Redacción Nacionales
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Veteranos y excombatientes de guerra se pronunciaron en contra de la solicitud que habría realizado la Fiscalía General de la República (FGR) de extender el plazo de Instrucción en contra de los miembros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz.
El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) subió un video donde veteranos de San Salvador brindaron su postura. “Como veteranos de San Salvador, en solidaridad a los presos y presas políticas, nos pronunciamos en contra de la petición de la Fiscalía y la decisión del Juzgado que lleva el caso de nuestro compañero de la Alianza Nacional de El Salvador en Paz, que lleva la lógica de extender el plazo de instrucción”.
A juicio de los veteranos dicha decisión es “arbitraria y contraria a derecho”, ya que los líderes de la Alianza “guardan prisión desde hace un año, sin haberles demostrado ningún delito”.
Los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz fueron detenidos entre el 30 y 31 de mayo del año pasado, entre ellos José Santos Melara, conocido como Pepe, de Atilio Montalvo, conocido como Salvador Guerra, y otros líderes de excombatientes y veteranos de guerra.
José Santos Melara, era líder de una organización que constantemente denunciaba la corrupción de la administración pública, la pérdida de derechos humanos y el debilitamiento democrático en El Salvador en la administración de Nayib Bukele.
Para las organizaciones sociales y de derechos humanos la detención de José Santos Melara, Wilfredo Parada, Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos y Roberto Antonio Esquivel, podría constituir actos de amedrentamiento, persecución y criminalización del derecho de asociación, así como generar miedo entre quienes no están de acuerdo con el actuar del gobierno.
Han estado detenidos por más de un año y según la Policía Nacional Civil la investigación identificó a José Santos Melara Yánez, ex diputado del FMLN, como supuesto financista y planificador de atentados con explosivos, en varios puntos del país para el 1 de junio de 2024, cuando Bukele tomaría posesión de su segundo mandato inconstitucional.
La policía señaló que los veteranos estaban agrupados en la llamada “Brigada de Insurrección Salvadoreña” y sus supuestos objetivos eran detonar gasolineras, supermercados e instituciones públicas.
Sin embargo, según organizaciones de veteranos, el ministerio público fiscal no ha podido comprobar la existencia del delito, por lo que exigen la libertad inmediata ya que “injustamente son acusados”.
“Denunciamos la intención de la Fiscalía de mantenerlos en detención a nuestros compañeros, a pesar de que esto significa un peligro para su salud y su vida”, concluyeron los veteranos de San Salvador.
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