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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) sentó postura ante el proceso judicial por la masacre en sus instalaciones en el año 1989. Este se da en el marco de un acelerado desmantelamiento del Estado de derecho y de una sostenida campaña de acoso contra ese centro de estudios, denunció esa casa de educación superior.
El rector de la UCA, Andreu Oliva, comentó que se les acusa «sin fundamento» de no estar interesados en la justicia, de proteger a algunos imputados en este proceso judicial o incluso de no estar de lado de las víctimas. Desde la presentación de la demanda de amparo por parte del fiscal general, Rodolfo Delgado, la UCA ha percibido que existe de parte de algunas autoridades públicas, un interés en apartar a la casa de estudios del proceso y “sembrar dudas de que la UCA sea una de las víctimas de la masacre”.
Lo anterior se confirma en el comportamiento de la Fiscalía, “que no ha tenido interés en conocer la posición de las víctimas, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1999 señaló que las víctimas de la masacre en la UCA eran los familiares de: Elba y Celina Ramos, los padres jesuitas, la comunidad universitaria y la Compañía de Jesús”.
El Ministerio Público afirma desconocer el domicilio de las víctimas y de los ofendidos.
