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Lorena Romero pertenece a una de las catorce familias víctimas de la masacre en el caserío El Mozote, municipio de Meanguera, Morazán, que recibió del Ministerio de Vivienda un certificado de contribución por $6,000 para construir o mejorar las condiciones donde habitan. Romero se mostró agradecida porque al fin gozará de la ayuda por la que ha esperado para vivir en un lugar adecuado.
La ministra de Vivienda, Michelle Sol explicó: “con el Programa de Desarrollo Habitacional Integral para Víctimas de El Mozote y lugares aledaños” se da cumplimiento al anexo “D” de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual establece que el Estado salvadoreño debe resarcir daños a las víctimas de la masacre ocurrida en 1981 durante el conflicto armado. Durante este año es la segunda entrega, la primera fue el 13 de febrero, cuando 15 familias recibieron su contribución económica.
“En ese anexo se incorporan veintinueve personas de las cuales cuatro fallecieron y cuatro no las localizamos, se formaron dos parejas, quedando vigentes diecinueve casos de los que se hará cargo Vivienda con una cobertura, de estos ya entregamos contribuciones a seis para mejoras y a doce para construcción. Este año nos detuvo la pandemia, pero vamos a continuar hasta beneficiar a las 240 familias que tenemos en el registro único de víctimas de la masacre de El Mozote de 1981”, detalló la funcionaria.
Agregó que de la inversión de esta y la entrega anterior ascienden a $174,000; para el próximo año, Vivienda ha destinado $750,000 para el cumplimiento en materia de reparación a los familiares de las víctimas de la masacre en El Mozote, además, como parte del apoyo también se les brinda asesoría técnica y social en el proceso constructivo, a cada beneficiado le entregan una carpeta técnica con un paquete de planos de propuesta de intervenciones de acuerdo a las necesidades particulares de cada caso, un presupuesto y una lista de materiales con detalle de cantidades a utilizar.
En 2012, la CIDH emitió la sentencia que obligaba al Estado salvadoreño llevar a cabo acciones concretas, como reparación a las familias víctimas de esta masacre.
En lo que el Estado ha fallado es en permitir al sistema judicial que busque en los archivos de los cuarteles los planes operativos relacionados con la masacre de El Mozote.
