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Redacción Nacionales
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El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) se pronunció sobre la ampliación de instrucción que concedió el Tribunal de Crimen Organizado en contra de los veteranos y excombatientes por petición de la FGR; esto demuestra, según el Comité, que no tienen pruebas contundentes para demostrar la culpabilidad de los procesados.
Las notificacione de alargamiento de la fase de instrucción por 6 meses más les llegó a las familias el viernes 12 de diciembre. “Creo que ya llevamos suficiente tiempo para que hayan presentado pruebas, de lo que ellos aducen”, dijo una de las familiares de los detenidos.
Los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz fueron detenidos entre el 30 y 31 de mayo del año pasado, entre ellos José Santos Melara, conocido como Pepe, de Atilio Montalvo, conocido como Salvador Guerra, y otros líderes de excombatientes y veteranos de guerra.
Entre los detenidos están Wilfredo Parada, Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos y Roberto Antonio Esquivel, acusados de actos de terrorismo previo a la toma de posesión del segundo mandato de Nayib Bukele.
La familia Montalvo reiteró, tras conocer la tercera ampliación que ha concedido el Tribunal de Crimen Organizado, a petición de la Fiscalía General de la República, que su familiar, Atilio Montalvo, es inocente.
“Como familia reiteramos la inocencia de Atilio Montalvo, negamos categóricamente los cargos que se le imputan y requerimos el derecho a la justicia, a la verdad y al debido proceso. Nos parece preocupante que se esté dilatando el proceso en este caso, que a la fecha tendrá un año siete meses, sobre todo porque Atilio y los veteranos de guerra presos en este proceso son personas inocentes y eso significa que estarán más de dos años en prisión”, señaló la familia Montalvo.
Los veteranos son personas de la tercera edad con padecimientos crónicos. Montalvo tiene actualmente medidas sustitutivas a la detención provisional debido a complicaciones en su salud; sin embargo, la familia señala que si su estado de salud mejora, puede ser enviado a prisión nuevamente.
“Ante ello debemos reiterar que Atilio es un paciente terminal crónico, eso quiere decir que son enfermedades que no pueden curarse. Desde junio, cuando se le otorgaron las medidas sustitutivas, Atilio está en casa junto a su familia, recibiendo tratamientos y consultas de especialistas, siguiendo tratamientos en el hospital de Seguro Social y con médicos privados y cumpliendo con las medidas impuestas por el Tribunal de Crimen Organizado”, añadió la familia.
La familia explicó que tras el alta del hospital regional del Seguro Social de Santa Ana, Atilio fue ingresado en varias ocasiones a instituciones de salud por complicaciones originadas cuando estuvo en prisión.
Según Silvia Montalvo, su padre tiene a la fecha, insuficiencia renal crónica, etapa 5, insuficiencia cardíaca, secuelas de derrame cerebral. “Las secuelas del derrame cerebral volvieron a resurgir, por lo que tiene problemas de habla, además de pérdida de memoria a corto plazo, pérdida de dentadura, catarata en ambos ojos altamente desarrolladas y movilidad lenta”.
“El caso de Atilio debe sentar un precedente para que se respete el debido proceso, para que el sistema judicial y penitenciario no esperen que los privados de libertad fallezcan dentro de los centros penales en este país”, destacó Silvia Montalvo.
Mientras que la familia de José Santos Melara señaló que él es inocente y desde su detención no han sabido nada sobre él. “Como familia estamos angustiada ya que es un hombre de tercera edad, con enfermedades terminales como hipertensión arterial, diabetes mellitus, que lo ha llevado a tener complicaciones neurológicas, llagas en ambos pies y neuropatía diabética y también sufre de asma y sinusitis. Tememos que la salud de Melara empeore si sigue estando en prisión.
La familia pidió a las autoridades judiciales que concedan que José Santos Melara pase un proceso en casa “ya que puede fallecer en prisión si sigue prolongando el proceso”.
Guillermo García, abogado de José Santos Melara, señaló que el país atraviesa una situación “complicada” porque la FGR “al solicitar ampliación de plazo, lo que demuestra, a simple vista, es que no tienen los elementos suficientes en este momento para demostrar la culpabilidad de las personas que están siendo procesadas, por lo menos en este caso de los veteranos de guerra”.
García recordó que la FGR ha solicitado la ampliación cada seis meses, “lastimosamente nos encontramos ante una situación que también afecta el derecho a la vida y a la salud de la persona privada de libertad”. El profesional del derecho calificó como una “aberración jurídica” la petición de la Fiscalía General de la República al solicitar no solo la ampliación del plazo por seis meses más, sino que pide que se homologue ese plazo con los que se aplica a los detenidos en el régimen de excepción; “es decir, una ampliación de 24 meses más en prisión”.
Sin embargo, la jueza no admitió esa homologación y solo ha autorizado seis meses. “La verdad es que no tendría por qué seguirse ampliando el proceso si realmente tienen los elementos probatorios”; pero el ministerio público no tiene la documentación para demostrar la culpabilidad, puntualizó García.
En ese contexto, COFAPPES pidió a la FGR y a las autoridades judiciales que se absuelvan de los delitos imputados y dejen en libertad a los veteranos y excombatientes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz.
