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Un grupo de organizaciones sociales que desarrollan su labor en distintos países de América Latina, se pronunció frente a la emergencia ocasionada por la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19) en el continente americano, con énfasis en el impacto que la pandemia tiene en migrantes y refugiados.
Las organizaciones sociales instaron a los Estados de la región a tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos a la salud, integridad personal y vida de esta población, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna por estatus migratorio o nacionalidad
Asimismo, las organizaciones consideraron que los grupos de personas antes mencionados son impactados de manera extrema por las respuestas de los distintos Estados a la pandemia; muchos países de la región decretaron cuarentena, toque de queda, detención, deportación, cierre y militarización de fronteras.
En las últimas semanas se denunciaron múltiples situaciones de riesgo y violaciones a los derechos humanos de la población migrante y refugiada; entre ellas, lo ocurrido con personas migrantes venezolanas varadas tras el cierre de fronteras en Colombia y Brasil, la detención de al menos 80 migrantes haitianos en Guatemala y el cierre de fronteras entre México y Estados Unidos a solicitantes de asilo y el aumento de deportaciones de mexicanos y centroamericanos.
Así, las medidas implementadas como respuesta a esta crisis no pueden ser discriminatorias ni dar lugar a resultados indeseables que impacten negativamente el disfrute de los derechos humanos.
Por lo que las organizaciones sociales hicieron un llamado a los Estados de la región a abstenerse de detener a personas migrantes y refugiadas, liberar a las que ya se encuentran detenidas y garantizar su acceso a vivienda, alimentación y a servicios de salud en albergues públicos, donde se garanticen todas las condiciones sanitarias para evitar contagios.
Por su parte, ante la militarización de las fronteras y las denuncias por represión, recordaron a los Estados que las fuerzas militares deben abstenerse de asumir labores de seguridad ciudadana, de salud o migratorias. “Emplear militares en estas labores expone a la población a mayores riesgos y nuevas violaciones a los derechos humanos”, exponen.
Finalmente, las organizaciones firmantes recalcamos que ninguna de las medidas impuestas en el marco del COVID-19 puede justificar violaciones a los derechos humanos.
