CISPES exige la liberación de líderes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

 El Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) hizo un nuevo  llamado a las autoridades salvadoreñas para que liberen a los integrantes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, un grupo de veteranos y ex combatientes de la guerra civil y activistas sociales que permanecen encarcelados desde finales de mayo de 2024 sin haber sido sometidos a juicio.

Ocho dirigentes de edad avanzada y el voluntario de comunicaciones Luis Menjívar han pasado más de dos años en prisión preventiva mientras la Fiscalía General continúa ampliando los plazos de investigación.

El caso ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales debido a la prolongada detención de los acusados y a las restricciones impuestas a su defensa.

De acuerdo con la información difundida por CISPES, el 14 de junio venció la tercera prórroga otorgada a la Fiscalía para la fase de instrucción del proceso. Los abogados defensores sostienen que el Ministerio Público dispone hasta el 22 de junio para presentar una acusación formal; de lo contrario, los cargos deberían ser retirados y los capturados deberán ser sobreseidos definitivamente.

El origen de la Alianza

La Alianza Nacional El Salvador en Paz surgió en 2021 como una coalición integrada por excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y antiguos miembros de las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Aunque ambos sectores estuvieron enfrentados durante la guerra civil (1980-1992), decidieron unirse para expresar su preocupación por lo que consideran amenazas a la democracia, al Estado de derecho y a los derechos humanos bajo la administración del presidente Nayib Bukele.

Desde su creación, la organización participó en marchas y movilizaciones pacíficas contra diversas decisiones del Gobierno. Entre ellas destacó la manifestación del 15 de septiembre de 2021, realizada durante las celebraciones de la independencia nacional, luego de que una resolución de la Sala de lo Constitucional habilitara la posibilidad de una reelección presidencial consecutiva, una medida que generó controversia política y jurídica en el país por violentar la Carta Magna.

Las detenciones de 2024

Los días 30 y 31 de mayo de 2024, la Policía Nacional Civil detuvo a diez miembros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz. Entre los arrestados figuraban los históricos dirigentes del FMLN Atilio Montalvo, conocido durante la guerra como comandante “Salvador Guerra”, y José Santos Melara, conocido como “Pepe”. Las capturas ocurrieron en vísperas de la toma de posesión de Bukele para un segundo mandato presidencial a todas luces inconstitucional.

Las autoridades acusaron a los detenidos de planificar un atentado terrorista durante la ceremonia de investidura presidencial. Sin embargo, CISPES afirma que las acusaciones fueron formuladas sin pruebas públicas conocidas. Un día después de las primeras capturas también fue arrestado Luis Menjívar, un estudiante de la Universidad de el Salvador (UES) y colaborador las coamincaciones de la alianza. De hecho, Menjívar fue capturado, luego de cubrir una conferencia de prensa relacionada con el caso.

Preocupaciones por derechos humanos

Las organizaciones que acompañan a los detenidos denuncian que los procesados han permanecido incomunicados de sus familiares y abogados durante largos períodos. Asimismo, expresan inquietud por el estado de salud de varios de los acusados, especialmente de Atilio Montalvo y José Santos Melara, quienes padecen enfermedades crónicas y complejas. Por la gravedad de las enfermedades Atilio Motalvo fue sacado de la cárcel por arresto domicilar. De no haer sido puesto en libertada, Montalvo estaría muerto, dijo la familia. Pepe también se encuentra con problemas de salud grave.

Tras una campaña impulsada por familiares y organizaciones de apoyo, Montalvo obtuvo medidas sustitutivas en julio de 2025 debido al deterioro de su salud. No obstante, el resto de integrantes de la Alianza continúa en prisión preventiva. En el caso de Melara, las peticiones para concederle arresto domiciliario también han sido rechazadas, pese a las condiciones médicas que enfrenta.

Un juicio aún incierto

Según la información difundida por CISPES, los tribunales salvadoreños deberían iniciar el juicio contra los acusados en junio de 2026. Sin embargo, existe preocupación de que la Fiscalía solicite una nueva ampliación del período de investigación, prolongando aún más la detención preventiva de los procesados.

Otro elemento que genera cuestionamientos es que el caso se encuentra bajo secreto de sumario, una medida que implica que las audiencias se realicen a puerta cerrada y que los abogados estén sujetos a restricciones para divulgar información sobre el proceso.

Ante este escenario, CISPES sostiene que la solidaridad internacional resulta fundamental para garantizar el respeto al debido proceso y a los derechos humanos de los detenidos. La organización insiste en que las autoridades salvadoreñas deben garantizar un juicio justo y transparente, así como revisar la situación de quienes permanecen encarcelados sin sentencia después de más de dos años de detención preventiva.