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“Esto no es un problema, es un derecho”: Marcela Romero

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

“Es un orgullo estar en El Salvador y estar con mis compañeras para poder expresar nuestras necesidades y reclamos que tenemos en este país”, dijo Marcela Romero, de origen argentino, activista de derechos humanos transfeminista de la Coordinadora Regional de la REDLACTRANS.

“Es importante dar el paso a la visibilización y el paso del reclamo al Estado salvadoreño, para que cumpla con la Constitución y podamos vivir en una democracia real e igualitaria”, declaró, Marcela Romero.

La Colectiva Feminista, junto a COMCAVIS TRANS y ASPID -Arco Iris, acompaña las acciones y actividades en la Semana Transfeminista, que se desarrolla entre 28 de febrero al 4 de marzo, en el marco de las actividades previas al Día Internacional de la Mujer, y demanda del gobierno del presidente Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa, una legislación con enfoque de derechos humanos para la Ley de Identidad de Género en El Salvador.

La activista argentina agregó que el Estado salvadoreño debe cumplir con todas las resoluciones o convenciones en defensa de derechos humanos que firma en ámbitos internacionales, “no puede ser que firmen afuera y no se cumplan en el país”, al señalar que era deplorable que las personas trans en el año 2022 no puedan vivir o conocer la democracia en su país.

“La democracia salvadoreña tiene una deuda con la población trans, es el derecho a la identidad que es un derecho universal. Creo que el parlamento salvadoreño debe tener la madurez política y el presidente de la república cumplir con la Constitución nacional de su país”, señaló.

“Cuando se gobierna con la Constitución se vive en democracia, porque no hay democracias -es una sola- y en esa democracia están las personas trans y la lucha feminista. Y este cambio cultural que queremos para todos los ciudadanos y ciudadanas salvadoreñas, eligiendo vivir como uno quiera vivir y tomando decisiones propias”, argumentó Romero.

Sobre la lucha feminista, Marcela reconoció que es una sola y se enfoca en lograr que la Asamblea Legislativa legisle para mejorar la calidad de vida de todas las mujeres al mencionar la diversidad de la población.

“Han pasado varios gobiernos y la comunidad trans está esperando que realmente una ley para poder vivir en democracia igualitaria y todavía no la conocemos. Porque, mientras una persona porte un documento de identidad con un nombre que no reconoce su identidad de género, entonces, no existe la verdad. Un país como El Salvado, donde hay una gran lucha de las mujeres, solo estamos pidiendo justicia”, sostuvo.

“La justicia es parte de la democracia, y creo que en este momento la democracia le está diciendo al Estado salvadoreño, que deben ir por la Ley de Identidad. Es hora porque El Salvador no puede estar violando los derechos de las mujeres trans, y ninguno de los derechos de las mujeres, no podemos quedar atrás, porque los derechos no se encajonan, solo se cumplen”, indicó Romero.

Mientras, Rocío Elizabeth Ramírez, investigadora de COMCAVIS Trans, junto a CORPORA en Libertad, presentó la investigación sobre personas LGBTI privadas de libertad, en específico de mujeres trans en México, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Sobre los hallazgos, explicó Ramírez, CORPORA en Libertad recopila esta información, visualiza el estado de las personas LGBTI, a nivel latinoamericano y el Caribe, sobre la base de 3 ejes: generación de conocimiento, incumplimiento de derechos y el asesoramiento de los Estados que son parte de CORPORA Libertad.

“La información se obtuvo de 140 preguntas que respondieron 753 personas privadas de libertad, de ellas 348 mujeres trans, y entre los datos más relevantes que tienen que ver con la violencia es que, dentro de los centros penitenciarios se tiene registro de agresiones desde diferentes actores”, dijo.

“Y las agresiones más comunes son gritos, insultos, burlas, que lo realizan internas, personal de centros penitenciarios y personal administrativo que tienen interacción con las personas internas, tanto en celdas comunes o específicas para personas LGBTI”, señaló.

Otro dato relevante en los indicadores de la investigación, refirió, Ramírez, se encuentran los tratamientos hormonales en donde se registra que el 68.8% de las personas privadas de libertad de mujeres trans, tenían proceso de terapia hormonal iniciado, pero el 91.9% no tiene un asesoramiento médico, y eso generaba vulneración a la salud.

“En cuanto al respeto de la identidad de género dentro de los centros penitenciarios, se tiene registro que a través del reconocimiento del nombre, que esto se relaciona con países que ya cuentan con una legislación acerca de la identidad, tienen otras directrices y respetan por lo menos el nombre, aunque no hay cambios en el trato”, señaló.

Pamela Orellana, documentalista de ASPID Arco Iris Trans, presentó los avances del informe “No Muero, Me Matan”, de los cuales mencionó que entre las violaciones más comunes a sus derechos se encuentra la discriminación, con un 44%, y violencia física, con un 21%, a las que suma la intolerancia y el abandono estatal en garantizar sus derechos en el sistema.

“El irrespeto a la identidad, con un 50% , amenazas, 33%, y el acoso un 17%. Las mujeres trans jóvenes (19 a 30 años) son las que sufren mayor vulneración a sus derechos humanos”, dijo.

“La población de mujeres trans no interponen sus denuncias ante la Fiscalía, porque no creen en el sistema y esto queda en la impunidad. Los autores de la violencia contra mujeres trans en su mayoría fueron sus clientes por trabajo sexual, así también la instrucción formal, donde muchas no asisten porque allí les vulneran sus derechos”, puntualizó.

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