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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Espionaje a periodistas, hackeos a dispositivos electrónicos, detenciones arbitrarias por abuso del poder militar y policial, así como reformas de leyes antiprensa y la salida de periodistas del país, fueron las principales vulneraciones contra el gremio y medios de comunicación en El Salvador, y, por tanto, destacadas en el balance de 2022 de la Asociación Salvadoreña de Periodistas de El Salvador (APES).
“La prensa se encuentra en su punto más crítico a diferencia de otros años, y que sea el Estado salvadoreño el principal vulnerador de la libertad de expresión y prensa, es grave”, dijo Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación Salvadoreña de Periodistas de El Salvador (APES).
El informe parte de una base de registro de denuncias del Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas de la APES, balance que compila datos estadísticos en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 15 de diciembre del presente año. En enero se presentará en su totalidad.
Elizabeth Estrada, de la junta directiva de la APES, mencionó un acumulado de 125 denuncias recibidas, que cuantifica 151 afectaciones en el ejercicio periodístico.
De estas agresiones las que fueron dirigidas a las periodistas son diferenciadas, basadas en género, porque si bien, el número de denuncias (50 casos) que es más baja con respecto a hombres periodistas (66 casos), los niveles de violencia a las mujeres periodistas son de tipificación sexual, económica y misóginas.
“Sobre la salida de periodistas del país, tenemos que 10 periodistas y un comunicador han tenido que salir del país debido a amenazas y amedrentamientos, algunas de ellas por parte de funcionarios e instituciones del Estado (3 mujeres y 8 hombres)”, afirmó.
“Los tipos de vulneraciones más recurrentes hacia periodistas, comunicadores, medios de comunicación y la APES, se contabilizan en 24 ataques digitales, 23 restricciones al ejercicio periodístico y 12 declaraciones estigmatizantes”, señaló Estrada.
“Sobre el tipo de agresiones a periodistas, el Centro de Monitoreo registró 24 casos provenientes de funcionarios públicos, 20 de personas desconocidas, 19 casos por elementos de la PNC y FAES. Otros 15 casos por Medios de Comunicación, Usuarios de redes sociales 12 casos y 11 de casos de instituciones públicas”, añadió.
Entre las valoraciones sobre el aumento de agresiones graves a la prensa, la presidenta de la APES, Angélica Cárcamo, recalcó que si bien en el año 2021 la data fue mayor en número de casos, pero la gravedad de los casos que se registraron este año son más agresivas, por lo que consideró “no eran cosas de menor importancia” para el ejercicio periodístico en el país.
“El caso de espionaje ilegal con el Caso del Software Pegassus. Ese software no se vende a empresas privadas o personas naturales si no a los Estados, y son más de 30 casos de periodistas que fueron afectados”, dijo Cárcamo.
Por esta situación la APES presentó la denuncia en enero de este año ante la Fiscalía General de la República, a fin de que investigara de dónde provenía este accionar y qué institución del Estado la estaba realizando. “Ese espionaje es el Estado salvadoreño”, pero el ente fiscal aún no ha dado respuesta.
“A la fecha no tenemos ningún avance de estos casos y, lo más que han hecho son algunas audiencias en donde algunos colegas de medios de comunicación sobre todo, de Gato Encerrado, los han hecho declarar sobre los documentos ya presentados por la APES”, agregó.
Sobre la información que la APES brindó a la Fiscalía General de la República, para robustecer sus denuncias, incluyó los informes y análisis técnicos realizados por: Citizen Lab y Acces Now, sin embargo, señaló Cárcamo, no existían mayores avances del caso, por lo que consideró atentatorio a la labor periodística por la falta de agilidad en la investigación.
Asimismo, mencionó como otra agresión la denuncia colectiva sobre el “hackeo a dispositivos telefónicos” de un grupo de periodistas críticos e independientes a la línea gubernamental de información, expresó Cárcamo.
