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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Es un signo de esperanza el fallo condenatorio a (Inocente Orlando) Montano, para las luchas por la verdad y la justicia en El Salvador”, dijo Irene Gómez, abogada de Cristosal, al indicar que el resultado de ese juicio en España permite albergar una “esperanza” para las víctimas y sobrevivientes que llevan más de tres décadas sin obtener justicia.
La Mesa contra la Impunidad en El Salvador, el Grupo Gestor por una Ley de Reparaciones y la Comisión de Trabajo Pro-Memoria Histórica, se pronunciaron en el marco de la sentencia contra el exviceministro de Seguridad, Inocente Orlando Montano, aunque lamentaron que el sistema judicial salvadoreño aún proteja a los otros implicados en la masacre de los sacerdotes Jesuitas, al negar su extradición.
Irene Gómez agregó que el juicio contra Montano permitió comprobar el “terrorismo de Estado”, infringido a la población por grupos de poder de militares y civiles, a través de la institucionalidad del Estado salvadoreño en esa época.
“La prueba judicial demostró que Montano era parte de la Tandona (promoción militar de 1966), que fue uno de los grupos de mayor poder en la Fuerza Armada de aquel momento, que utilizó la estructura castrense para perpetrar crímenes configurando un aparato organizado de poder criminal, que fue el grupo que controló la Fuerza Armada, desde inicios de los años ochenta, que causó la muerte decenas de miles de familias”, expresó.
No obstante, lamentaron que el órgano Judicial en el país, en donde jueces, magistrados, incluso la Fiscalía General de la República, han “protegido” por mucho tiempo a otros responsables de la masacre de los sacerdotes Jesuitas.
Al negar la extradición a los restantes implicados en dos ocasiones (2010 y 2016), dejó en impunidad a otros de los autores intelectuales como: René Emilio Ponce (fallecido), Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda y Francisco Elena Fuentes, quienes formas parte de la querella promovida por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), en el Juzgado 3o de Paz, y que no presenta ningún avance.
David Ortiz (FESPAD) manifestó, sobre todos los procesos judiciales pendientes y enmarcados en el pasado conflicto armado, dar cumplimiento y fortalecer el Estado de Derechos, para ir desplazando la impunidad de los perpetradores de crímenes de Lesa Humanidad.
“Aquí, hay dos elementos importantes, primero, el presidente Nayib Bukele dijo que abriría los archivos de la A a la Z del Ministerio de Defensa. Y segundo, veremos quién manda en el Ejecutivo, si es el mandatario o un grupo militar que está a cargo de custodiar esos archivos. Hay una orden judicial que se debe cumplir y veremos si el poder militar está sometido al poder civil”, sostuvo el representante de FESPAD.
En cuanto a las expectativas de las organizaciones de derechos humanos, sobre la investigación de los archivos militares, es que se cumpla y se den señales que existe un Estado de Derecho que se debe respetar y hacer cumplir.
“Sobre el órgano Judicial, -tengamos claro- que la Ley de Amnistía era la impunidad, no fue una ley, fue una decisión política y esa decisión política está siendo desplazada de a poquito y va a caer”, indicó.
En cuanto a la Ley de Reconciliación, Eduardo García (ProBúsqueda) explicó que durante la pandemia hubo algunos consensos entre los tres órganos del Estado, en el reconocimiento que todas las resoluciones de la Sala de lo Constitucional (Corte Suprema de Justicia) son de “obligatorio cumplimiento”, como ocurrió con la derogación de la Ley de Amnistía.
“Vamos a esperar que los tres órganos del Estado cumplan esa palabra, porque eso genera el juego democrático del país. Y no que seamos el sector de víctimas, los que tengamos que esperar a que todas las sentencias se acaten, menos las que corresponden las referentes al conflicto armado”, sentenció.
Con lo ocurrido en España, García señaló que ese proceso penal daba para más, porque hubo intimaciones de personas, así como declaraciones y exposición de documentos importantes para muchos otros casos.
“Toda la información vertida, ya sea en testimonios, documentos, son oficiales ya. Y pueden ser constitutivos como prueba en el Estado salvadoreño, porque ha sido aceptado por un tribunal internacional.
“Haya o no apertura de archivos militares en El Salvador o las condiciones en que estén -no quiere decir- que esos archivos son válidos o no. En el juicio en España no se ha presentado (como prueba) una orden tácita de ejecución de los padres Jesuitas, pero si se presentaron informes que hubo una reunión, que hubo una discusión, y que se presentó un debate antes de la decisión sobre el cometimiento de esa masacre. Nosotros esperamos encontrar archivos en esa índole. Aquí, hay otro matiz, se debe velar que no solo se ha señalado a (Inocente) Montano, también a un canciller de haber mentido, a un diputado que ha obstaculizado la justicia. Yo le hago un llamado a la Fuerza Armada, si son la nueva FAES, que no tiene nada que ver con esas atrocidades del conflicto armado, les digo que no encubran a criminales de guerra o de lesa humanidad, que son los crímenes más dañinos que se han dado, colaboren con el juez”, enfatizó García.
