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Redacción Nacionales
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Más de un año después de los vuelos realizados entre marzo y abril de 2025, familiares de alrededor de 30 salvadoreños aseguran desconocer el paradero y la situación jurídica de sus parientes. Una investigación de Radio Francia Internacional (RFI), realizada junto a otros medios, reconstruye el caso y recoge los testimonios de familias que continúan buscando respuestas.
Vuelos militares hacia El Salvador
Entre marzo y abril de 2025, vuelos militares contratados por el gobierno de Estados Unidos trasladaron a El Salvador a cientos de personas expulsadas de territorio estadounidense. Entre ellas se encontraban 252 ciudadanos venezolanos y alrededor de 30 salvadoreños, de acuerdo con una investigación publicada por RFI el 21 de septiembre de 2026.
Los vuelos llegaron en tres fechas: 15 y 30 de marzo y 12 de abril de 2025. Los deportados fueron presentados por los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador como personas vinculadas con actividades criminales.
Sin embargo, la situación de los salvadoreños ha quedado rodeada de interrogantes. Mientras los venezolanos fueron posteriormente repatriados, los familiares de los salvadoreños sostienen que no han recibido información suficiente sobre dónde se encuentran sus parientes ni bajo qué procedimiento permanecen detenidos.
RFI señala que la investigación forma parte de “The Deportation Project”, una investigación coordinada por Forbidden Stories en la que participan más de una veintena de medios de comunicación.
Del avión al CECOT
Según la investigación periodística, los deportados fueron llevados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad construida durante la política de seguridad implementada por el gobierno salvadoreño.
Human Rights Watch (HRW) también ha documentado el traslado de ciudadanos venezolanos y salvadoreños desde Estados Unidos hacia el CECOT en marzo de 2025 y ha reclamado que las autoridades informen sobre su paradero y los presenten ante un juez.
Uno de los principales cuestionamientos alrededor del caso es que las familias de los salvadoreños no recibieron información oficial completa sobre sus familiares. La investigadora Nathalye Cotrino, de Human Rights Watch, explicó a RFI que, a diferencia de los venezolanos, nunca se hizo público un número exacto ni se proporcionó información oficial detallada sobre los salvadoreños trasladados.
En algunos casos, las familias conocieron que sus parientes habían llegado a El Salvador por imágenes difundidas públicamente de los vuelos.
Más de un año de incertidumbre
La investigación de RFI recoge los casos de Elmer Concepción Romero Janes y Kevin Rolando Barrera Torres, cuyos familiares llevan más de un año intentando conocer su situación.
Glenda, hermana de Elmer, relató a RFI que descubrió que su familiar había sido trasladado a El Salvador después de observar un video relacionado con la llegada de los vuelos militares.
La familia, según el reportaje, ha buscado información en distintas instituciones y centros penitenciarios, pero continúa sin obtener respuestas que permitan establecer con claridad cuál es la situación jurídica de Elmer.
Una situación similar enfrenta Karen, hermana de Kevin. Las familias reclaman información sobre el lugar donde permanecen detenidos y garantías de que sus parientes se encuentran con vida y reciben atención adecuada.
La falta de información ha convertido la búsqueda en un proceso prolongado, marcado por visitas a instituciones, consultas y solicitudes de información sin una respuesta definitiva.
Los venezolanos fueron repatriados
Los 252 venezolanos trasladados a El Salvador permanecieron varios meses en el CECOT, pero posteriormente fueron repatriados a Venezuela como resultado de una negociación política.
Los salvadoreños, en cambio, continuaron en El Salvador y, según RFI, sus familias siguen sin conocer oficialmente el paradero de varios de ellos.
La diferencia ha generado cuestionamientos sobre el tratamiento dado a los ciudadanos salvadoreños, particularmente porque se trata de personas que fueron expulsadas desde Estados Unidos y terminaron recluidas en una prisión salvadoreña sin que sus familiares pudieran acceder a información clara sobre procesos judiciales.
El reclamo por garantías legales
Human Rights Watch ha pedido que las autoridades de ambos países esclarezcan la situación de los deportados y que las personas detenidas tengan acceso a procedimientos legales.
En marzo de 2026, la organización denunció públicamente la situación de los deportados y pidió que las autoridades revelaran su paradero y los presentaran ante un juez.
El reclamo se centra en un principio básico: que una persona acusada de un delito debe conocer los cargos en su contra y tener acceso a representación legal y a un proceso judicial.
En el caso de los salvadoreños trasladados desde Estados Unidos, las familias sostienen que esa información no ha sido proporcionada de manera suficiente.
Familias que siguen buscando
Más de un año después de aquellos vuelos, la incertidumbre permanece para las familias. Una investigación regional publicada esta semana señala que organizaciones de derechos humanos han identificado incluso cifras superiores a las inicialmente conocidas, mientras continúa el reclamo de información sobre quienes fueron enviados al CECOT.
El caso coloca nuevamente bajo escrutinio la cooperación migratoria entre Estados Unidos y El Salvador y, particularmente, el uso de una cárcel salvadoreña para recibir a personas expulsadas desde territorio estadounidense.
Para las familias, sin embargo, el debate político y migratorio tiene una dimensión más concreta: saber dónde están sus parientes, conocer de qué se les acusa y tener certeza sobre su situación jurídica.
