Redacción Nacionales
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El defensor de derechos humanos Benjamín Cuéllar aseguró que las próximas elecciones en El Salvador se desarrollarán en un contexto marcado por reformas institucionales y electorales que, a su juicio, favorecen la continuidad del oficialismo. Durante una entrevista en el programa “Encuentro con Julio Villagrán”, Cuéllar sostuvo que existen diversos factores que dificultan la competencia política y que han consolidado el control del Estado por parte del partido gobernante.
Según el analista, una parte importante de la población mantiene respaldo al gobierno debido a la reducción de la violencia atribuida a las pandillas. Señaló que muchas personas valoran principalmente el hecho de que ya no enfrentan las amenazas y extorsiones que durante años afectaron a comunidades enteras. A su criterio, este sentimiento de alivio ha generado una base social favorable a la continuidad del actual proyecto político “por agradecmiento”.
Cuéllar también afirmó que existe otro sector de la ciudadanía que percibe positivamente las obras públicas y la imagen de modernización impulsada por el Ejecutivo. En este sentido, consideró que la constante difusión de proyectos gubernamentales y campañas de comunicación y propaganda contribuye a fortalecer la percepción de que el país avanza hacia mejores condiciones de desarrollo.
Sin embargo, sostuvo que hay una tercera parte de la población que actúa condicionada por el temor. En su opinión, el régimen de excepción y el discurso centrado en el combate a las pandillas han creado un ambiente donde muchas personas prefieren no cuestionar las decisiones gubernamentales por miedo a las consecuencias.
Durante la conversación, el defensor de derechos humanos expresó preocupación por las reformas constitucionales y electorales aprobadas en los últimos años. Argumentó que estos cambios han alterado las reglas de la competencia política y han fortalecido el control institucional del oficialismo. Asimismo, señaló que el Tribunal Supremo Electoral y otras entidades estatales se encuentran bajo influencia del partido gobernante, lo que, según dijo, reduce las posibilidades de alternancia política. “Los dados están cargados”, dijo.
Cuéllar comparó algunos procesos políticos observados en El Salvador con la experiencia de Nicaragua. Aunque reconoció diferencias entre ambos países, afirmó que existen similitudes relacionadas con la concentración de poder y las limitaciones a las voces críticas. A su juicio, el presidente Nayib Bukele ha acelerado transformaciones institucionales que en otros países se desarrollaron durante períodos más largos.
El entrevistado consideró, además, que temas como la democracia, el Estado de derecho y la separación de poderes no ocupan un lugar prioritario en las preocupaciones cotidianas de gran parte de la población. Explicó que la búsqueda de seguridad suelen tener mayor peso en la valoración que los ciudadanos hacen de la gestión gubernamental.
Al hacer un recorrido histórico por el país, Cuéllar recordó los períodos de gobiernos militares, los acontecimientos de 1932, la guerra civil y la transición democrática posterior a los Acuerdos de Paz. Desde su perspectiva, la democracia salvadoreña no logró resolver problemas estructurales como la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, factores que continúan presentes en la actualidad.
El defensor también cuestionó el funcionamiento del sistema judicial durante el régimen de excepción. Mencionó casos en los que, según denuncias recibidas, personas con órdenes judiciales de libertad continúan privadas de libertad. Además, expresó preocupación por las audiencias masivas y por la posibilidad de que personas inocentes puedan verse afectadas dentro de los procesos judiciales.
En otro momento de la entrevista, señaló que la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general en 2021 representó un punto de inflexión en la institucionalidad del país. A su juicio, estas decisiones permitieron consolidar un modelo de poder con menos controles y contrapesos. También cuestionó la reforma judicial que provocó la salida de numerosos jueces y abrió espacios para nuevos funcionarios pro gobierno y sin experiencia.
Respecto al futuro político, Cuéllar advirtió que la situación económica y social podría convertirse en un factor determinante para el descontento ciudadano, lo que calificó como las condiciones objetivas.
Cuéllar afirmó que cualquier transformación profunda en El Salvador dependerá de la organización social y de la construcción de propuestas políticas capaces de responder a las necesidades de la población. Consideró que actualmente no existe una alternativa suficientemente articulada para competir con el proyecto político oficialista, pero sostuvo que los problemas estructurales del país seguirán generando demandas de cambio en el futuro.
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