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El director ejecutivo de Asociación Pro-Búsqueda, Eduardo García, afirma que los gobiernos han incumplido con los derechos de las víctimas y sus familiares sobrevivientes, ya que el “estado prefiere la impunidad que la justicia”. Foto Diario Co latino/Archivo.

“Estado prefiere la impunidad que la justicia”: Probúsqueda

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

“Esta claro que ninguna sentencia de los casos Serrano Cruz, Rochac Hernández y Contreras, ha sido acatada. Podría decir, a los primeros dos años de la sentencia pudo ser falta de voluntad, falta de recursos o inexperiencia del Estado para cumplir las sentencias, pero ya tenemos 17 años de la primera sentencia sin cumplir, entonces, es el Estado que no quiere acatar”, resumió el director ejecutivo de Asociación Pro-Búsqueda, Eduardo García.

En el marco de la “Audiencia Pública” convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para la supervisión del cumplimiento de la sentencia conjunta de los casos Hermanas Serrano Cruz, Contreras y Rochac Hernández, todos ellos, en contra del Estado de El Salvador por la desaparición forzada de niñas y niños durante la guerra civil de los años ochenta.

La Asociación Pro Búsqueda señaló que la negativa histórica de alrededor de cinco gobiernos diferentes que han incumplido con los derechos de las víctimas y sus familiares sobrevivientes da cuenta de un patrón de conducta de un “Estado que prefiere la impunidad que la justicia”, señaló García.

“Han sido los presidentes Saca, Flores, Funes, Sánchez y Bukele, así como, las legislaturas que se han ido renovando y Salas de lo Constitucional de la Corte, no es solo no puedo, no tengo dinero. Allí subyace un dolo (fraude) profundo con las víctimas”, sostuvo.

El caso de las hermanitas Erlinda y Ernestina Serrano Cruz, quienes cuando fueron capturadas por el ejército contaban con 7 y 3 años de edad, respectivamente, desaparecieron en un operativo militar conocido como “Operación Limpieza” en el municipio San Antonio de la Cruz, Chalatenango.

Erlinda y Ernestina estaban escondidas en una quebrada cuando comenzaron a llorar y fueron descubiertas por los militares, quienes se las llevaron, aunque sus padres las buscaron posteriormente no lograron mayores indicios.

La petición en caso de las hermanitas Serrano Cruz, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se presentó el 16 de febrero de 1999, posterior, la Corte IDH, sentenció al Estado de El Salvador por violar los derechos y garantías judiciales de las niñas y requirió del Estado adoptar una serie de medidas para acatar y resarcir a las víctimas y familiares.

“El Estado salvadoreño está obligado a reconocer este Tratado y otras jurisprudencias de la Corte Interamericana y acatar sus sentencias. Y la Corte IDH está obligada a hacer cumplir esas sentencias. Porque no tiene sentido un litigio internacional en donde la sentencia no sea acatada por los países”, manifestó García.

“Para nosotros es un profundo dolor que seamos de los pocos países que no acatan las sentencias. Hay otros países que acatan un porcentaje pero aquí la generalidad es desconocerla y siguen sin reconocer la desaparición forzada. En la sentencia de las hermanas Serrano Cruz, hubo hasta petición de interpretación de la sentencia para no pagar indemnizaciones y el acto de perdón que hicieron fue un acto de lamento del canciller en turno”, señaló García.

Mientras, en el caso de Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia Inés Contreras, así como, Ana Julia, Carmelina Mejía Ramírez y José Rubén Rivera, la demanda presentada por Pro-Búsqueda y CEJIL dan cuenta de las “desapariciones forzadas” que ocurrieron entre los años 1981-1983, en el contexto de “operativos de contrainsurgencia” que realizaban en el territorio la Fuerza Armada de El Salvador.

Para Eduardo García, en el caso de Rochac sí hubo un acto de perdón digno para las víctimas y sus familiares, pero el reconocimiento de la ejecución extrajudicial de Ernesto Salinas, aunque sin saber sobre los responsables porque las investigaciones no han avanzado. Y del joven Adrián Rochac que no hay certeza que sean los restos encontrados por falta de pruebas de ADN para certificarlo.

“Todo este hilo conductor sobre investigar y sancionar a los posibles responsables es del mayor incumplimiento y genera una gran impunidad, incertidumbre jurídica y, entonces, piensas para que están las leyes si no las cumplimos”, sostuvo.

“Entre las tres sentencias de la Corte IDH, hay 13 niños involucrados, y el hecho de los tres reencuentros realizados por Pro Búsqueda de los hermanos Contreras, pero no se haya podido determinar el paradero de la tercera que es Julita”, dijo.

“Sabemos que esto ha pasado porque no habido una investigación seria de parte de la Fiscalía General de la República, sobre el entorno en donde estaban estos niños (Contreras), quiénes eran sus padres adoptivos o cómo se criaron, es evidente que no hay intención de conocer el paradero de Julita”, reafirmó García.

En cuanto a labor de la Comisión Nacional de Búsqueda, que reencontró a José Rubén Rivera, pero no se sabe quién fue el responsable ante la ley, consideró García, era “lamentable” por la falta de evidencias pese a los casos resueltos no hay responsables enfrentando la ley.

“Estamos viendo que tanto la Sala de lo Constitucional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no han llamado la atención de los funcionarios que teniendo información y conocimiento de graves hechos de violación no colaboran”, agregó.

“Hemos tenido sentencias preciosas en forma de Habeas Corpus, una de la Guinda de Mayo y la Operación Azenon Palma, casos de las hermanitas Serrano Cruz y los hermanitos Contreras. En el primer caso todavía los niños exhumados están en calidad de desaparecidos y fue el Estado quien los exhumo”, afirmó.

“Y el caso Contreras ha dicho la CorteIDH que no basta con que la Fuerza Armada niegue los archivos o la existencia de los mismos para no dar información. Aquí lo que falta es el acceso a la verdad”, puntualizó García.

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