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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Oscar Grande lleva 7 años lidiando con la Enfermedad Renal Crónica, y comentó que de su núcleo familiar ha perdido a cuatro de ellos, incluido su padre, con quienes compartió cientos de horas en los extensos campos de caña de azúcar de San Luis Talpa, departamento de La Paz.
“Estoy en procesos de diálisis, y es lamentable que ahora ya ni reportan la afectación que viven las familias que son muchos los afectados. Mi padre con su insuficiencia renal se gravó para la pandemia (COVID-19) y no hubo transporte para su diálisis y se complicó hasta perder la vida”, comentó Oscar Grande.
Las organizaciones Voces en la Frontera, CRIPDES, UCRES, UNES, ARUMES y FESPAD, que impulsan la campaña “Azúcar Amarga”, se pronunciaron ante los impactos que la agroindustria azucarera está generando en los mantos acuíferos del territorio nacional y en la sobrevivencia de las comunidades rurales que viven en estas zonas.
Ariela González, abogada de FESPAD, explicó que la creciente demanda de azúcar en los mercados internacionales genera los cultivos a gran escala, para satisfacer las demandas de consumo y con ello bonanzas financieras en perjuicio de la población.
“Una de las grandes preocupaciones son los impactos en el agua. Cultivar caña y producir azúcar requiere de un elevado suministro de agua. Este monocultivo se produce en la época más calurosa y seca del año y esos cultivos dependen en gran medida de esa irrigación”, afirmó.
“Y las comunidades que circundan los campos de caña reportan que los niveles freáticos han caído dramáticamente en años recientes y lo atribuyen al aumento de la producción de la caña y la falta de regulación en el uso del agua”, sostuvo González.
Para Oscar Grande, la falta de un proyecto de agua potable para las comunidades como La Esmeralda, en donde reside, ha contribuido a que muchos habitantes padezcan de enfermedades renales, porque deben hacer uso de un pozo artesanal que considera contaminada por encontrarse en el área de las siembras y fumigaciones de los cañales.
“A tres metros de distancia de los cañales hay casas de las colonias que estaban allí, antes que llegaran y la mayoría padecen de enfermedades crónicas. Hay personas de la tercera edad y niños que cuando pasa la fumigación queda un mal olor impregnado, y es lamentable que esta contaminación siga impactando a la población”, manifestó Grande.
Con la “Campaña Azúcar Amarga” las organizaciones denuncian que actualmente el monocultivo de caña de azúcar utiliza más de 5, 600 metros cúbicos de agua por hectárea cultivada, y que los ingenios además utilizan 10 metros cúbicos de agua para lavar cada tonelada métrica de caña, que se traduce que la producción de un kilo (2.2 libras) de azúcar, es decir, está demandando entre 1,500 a 3,000 litros de agua.
Sonia Sánchez, es defensora ambiental de ARUMES, y quien reside en el cantón San Isidro, departamento de Sonsonate, señaló de manera contundente que tienen un “grave problema” con el cultivo de la caña de azúcar, y que el proceso de la zafra -etapa en que se encuentran- las quemas del cultivo se descontrolan y se convierten en amenazas contra los pobladores.
“Realmente, estamos en una situación lamentable pero nuestra lucha es decirle al pueblo salvadoreño que la agroindustria cañera es la que está consumiendo el 80% de nuestra agua para su cultivo. Es lamentable, porque nuestro país tiene un estrés hídrico y es esta nuestra triste realidad y queremos que la población la conozca”, afirmó.
“Además, la contaminación del medio ambientes es preocupante y con esta enfermedad de las vías respiratorias (COVID-19) se eleva por las quemas descontroladas de los cañales. Y habló de mi comunidad, pues esta semana que pasó murieron dos personas por insuficiencia renal y aquí nadie puede decir que no le pasará nada porque todos estamos consumiendo esos químicos”, expresó Sánchez.
Ante esa debilidad de la institucionalidad del Estado, frente a las problemáticas ambientales entre ellas las que genera la industria de la caña de azúcar, Luis González, del equipo directivo de UNES, reafirmó que esta ineficacia oficial provoca que se esté lejos de resolver la problemática y llevar adecuadas soluciones a las comunidades.
“Existe la legislación para atender la problemática de la caña de azúcar, tenemos una ley de Riego y Avenamiento que trata el agua y el uso que se de a nivel general y aplica a la industria cañera. Y para los territorios tenemos una ley Forestal, una Ley de Áreas Protegidas -que menciono- porque hay muchos conflictos que tienen que ver con esto y la caña de azúcar”, explicó.
“Además, tenemos un Código de Salud y ordenanzas municipales, y en todas estas normativas mencionadas y otras, existen violaciones de la agroindustria de la caña de azúcar y otras industrias. Y en ese orden de ideas no hay capacidad del Estado de darle seguimiento y adecuar la aplicación de las leyes que ya tenemos”, señaló González.
Las citas más claras sobre la problemática con la agroindustria de la caña de la azúcar son los “permisos riego” que pueden solicitar el abastecimiento de 20 litros por minuto, pero no existe verdaderamente un monitoreo o verificación del Estado que estos no extraigan ni el doble o triple del agua para sus riegos. También, las horas son importantes agregó Luis González, al mencionar que hay permisos para 8 horas diarias, pero no hay capacidad para verificar que realmente se conectaron 24 horas.
“Tenemos el problema que la agroindustria cañera se está metiendo en territorio del manglar y están deforestando esos bosques sin que el Estado tenga capacidad de recuperar esas tierras. Y si bien no se cumplen las leyes por la incapacidad de verificación, pero también por falta de voluntad política ante los poderes económicos a los que no les interesa tocar “, reiteró.
Para González, hacen falta nuevas leyes y políticas públicas innovadoras para enfrentar esta realidad y lamentó que de estas nuevas políticas públicas que hacen falta para el país en el tema “agua” se haya generado una normativa privatizadora.
“La Ley General de Recursos Hídricos, aprobada el pasado diciembre, no resuelve esta crisis porque no resuelve problemas fundamental para que sea aplicada, cuando otorga la autorización de extracción de grandes cantidades de agua a sectores privados por 15 años y renovables por similar cantidad y esto es privatización del agua”, sostuvo.
“La participación ciudadana es estratégica porque hablamos de la incapacidad del Estado para monitorear y verificar el uso del agua, pero ¿Quién tiene más conocimiento sobre esto?, pues las comunidades en donde hay conflicto por el agua. Entonces, en la medida que haya participación social se podrán dar cumplimiento a la ley”, puntualizó González.
