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Concepción Burgos|Colaborador
Mientras funcionarios gubernamentales y dirigentes sindicales afines al oficialismo celebraban públicamente la exclusión de El Salvador de la denominada «lista corta» de la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una notificación llegada desde Ginebra recordaba que la situación de la libertad sindical en el país sigue bajo escrutinio internacional y que el Estado salvadoreño deberá responder nuevamente por denuncias de violaciones a derechos fundamentales de los trabajadores.
La contradicción es difícil de ignorar.
Por un lado, el Consejo Superior del Trabajo (CST) desplegó un acto político para presentar la salida de la lista corta como una validación de la política laboral del Gobierno. Funcionarios, empresarios y dirigentes sindicales cercanos al oficialismo se apresuraron a presentar la decisión como una suerte de certificado internacional de respeto a los derechos laborales.
Por otro lado, apenas horas después, la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) recibió una comunicación oficial del Servicio de Libertad Sindical de la OIT informando que los nuevos alegatos presentados el 11 de junio de 2026 en el Caso 3472 fueron admitidos y trasladados formalmente al Gobierno de El Salvador para que presente sus observaciones. Lejos de cerrarse, el expediente internacional sigue avanzando.
La comunicación firmada por Tim De Meyer, Jefe del Servicio de Libertad Sindical, confirma que los nuevos hechos denunciados por la UNT pasan a formar parte del caso y que ahora corresponde al Estado salvadoreño responder ante los órganos de control de la OIT.
Una celebración construida sobre una verdad a medias
La salida de la lista corta ha sido utilizada por el Gobierno como una herramienta de legitimación política. Sin embargo, expertos en normas internacionales del trabajo recuerdan que la no inclusión de un país en una discusión específica de la Conferencia Internacional del Trabajo no implica el cierre de procedimientos internacionales ni la inexistencia de violaciones a los derechos laborales.
La propia realidad de los expedientes abiertos contra El Salvador demuestra lo contrario.
Actualmente continúan existiendo casos activos o en seguimiento dentro del Comité de Libertad Sindical relacionados con denuncias de violaciones a la libertad sindical, entre ellos el histórico Caso 3395 presentado por la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM) y el Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de San Salvador (STAMSS), el Caso 3350 promovido por SITRAMSA y la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS), el Caso 3349 impulsado por SITRAFOS y la Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreños (CATS), además del actual Caso 3472 que involucra denuncias recientes del sindicalismo independiente, paradójicamente algunos casos abiertos son de organizaciones que forman parte de los sectores aliados al oficialismo, pero que no pueden ser cerrados por éstos, mientras el gobierno no aclare las dudas de la OIT, seguirán abiertos al ser de gravedad, como son los casos de asesinatos de sindicalistas no esclarecidos como Weder Melendez, caso que fue presentado por el mismo Ministro Rolando Castro en la OIT y el caso de Abel Vega.
La permanencia de estos expedientes demuestra que los órganos de control de la OIT continúan observando la situación salvadoreña y que los conflictos relacionados con la libertad sindical siguen siendo materia de preocupación internacional.
Mientras unos celebran, otros siguen litigando
La escena refleja también la creciente fractura dentro del movimiento sindical salvadoreño.
Mientras sectores sindicales alineados con el Gobierno participan en actos oficiales y celebran junto a las gremiales empresariales y autoridades laborales, las organizaciones sindicales independientes continúan documentando violaciones, presentando pruebas y utilizando los mecanismos internacionales para exigir el cumplimiento de los Convenios 87 y 98 de la OIT.
La diferencia entre ambos sectores es cada vez más visible, de un lado, dirigentes sindicales que actúan como acompañantes de la narrativa gubernamental y que han respaldado públicamente la idea de que los problemas laborales del país están resueltos; del otro, organizaciones que continúan denunciando despidos antisindicales, obstáculos para la inscripción de sindicatos, persecución de dirigentes, criminalización de la protesta, exilio forzado de activistas sindicales y restricciones al ejercicio de la libertad de organización.
Los nuevos alegatos incorporados al Caso 3472 buscan precisamente actualizar y ampliar la información que ya se encuentra bajo examen internacional, aportando nuevos elementos sobre la situación que enfrentan las organizaciones sindicales independientes.
La importancia de los nuevos alegatos
En el lenguaje procesal de la OIT, la decisión de trasladar los nuevos alegatos al Gobierno no es una simple formalidad administrativa.
Significa que la información presentada ha sido incorporada al expediente y que el Comité de Libertad Sindical considera necesario conocer la posición oficial del Estado sobre los hechos denunciados.
Cada nuevo alegato fortalece la capacidad del Comité para evaluar si existe un patrón de conducta incompatible con los principios de libertad sindical reconocidos internacionalmente.
También permite actualizar el expediente con acontecimientos posteriores a la presentación original de la queja, algo especialmente importante en contextos donde las denuncias apuntan a situaciones que continúan desarrollándose.
Por ello, la notificación recibida por la UNT representa un paso relevante dentro del procedimiento internacional y una confirmación de que el caso sigue avanzando.
El Estado deberá responder
La consecuencia inmediata de la comunicación enviada desde Ginebra es clara: el Gobierno salvadoreño está obligado a presentar observaciones sobre los nuevos hechos denunciados.
Dichas respuestas pasarán a formar parte del expediente internacional y serán analizadas por el Comité de Libertad Sindical junto con la documentación aportada por las organizaciones denunciantes.
La experiencia histórica demuestra que las conclusiones del Comité suelen tener un peso significativo en la evaluación internacional de los países y pueden derivar en recomendaciones específicas, solicitudes de reformas legales o requerimientos de medidas de reparación.
Por esa razón, el procedimiento que hoy continúa abierto tiene implicaciones que van mucho más allá de un intercambio de correspondencia entre Ginebra y San Salvador.
La disputa de fondo sigue abierta
La notificación recibida esta semana deja al descubierto una realidad incómoda para el discurso oficial.
Si la situación laboral salvadoreña estuviera plenamente resuelta, no existirían nuevos alegatos siendo incorporados a expedientes internacionales ni nuevas solicitudes de observaciones dirigidas al Estado. La verdad es que la discusión sigue abierta.
Mientras el oficialismo celebra una victoria propagandística y exhibe a dirigentes sindicales complacientes como prueba de un supuesto consenso nacional, los órganos de control de la OIT continúan recibiendo denuncias, solicitando información y examinando las acusaciones formuladas por el sindicalismo independiente.
La fotografía política de estos días es reveladora. De un lado, recursos públicos destinados a construir una narrativa de éxito. Del otro, organizaciones sindicales independientes que, pese a los obstáculos, continúan recurriendo a los mecanismos internacionales para defender derechos fundamentales de la clase trabajadora.
La historia, por tanto, no ha terminado. La OIT acaba de abrir un nuevo capítulo y el Gobierno salvadoreño deberá responder.
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