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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Tenia 14 años y estaba junto a otros niños jugando cuando los soldados llegaron a un cerro que estaba cerca del caserío donde vivíamos con mi familia, de repente comenzaron a disparar hacia el caserío, nadie se imaginaba que eso iba a suceder, así recuerda Ernesto Torres, de 49 años, uno de los episodios que marcó su vida.
Torres, es uno de los familiares de las víctimas de la matanza perpetrada por el batallón Atlacatl, el 10 de diciembre de 1981, El Mozote era una pequeña población rural con cerca de veinticinco casas situadas alrededor de una plaza, además de una iglesia católica y, detrás de ella, una casita conocida como el Convento.
Jacinta Torres de 35 años, Lilian de 10, Alicia de 6, madre y hermanas de Ernesto fueron asesinadas ese día junto a centenares de personas del caserío, hecho que ha sido condenado por organismos internacionales.
Según las investigaciones posteriores de la Comisión de la Verdad (organismo de la ONU creado para investigar los hechos de violencia cometidos durante la Guerra civil salvadoreña) aproximadamente 900 hombres, mujeres y niños campesinos fueron asesinados en El Mozote y los cantones aledaños.
De estas víctimas, aproximadamente son quinientas personas identificadas, pero aún quedan varios centenares de víctimas que son desconocidas. El 25 de octubre del 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenció al estado salvadoreño a ofrecer actos de reparación a los familiares de las víctimas de este hecho sangriento.
“La sentencia de la CIDH, no solo condena al estado de El Salvador porque se le negó la justicia a las víctimas, ni por la impunidad de un crimen catalogado de lesa humanidad o por no investigar los hechos, identificar a los responsables intelectuales y materiales y aplicarles la debida sentencia penal, sino también por no reparar material y moralmente a los familiares de las víctimas” explicó Florentín Meléndez, magistrado de la CSJ.
Meléndez añadió que entre los actos de reparación, la CIDH ordenó la exhumación de los restos óseos para ser identificados y entregados a sus familias.
Por ello, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) entregó 13 osamentas correspondientes a ocho niños y niñas además de cinco adultos asesinados durante el conflicto armado en nuestro país.
Co Latino / Ricardo Chicas Segura
Los restos fueron identificados por antropólogos forenses del Instituto de Medicina Legal, esta es la tercera entrega que la corte hace, anteriormente, en el mes de febrero se entregaron los primeros tres restos óseos, en mayo se entregaron los cadáveres de 9 niños, con lo cual ya suman 25 osamentas entregadas en lo que va del año.
Para Ernesto Torres y varias familias que perdieron a sus seres queridos en esta tragedia, la acción realizada por la Corte Suprema de Justicia es una muestra de voluntad por parte del estado para brindarles consuelo, pero aún falta cosas por hacer para honrar la memoria de sus integrantes.
“Queremos justicia para todos los que fueron asesinados por el ejército, que se investigue quienes fueron los culpables y se les aplique todo el peso de la ley porque nadie debió haber muerto ese día, ninguno era guerrillero como ellos aseguraron” añadió Torres.
Asimismo, Florentín Meléndez, reiteró el compromiso de la Corte Suprema de Justicia por cumplir con la sentencia y aseguró que seguirán las exhumaciones para identificar y entregar cada uno de los restos óseos a sus respectivas familias.
Además agregó que contarán con el apoyo de un grupo argentino de antropólogos forenses reconocido a nivel mundial para garantizar una pronta y exacta exhumación de los cuerpos.
Apertura del caso
En este caso, con la derogativa de la Ley de Amnistía, el Juzgado de Primera Instancia de San Francisco Gotera ordenó la reapertura y la persecución penal en contra de los autores materiales y autoridades del alto mando del Ejercito salvadoreño, que dirigieron al Batallón Atlacatl, al momento en que ocurrieron los hechos en diciembre de 1981.
Para el Juzgado, la principal causa de la apertura del caso es la derogativa de la Ley de Amnistía, además, valoró las condenas internacionales de la masacre del Mozote y zonas aledañas que quito la vida a un promedio de mil personas, bajo el ideal de “Tierra Arrasada”.
EL caso del Mozote fue cerrado en septiembre de 1993, luego de que se aprobará la Ley de Amnistía, que fue aprobada meses antes por la Asamblea Legislativa de esa época.
Entre los altos mandos señalados vinculados a estos hechos se menciona al ex Ministro de Defensa entre los años 1979 y 1983, José Guillermo García; además, Rafael Flores, ex Jefe del Estado Mayor; Jaime Flores, Comandante de la Tercera Brigada, además Alejandro Cisneros y Juan Rafael Bustillo, Ex comandante de la Fuerza Aérea.
También, se vincula a Natividad Cáceres, Juan Ernesto Méndez, José Antonio Rodríguez, Walter Oswaldo Salazar y José Alfredo Jiménez, a quienes se les atribuye por ser los principales ejecutores de los hechos suscitados en El Mozote y zonas aledañas.
