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Redacción Nacionales
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La relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, se pronunció sobre la Ley de Agentes Extranjeros que el Gobierno pretende aprobar para captar el 30% de los fondos que reciben las oenegés en El Salvador.
“El Salvador vuelve a discutir un proyecto de ley que ya en 2021 fue motivo de seria preocupación internacional. Me preocupa profundamente su contenido”, comentó Gina Romero a través de su cuenta en X.
Es de recordar que el 9 de noviembre de 2021, el Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa, la Ley de Agentes Extranjeros, fue discutido el 16 de noviembre d ese año por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, la cual dictaminó favorable; sin embargo, no fue agendada en las plenarias y se volvió a tocar este tema, hasta las declaraciones de Bukele.
“Esta ley pretende etiquetar como “agentes extranjeros” a organizaciones y personas que reciban fondos internacionales. Impondría registros obligatorios, restricciones arbitrarias y sanciones desproporcionadas, incluyendo multas, cárcel y cierre”, dijo Romero.
Aunque se dice que “se busca transparencia”, el proyecto establece “definiciones vagas y da al gobierno amplia discrecionalidad para decidir quién se considera -agente extranjero-“.
Romero indicó que la ley prohíbe usar fondos internacionales para actividades “no autorizadas” o que “alteren el orden público”; “términos ambiguos que podrían criminalizar la disidencia pacífica”.
Actualmente busca imponer un impuesto del 30% sobre fondos internacionales, “lo que pone en riesgo la sostenibilidad de organizaciones que promueven derechos humanos, justicia, salud o cultura”, señaló.
“Etiquetar como ´agentes extranjeros´ a quienes reciben fondos legítimos estigmatiza, silencia y debilita al tejido cívico del país. No es compatible con una sociedad democrática”, señaló Romero.
En ese contexto, explicó que el derecho a la libertad de asociación incluye el derecho a acceder a recursos, nacionales e internacionales. Y esto aplica también a organizaciones no registradas.
Romero exhortó a la Asamblea Legislativa a abrir un debate público plural y transparente, e incorporar los principios internacionales de derechos humanos antes de avanzar.
