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Saúl Méndez
Colaborador
Organizaciones ambientales, colectivos ciudadanos y vecinos de Asunción Mita, Jutiapa, conmemoraron el cuarto aniversario de la Consulta Municipal de Vecinos realizada el 18 de septiembre de 2022, dónde la población rechazó la minería metálica en el municipio.
Durante la conmemoracion, la Resistencia Miteca, Laudato Si’, la Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, Convergencia Democrática, el Colectivo Madreselva y la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN) aprovecharon para reafirmar su oposición al proyecto minero Cerro Blanco, actualmente denominado Era Dorada.
En esta fecha, las organizaciones denunciaron al Estado de Guatemala por negligencia institucional frente a los riesgos ambientales y sociales relacionados con el proyecto minero. Según un comunicado de prensa, durante los últimos 17 años distintas administraciones y dependencias estatales han favorecido los intereses de empresas vinculadas al proyecto, entre ellas Goldcorp, Bluestone Resources, Elevar Resources y actualmente Aura Minerals.
Los colectivos cuestionaron la actuación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala (MARN) y del Ministerio de Energía y Minas (MEM), particularmente por las autorizaciones otorgadas al proyecto y por los estudios de impacto ambiental, lo cuáles tendrían deficiencias técnicas y legales.
Además, enfatizaron que uno de los principales señalamientos está relacionado con la consulta municipal previamente mencionada; celebrada el 18 de septiembre de 2022. Los representantes comunitarios sostienen que la voluntad expresada por los habitantes, contraria a la minería metálica, fue posteriormente deslegitimada a raíz de una resolución de la Corte de Constitucionalidad relacionada con el acta 04-2022.
Por ello, en el comunicado se plantean serios cuestionamientos desde el ámbito del derecho internacional, debido a que las organizaciones consideran que la actuación estatal vulnera obligaciones relacionadas con la protección de los derechos humanos, la participación ciudadana y el medio ambiente, y mencionan específicamente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Los colectivos adviertieron e insistieron sobre posibles impactos en los recursos hídricos de la zona, ya que señalaron que las condiciones naturales de la región, incluida la presencia de arsénico, y el uso de sustancias como el cianuro representan riesgos para las fuentes de agua superficiales y subterráneas.
Afectaciones de mina Era Dorada a El Salvador
La preocupación también trasciende las fronteras guatemaltecas. Los grupos ambientalistas sostienen que una eventual contaminación asociada con el proyecto Era Dorada podría alcanzar el Lago de Güija y el río Lempa, recursos hídricos compartidos por Guatemala y El Salvador, con posibles consecuencias para poblaciones de ambos países.
Por otra parte, denunciaron lo que califican como criminalización de defensores ambientales y comunidades que se oponen al proyecto y mostraron su completo rechazo al uso de procesos judiciales y acciones del Ministerio Público que buscan intimidar a quienes participan en acciones de protesta y defensa del territorio.
Por todos estos motivos, las organizaciones exigieron al Ministerio Público investigar las actuaciones y resoluciones de exfuncionarios y personal técnico del MARN y del MEM vinculadas con las licencias ambientales y mineras del proyecto.
También demandaron la cancelación de los derechos mineros en Asunción Mita y convocaron a organizaciones sociales, instituciones religiosas, sectores productivos, jóvenes y ciudadanos a participar en acciones de resistencia cívica y pacífica para la defensa del agua y del territorio.
