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FESPAD, junto con la familia afectada y representantes de la comunidad Santa Marta, Cabañas, se pronunciaron en contra de un caso de violencia sexual hacia un menor de la comunidad. Foto Diario Co Latino/Fernando Velásquez.

Familiares de víctima denuncian negligencia de autoridades judiciales

Oscar López
@Oscar_DCL

Familiares de una víctima de abuso sexual denunciaron que, debido a la negligencia de las autoridades judiciales, el agresor huyó del país, por lo que exigen que se realicen acciones concretas para lograr la captura de Óscar Alfredo Hernández, el presunto abusador.

La familia de la víctima, respaldada por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) exigió a la fiscal auxiliar asignada al caso “ser más diligente y efectiva”, para realizar acciones concretas para obtener el reporte de todos los elementos incautados y el vaciado de información relevante para el caso.

“Seguimos el protocolo, que es que la fiscalía tiene que hacer los peritajes para determinar si hay indicios de abuso, se hicieron y son positivos; por eso nos indignó en gran manera cuando en la audiencia inicial en el Juzgado de Paz de Victoria el juez pasó por alto los lineamientos de ley y los protocolos en casos tan graves y le dio medidas sustitutivas a la detención”, externó Verónica González.

Por lo que los parientes consideraron que la decisión del juez dejó en vulnerabilidad al menor y a su núcleo familiar. “Él (acusado) está en las calles, seguimos el protocolo para hacer las apelaciones para esta decisión; se revocó la decisión del juez y se giró una orden de captura, pero era demasiado tarde, este hombre ya no estaba al alcance de las autoridades”, agregó González.

Los demandantes cuestionaron que en el sistema judicial no existan mecanismos para obtener información relacionadas al caso; “vamos a la fiscalía, que es la que nos debe representar, pero es la institución que menos hace”, aseguraron los familiares.

Asimismo, sostienen que representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) les “recomendaron” que no buscaran otro apoyo judicial; es decir, un querellante. Por lo que la familia de la víctima aconsejó a otras personas que atraviesan por una situación similar a no confiarse y a buscar los apoyos necesarios para lograr la captura y condena de los agresores sexuales.

González indicó que, a raíz de los abusos, el menor afectado tuvo que recibir tratamiento psicológico, lo que obligó a la familia a atender las necesidades de la víctima antes de priorizar en un proceso judicial en contra del acusado. En abril de 2019, la familia denunció el abuso sexual; sin embargo, los hechos ocurrieron entre el 2011 y el 2014; la familia se enteró debido a que la víctima sufrió una crisis emocional, generada por los repetidos abusos sexuales que iniciaron cuando tenía nueve años.

Como consecuencia del abuso, la víctima sufre depresión severa, lo que lo llevó a cuatro intentos de suicidio, además de bajo rendimiento escolar, desórdenes de personalidad, ataques de ansiedad y otras acciones autodestructivas.

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