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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Familiares del personal de salud fallecido en la atención del COVID-19 pidieron la ayuda del titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Apolonio Tobar, para darle cumplimiento al decreto 723 relativo a la compensación económica con la que se reconoce a quienes entregaron su vida durante la pandemia.
Telma Ramos, representante del Movimiento de Familiares del Personal de Salud Fallecidos por COVID-19, denunció que a dos años no han tenido respuesta por parte del Ministerio de Salud. El gobierno ha sido indiferente al dolor de estas personas que perdieron a sus seres queridos, a quienes además se les ha violentado una serie de derechos, por lo cual, piden la ayuda de la PDDH.
“Exigimos al Ministerio de Salud y al gobierno que nos escuchen, nos den la compensación económica establecida en el decreto 723 que es de $30,000, para las familias cuyos parientes murieron entre el 13 de marzo al 24 de junio de 2020, y estuvieron en primera línea atiendo la pandemia del COVID-19”, afirmó Ramos.
Laura Laínez, esposa de Edgardo Rivas, neurocirujano del Hospital San Rafael, de Santa Tecla, quien falleció en junio de 2020, explicó que han tenido reuniones con el representante jurídico del Ministerio de Salud, y fueron notificados que ya finalizó el registro para hacer cumplir el decreto 723 de la Ley Especial Transitoria para la constitución del Fondo de Compensación Económica.
“Lo que le exigimos a Hacienda es que haga efectivo el pago de la compensación económica, porque las familias hemos entrado en una crisis y eso será una gran ayuda para todos nosotros, nuestros familiares eran quienes llevaban la batuta en la economía, nos hemos quedado desamparados, muchos de nuestros hijos no han podido seguir estudiando por falta de dinero”, sostuvo.
Laínez denunció que por exigir justicia para sus familiares, ha sido víctima de ataques en las redes sociales, es perseguida incluso cuando asiste a misa, una moto le ha golpeado su vehículo y constantemente es vigilada por personas que le toman fotografías.
Los familiares han reiterado en varias ocasiones que entre las demandas no solo está la compensación económica, sino también la construcción de una plaza conmemorativa con visión ecológica, en una franja del ex hospital de Maternidad, para honrar a quienes ofrendaron su vida por la salud de la población salvadoreña.
Asimismo, becas para los hijos del personal fallecido, atención psicológica personalizada a los familiares, para recuperarse de la pérdida de sus seres queridos.
Los denunciantes señalaron que por dos años y medio la actual administración no ha respondido y honrado el decreto 723 de la Ley Especial Transitoria para la constitución del Fondo de Compensación Económica del Personal de Salud, que fuera aprobado por la Asamblea Legislativa en septiembre de 2020.
