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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
“Son casi $50 millones los que esta gente le ha robado al Estado”, afirmó el fiscal general de la República, Raúl Melara, en referencia a los presuntos actos de corrupción en la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral. Ayer fueron acusadas seis personas ante un tribunal por este caso.
Melara señaló que la Fiscalía General de la República logró determinar mediante las investigaciones los delitos de malversación de fondos públicos, lavado de dinero y activos, cohecho activo (pago de sobornos) y agrupaciones ilícitas.
Por los ilícitos serán acusados el expresidente de la República, Mauricio Funes; Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, cónyuge de Funes; el expresidente de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Leopoldo Samour; el empresario y expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), Miguel Menéndez; Mario Federico Pieragostini y José Efraín Quinteros.
El jefe fiscal dijo que cuentan con la declaración de al menos setenta testigos, 115 asistencias internacionales y más de 1,200 pruebas documentales que sustentan la acusación.
Germán Arriaza -director contra la Corrupción y la Impunidad de la FGR- detalló que el Ejecutivo presidido por Funes entregó varios millones de dólares a ASTALDI, empresa constructora de El Chaparral, en calidad de “arreglo directo”, puesto que la empresa planteaba que el Estado corriera con gastos imprevistos relacionados con el espacio geográfico de la obra. El costo inicial de El Chaparral fue $219,900,509.9.
“Se contrataron dos consultoras especialistas en el tema de arbitraje internacional y también en aspectos técnicos respecto a la geografía del lugar, ambos dictámenes establecen que la posibilidad de ganar el caso en un arbitraje era en un 70 % a favor del Estado salvadoreño”, relató Arriaza.
Según la fiscalía, la irregularidad radica en que el Estado salvadoreño pagó por un arreglo directo a la constructora ASTALDI sin que existieran criterios técnicos que respaldaran la erogación de fondos. En total, El Salvador dio más de $108 millones a la constructora, de los que $53 corresponden al pago del 29.9 % de la obra que se realizó, mientras que los más de $45 millones restantes constituyen el ilícito, según la investigación.
La tesis fiscal señala también que ya se había acordado una “dádiva” para Mauricio Funes y Miguel Menéndez. El dinero se depositó en unas sociedades adquiridas en Panamá por Menéndez y el titular de CEL, Leopoldo Samour, con el propósito blanquear el dinero. Son $45,244,418 los que la FGR asegura que fueron desviados de las arcas estatales.
Funes reacciona
El expresidente Mauricio Funes reaccionó en Twitter ante la acusación y publicó: “Las cuentas en las que, según la FGR, la empresa ASTALDI depositó el dinero del soborno no están a mi nombre. Yo no las aperturé. La FGR no tiene ninguna evidencia de que el dinero depositado en ellas era mío. ¿Cómo puedo mover dinero de cuentas de las que no soy el titular?”.
Funes dijo que el fiscal general, Raúl Melara, pretende con la acusación por el caso El Chaparral desviar la atención sobre la presunta corrupción del gobierno de Nayib Bukele en el manejo de la crisis sanitaria por la pandemia.