“El hackeo, a diferencia del espionaje -es que acá- se intervinieron las cuentas de WhatsApp, tanto del Centro de Monitoreo de la APES como de las cuentas de periodistas y grupos de WhatsApp por parte de sujetos desconocidos. Esas cuentas fueron vulneradas en el mes de enero. Y un nuevo intento noviembre y diciembre buscando vulnerar de nuevo el WhatsApp del Centro de Monitoreo”, informó.
“Nuevamente presentamos a la Fiscalía una denuncia para que nos aclare de dónde provienen esos ataques y hasta la fecha -nuevamente- hay silencio de esa entidad que debería ser mucho más ágil, con este tipo de vulneraciones a los y las periodistas”, reiteró Cárcamo.
Sobre el abuso de miembros de la Policía Nacional Civil y elementos de la Fuerza Armada a periodistas en el desempeño de sus labores, la presidenta de la APES expresó la preocupación de la gremial ante estos excesos en el marco del Régimen de Excepción, por las detenciones arbitrarias y otros casos en los cuales, sin ningún argumento, han agredido a la prensa.
“El caso de una fotoperiodista de El Diario de Hoy en el mes de agosto, que fue retenida por autoridades policiales cuando realizaba su trabajo fotográfico en el Centro Histórico, por el tema de contaminación de los autobuses al medio ambiente. Y la retienen por más de 30 minutos, amenazándola que se la podían llevar (detenida), eso nos parece bastante grave”, sostuvo.
“El segundo caso, un equipo de periodistas de La Prensa Gráfica, quienes estaban trabajando tomando imágenes no del centro penal sino de la construcción del centro penitenciario en Tecoluca, San Vicente, fueron retenidos por militares, policías y custodios. Los obligaron a borrar imágenes de sus dispositivos sin argumento y los soltaron hasta que llegó el Jefe de la delegación de San Vicente, esto es violatorio”,agregó Cárcamo.
La inquietud sobre el comportamiento de militares y policías, consideró Cárcamo, es que en el marco del régimen de excepción crean que pueden decidir quién es inocente o no. Y con los periodistas cuando se encuentran ejerciendo su labor de informar quieran ejercer un abuso de discrecionalidad en sus detenciones.
Otro de los puntos que la apresidenta de la APES calificó como “sumamente grave” es la situación de periodistas que han tenido que salir del país. El Centro de monitoreo registró 11 casos de colegas que viven actualmente en otro país.
Una de las razones se deben a la publicación de sus trabajos investigativos sobre temas de pandillas y en el marco del régimen de excepción -les advirtieron legalmente- que les podrían aplicar las recientes reformas al Código Penal y la Ley de Proscripción de Pandillas.
“Hay otros colegas que fueron amenazados por funcionarios públicos o entidades del Estado, por lo que se han visto en la necesidad de irse del país. Y tenemos un caso grave de un comunicador que fue amenazado de muerte por miembros de la Policía Nacional Civil, estos casos nos parecen sumamente graves”, expresó Cárcamo.
“La APES ha intentado dialogar con funcionarios y representantes de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada (FAES) sin respuesta alguna. Y si bien, los funcionario se jactan en eventos públicos ante embajadas, cooperantes y organismos internacionales -que acá- en El Salvador no se están matando periodistas ni encarcelando, pero si están generando todo un clima de inestabilidad para ejercer la profesión”, expresó Cárcamo.
Asimismo, lamentó la situación del periodismo al interior del país, ya que luego de reunirse con grupos de colegas que trabajan como corresponsales y en medios comunitarios, comentó que identificaron “una crisis con el tema de la censura”, algunos ni cubren hechos de violencia por temor a las represalias en el marco del Régimen de Excepción.
“Hay medios que están siendo afectados por la pauta publicitaria gubernamental, y si a esto sumamos que hay medios de comunicación que están perdiendo pauta de la empresa privada porque hay empresarios que están siendo amenazados por gente vinculada al gobierno para que no pauten en esos medios de comunicación esto termina generando una crisis económica y eso es también sumamente grave”, puntualizó Cárcamo.
