológicos”, aclaró Funes.
“Ni el presidente de la República ni el ministro de Seguridad tienen competencia en esas decisiones. Por tanto, no nos pueden hacer responsables de alguna ilegalidad en competencias y facultades que por ley no tenemos”, concluyó Funes.
