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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“A mi mamá la condenaron a 30 años de cárcel. Y a mi abuelo lo hicieron firmar un papel -él no sabe leer ni escribir- no se le explicó, que decía el papel y fue como si mi abuelo la condenara a estar presa. Hicieron ese abuso con mi abuelo y a mi abuela la interrogaron y la amenazaron de llevarla presa, esa fue la autoridad que vulneró a mi familia. Mi hermano y yo quedamos huérfanos (7 y 9 años). Y no vieron lo que ella estaba sufriendo con su enfermedad. A mi mamá le pegó -pena moral- y murió, nos dejaron solo con mi abuela, sin el amor de una madre”, resumió Santos de Jesús, en su denuncia contra el Estado salvadoreño.
La Colectiva Feminista, junto a la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto y el Centro de Derechos Reproductivos de Colombia, lograron en un litigio estratégico la demanda de justicia para Manuela, luego de agotar en 2011 los recursos legales de la justicia salvadoreña. Para presentar una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es admitida en 2017, luego de presentar su informe de fondo a la Corte IDH, para su audiencia este 10 y 11 de marzo.
¿Quién fue Manuela? Fue una mujer de 33 años, de la zona rural de El Salvador, vivía en pobreza extrema, era analfabeta y estaba embarazada. Y sin saberlo, un cáncer linfático (sistema inmunitario) estaba desarrollándose en su cuerpo, y sin un diagnóstico médico solo le daban analgésicos en los centros de salud, para aliviar su dolor.
“En febrero de 2008, Manuela estaba en el río, lavando su ropa y sufrió una caída, al día siguiente, comienza a sentir un fuerte dolor pélvico y abdominal, en ese momento expulsó un feto y se desmayó. Enfrentaba una emergencia obstétrica, un parto espontáneo por su precaria salud. Su familia la trasladó en una hamaca al pueblo en busca de ayuda. Sin embargo, pese a su estado grave, el personal médico la denunció del delito de aborto. La policía (PNC) la esposó a la cama hospitalaria y la interrogó sin presencia de un abogado para ella. Y su familia fue intimidada y obligada a declarar en su contra. Manuela fue condenada a 30 años de prisión en un injusto proceso penal que enfrentó, sin garantías de presunción de inocencia o una defensa efectiva, ya que la Procuraduría General de la República cambió en tres ocasiones su defensor.
Manuela fue diagnosticada de cáncer linfático un año después de su encarcelamiento, sin recibir un tratamiento requerido murió en el año 2010, esposada a una camilla de un hospital público”, relató Sara García, representante de la Agrupación Ciudadana.
Esta mañana, en la audiencia ante la Corte IDH, la Colectiva Feminista, el Centro de Derechos Reproductivos, con el acompañamiento de la Agrupación Ciudadana de la Despenalización del Aborto en El Salvador, el Estado salvadoreño deberá presentar sus argumentos sobre las violaciones que sufrió Manuela, en sus derechos fundamentales departe del sistema salvadoreño.
La directora Regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, Catalina Martínez Coral, ha resaltado la importancia del Caso de Manuela y Familiares versus el Estado de El Salvador, ante la Corte IDH, por ser el primer proceso que llega a esta instancia y porque este organismo ha considerado que negar los servicios de salud reproductivas y criminalizar a mujeres por eventos obstétricos, constituye actos de discriminación y de violencia contra las mujeres.
“La Corte IDH es una garantía para los derechos humanos de todas las personas y es legítimo que la Corte se pronuncie en este caso, ya que El Salvador se integró al Sistema Interamericano. De manera soberana firma la Convención Americana y ratifica la competencia de la Corte IDH. El caso de Manuela, no es aislado. Entre el 2000-2019 fueron procesadas 181 mujeres por supuesto aborto u homicidio agravado. Y muchos organismos de Naciones Unidas (ONU) han declarado que existe una relación directa la total prohibición del aborto y la criminalización de las mujeres. Es por esto que el Sistema Interamericano, decide conocer el caso emblemático de Manuela, porque hay muchas Manuelas en El Salvador y la región, que no reciben atención en salud obstétrica cuando lo requieren y son humilladas por parte del personal médico y denunciadas ante cualquier sospecha de sufrir o haber propiciado u aborto”, explicó.
En cuanto al proceso, Catalina Martínez señaló que esperan que aclaren y resuelvan la violación de los derechos humanos de ella y su familia. Y que se establezcan parámetros no solo para El Salvador, sino en toda la región para proteger estos derechos, como no brindar asistencia obstétrica de emergencia a las mujeres, como dejarla (Manuela) con la placenta retenida y desgarros perineales, que evidencia no haberle garantizado el derecho a la salud.
“Otro de los derechos vulnerados es la entrega de información médica confidencial de mujeres que requieren esta atención obstétrica de emergencia. Las autoridades, policiales y judiciales, que violan el secreto profesional médico, que atenta contra la salud y la vida privada de las pacientes, al revelar información de la esfera más íntima de las personas. Y retener y esposar a las mujeres en los hospitales, como Manuela, que recibía atención obstétrica, constituye tortura y trato cruel contra ella, porque estaba convaleciente y no podía tener ningún tipo de movimiento natural, ni para ponerse las manos en su vientre para mitigar el dolor. Eso constituye, tortura y trato cruel”, sostuvo.
En 1974, el Código Penal de El Salvador garantizaba el aborto por causales, pero 1998, luego de un anteproyecto de reforma, la Asamblea Legislativa aprobó la “penalización total del aborto”, incluso, en caso de riesgos de vida, como sucedió con Manuela, donde el Estado salvadoreño, en su conjunto, le falló y condenó de antemano a Manuela, señaló Morena Herrera, representante de la Colectiva Feminista.
“Hemos señalado que el Estado salvadoreño violó varios derechos de Manuela, que fueron hechos que acontecieron hace 13 años, y en ese sentido estamos pidiendo a la Corte IDH, que establezca medidas en las cuales, se incluya una decisión en la que El Salvador, tenga que cumplir con diferentes responsabilidades, como reconocer su responsabilidad en un acto público y dignificar la figura de Manuela, porque al realizarlo lo hará también, por muchas mujeres que han transitado del hospital a la cárcel y reparación moral a su familia, así como, una reparación integral a la familia para restablecer sus derechos, incluyendo salud y psicológicos, que cada uno de sus hijos pueda recuperar parte de sus proyectos de vida”, argumentó Herrera.
Herrera desmintió que como organizaciones estén solicitando “una suma millonaria”, que algunas personas han dejado entrever, señalando que la aspiración es que la familia de Manuela cuente con derechos básicos para una vida digna, porque en su vivienda es con piso de tierra y sin acceso al agua por cañería.
“Aspiramos a que se establezcan políticas públicas, para evitar que el caso de Manuela se repita y revisar las injustas condenas de mujeres que sufrieron injustas condenas por emergencias obstétricas. En El Salvador, aún hay mujeres condenadas a 30 o 35 años de cárcel. Es importante que escuchen diferentes recomendaciones que han revisado los expedientes de estas mujeres y restablecer posibilidades para retomar sus proyectos de vida”, añadió. “Necesitamos campañas formativas e informativas a funcionarios estatales y que la defensa pública, a la que todas y todos tenemos derecho sea efectiva y eficaz, porque muchas mujeres conocieron a su defensor el día de su juicio y condena. Necesitamos que la defensa de la PGR se fortalezca, y reformen las deficiencias del sistema penal y sistema penitenciario”, puntualizó.
