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Saúl Méndez
Colaborador
Habitantes de la Comunidad El Icacal, en el distrito de Intipucá, municipio de La Unión Sur, denunciaron que desde hace tres años se ha registrado un aumento significativo de la erosión costera, fenómeno que ha afectado sus medios de vida y ha incrementado la salinidad en la zona debido al aumento del nivel del mar. A esta situación se suma la disputa por la tierra que mantienen los pobladores frente a empresas con fines turísticos en el área.
Zaqueo Hernández, vocero del Movimiento Indígena para la Articulación de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA), seccional El Icacal, afirmó que “el mar reclama la playa desde que inició el conflicto por la tierra”, al referirse a las disputas en la comunidad, donde señalan como principal responsable a la empresa Desarrollo del Pacífico.
“Antes, la bahía llegaba más allá, como se puede observar en aquel poste, pero desde que la empresa hizo ese reclamo, el mar ha comenzado a recuperar su territorio. A mi izquierda pueden ver cómo ya ha derribado casas enteras. Aquí, ningún ser humano puede afirmar que esta tierra le pertenece”, denunció mientras describía el evidente retroceso de la línea de costa.
“Como MILPA nos encontramos hoy aquí para visibilizar la problemática que enfrenta nuestra comunidad. Desde que la empresa Desarrollo del Pacífico llegó afirmando ser la propietaria legal de estas tierras, la realidad que observamos es otra: el verdadero propietario es el mar”, afirmó.
Además, explicó que estos terrenos son de interés para empresarios debido a su potencial turístico, al tratarse de playas planas, de oleaje tranquilo y rodeadas de manglar y laguna.
No obstante, también expresaron preocupación por los impactos acumulados en los últimos años debido a las condiciones climáticas en la playa El Icacal.
“En tan solo un mes, el mar ha sobrepasado los límites que antes parecían estables; en lugar de retroceder, continúa avanzando sobre la isla”, advirtieron.
Enfatizaron que el fenómeno se ha intensificado desde que grupos empresariales se atribuyeron la propiedad del lugar, pese a que, según señalaron, se trata de un banco de arena. A esto se suma el impacto del calentamiento global en la zona.
“También hemos sufrido pérdidas en la pesca artesanal: el camarón ya no llega a desovar en la bahía. Asimismo, estamos viendo una grave deforestación del manglar y del bosque, agravada por el aumento de la salinidad en el agua. Esta problemática no es reciente; lleva aproximadamente tres años afectando de manera continua a la comunidad”, denunciaron.
Por ello, exigieron que las instituciones del Estado, el Gobierno y las organizaciones ambientales se acerquen a dialogar con la comunidad. Aseguran que, pese a que la situación no es nueva, hasta la fecha ninguna entidad se ha presentado para investigar sus causas ni atender sus consecuencias.
“Invitamos a las autoridades a que visiten la zona, supervisen y comprendan de primera mano cómo el mar está dañando la franja costera de la playa El Icacal”, declararon.
Por otra parte, explicaron que a lo largo de este proceso han intentado trasladar la situación tanto al Gobierno central como al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Sin embargo, denunciaron que el conocimiento de la comunidad ha sido desestimado, “como si no entendiéramos lo que ocurre en nuestro propio territorio”.
“Somos 85 familias afectadas por la degradación ambiental y el despojo de tierras. Resulta injusto que personas externas pretendan imponernos decisiones sin escuchar nuestras voces. Nosotros hemos vivido aquí toda la vida y conocemos cómo ha evolucionado este problema, año tras año”, lamentaron.
“Esperamos que esta situación se detenga y que se tomen medidas urgentes. Nuestra comunidad ha sido víctima de racismo ambiental, incluso por parte del Ministerio de Medio Ambiente”, concluyeron.
MILPA reitera que la comunidad enfrenta además un proceso de presión territorial que se intensificó el 12 de julio de 2023, cuando la empresa Desarrollos Turísticos del Pacífico colocó rótulos adjudicándose terrenos ocupados históricamente por habitantes de la isla y otras áreas bajo tutela estatal. Según la organización, este hecho marcó el inicio de una serie de acontecimientos que incluyeron el retiro de programas sociales y ambientales, así como el aumento de la presencia de cuerpos de seguridad en la zona.
Entre los programas suspendidos figura el proyecto “Recuperación y Fortalecimiento de la Gestión Ambiental del Área Protegida del Golfo de Fonseca”, impulsado por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) bajo coordinación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Este programa contemplaba acciones para la conservación del manglar y el fortalecimiento de la pesca artesanal sostenible, además de generar empleo técnico para habitantes de la comunidad.
Según la denuncia, la suspensión del programa en agosto de 2024 coincidió con el aumento de los conflictos territoriales. La organización afirma que esta medida afectó directamente la conservación ambiental de la isla y debilitó los medios de vida de las familias locales.
MILPA advierte que la continuidad de estas acciones podría provocar la desaparición progresiva de la playa El Icacal y el desplazamiento definitivo de la comunidad que históricamente ha habitado el territorio. La organización sostiene que la combinación de impactos climáticos, presión empresarial y ausencia de políticas públicas representa una amenaza directa a la permanencia de las familias en la zona costera.
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