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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
La fiscalía general de la República presentó formalmente la acusación en contra de Blanca Imelda Jaco de Magaña, ex viceministra de comercio e industria por el delito de enriquecimiento ilícito. La demanda de carácter civil fue interpuesta ante la Cámara Ambiental de Santa Tecla.
Jaco de Magaña ocupó el cargo entre 2004 y 2009, y la demanda incluye a su cónyuge Álvaro Alfredo Magaña Granados y su hija Mónica Alexandra Martínez Jaco.
El fiscal que interpuso el recurso detalló que la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, detectó en la declaración patrimonial de la ex viceministra un total de diecisiete irregularidades en concepto de depósitos, adquisición de vehículos y pago de deudas.
El monto que la FGR pretende recuperar en el juicio es de $103,225.42 que en términos individuales serían: $11,815.41 a restituir de parte de la ex funcionaria, $88,310.01 que deberá reintegrar su esposo y $3,100 su hija.
El pasado viernes el ministerio público presentó las demandas civiles en contra de René Figueroa, ex ministro de seguridad y de Carlos Roberto Morán ex viceministro de obras pública; ambos fungieron en sus cargos durante la gestión presidencial de Antonio Saca.
Caso Transes
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador se declaró incompetente para seguir conociendo el caso “Transes”. El caso será conocido por un tribunal de Ahuachapán.
La instancia fundamentó su decisión en que la mayoría de los hechos se suscitaron en la zona occidental del país. “Transes” aglutina hasta treinta casos de corrupción en el sistema judicial cometidos por empleados judiciales, abogados particulares y exfiscales.
Los ilícitos por los que se les procesa a los imputados son falsedad ideológica, falsedad material, cohecho propio, cohecho activo y prevaricato y actos arbitrarios.
El expresidente de la República, Elías Antonio Saca es vinculado a esta serie de casos de corrupción, sin embargo, mediante procedimiento abreviado pactado con la fiscalía general de la República, será condenado a dos años de cárcel tras confesar haber sobornado a una empleada judicial para que filtrara información de un proceso en su contra.
