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Redacción Nacionales
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Tras la juramentación que hizo la Corte Suprema de Justicia de casi un centenar de jueces y magistrados sustitutos en el Órgano Judicial, el pasado domingo, el partido de Gobierno en la Asamblea Legislativa ha apoyado tal medida, a pesar de que los jueces destituidos dicen que las reformas a la Ley de la Carrera Judicial son “inconstitucionales”, ya que la única entidad que puede hacer cambios en su estructura es la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y no la Asamblea. En total, fueron 98 nuevos funcionarios judiciales que iniciaron sus funciones a partir este lunes 27 de septiembre.
Incluso, semanas atrás, jueces de la República protestaron en las calles para mostrar su inconformidad, ya que se estaba cortando la independencia judicial; sin embargo, la Corte en Plena de la CSJ, controlada por el Ejecutivo, pasó de alto toda esa inconformidad de los jueces y siguieron el guión del presidente de la República, Nayib Bukele y diputados de Nuevas Ideas, en “hacer una depuración del órgano Judicial”.
A esto, se le suma, las declaraciones del diputado Guillermo Gallegos, de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), quien afirmó que “más pareció una estrategia de algunos jueces queriendo evitar el proceso de renovación del órgano judicial”.
El legislador sostuvo que como fracción legislativa han apoyado el decreto “y nos parece importante la renovación”.
“Yo no dudo que esto lo que va a traer son beneficios para la justicia del país, y principalmente para el Órgano Judicial porque es una renovación de personas que ya tenían mucho tiempo de estar (en el judicial)”, comentó Guillermo Gallegos.
Entre las renuncias está el juez Jorge Guzmán, que llevaba el caso de la masacre de El Mozote; sin embargo, él dijo que no renunciaba, si no que se dio por “cesado”. El mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar López Jerez, manifestó que dicho caso se tendrá que “empezar de cero”, dejando atrás los cinco años en investigación. Además, el presidente de la CSJ agregó que quiere que “este proceso termine lo más pronto posible”.
Ante esto, el diputado Guillermo Gallegos dijo que hasta donde sabe, “a él (a Guzmán) se le pidió no renunciar, se le pidió que quedara en disponibilidad para que pudiese seguir conociendo del caso, pero él prefirió renunciar y ante esto no habrá más que nombrar a otras personas y que pueda continuar el trabajo que él venía haciendo con respecto a la investigación de la masacre de El Mozote”, sostuvo Gallegos.
En contra posición, el juez Guzmán afirmó la semana pasada que no se iba a someter al régimen de disponibilidad que establece el decreto aprobado por el oficialismo el 31 de agosto, ya que, si lo hiciera, estaría “avalando todas las ilegalidades que se han cometido”.
El partido de Gobierno, en la Asamblea Legislativa, defendió la juramentación de los 98 nuevos funcionarios judiciales. El legislador Guillermo Gallegos, apoyó la medida a pesar de que es el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), quien debe asignar el personal. “La ley le faculta a la Corte Suprema de Justicia para este nombramiento porque es un nombramiento de urgencia y no tiene que pasar por el proceso del CNJ donde se seleccionan ternas”, sostuvo. El oficialista también defendió el nombramiento de Ramón Iván García, exasesor del exfiscal Luis Martínez, que ahora ejercerá como magistrado de la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador. “El licenciado Ramón Iván actualmente es magistrado suplente de la CSJ, por lo tanto, él es un magistrado muy reconocido y que siempre ha gozado del respaldo y apoyo de la Asamblea para ocupar estos cargos. Yo no lo cuestiono a él, lo conozco personalmente y confió en él”, concluyó el oficialista.
Mientras que la diputada de oposición, Claudia Ortiz, de VAMOS, consideró que los nuevos jueces que fueron juramentados el domingo son “a la medida de los intereses del oficialismo”.
“Lo más preocupante de este tema es que ahora la ciudadanía que tenga violentado sus derechos o que tenga un proceso judicial en curso y que va a tener que enfrentar a un juez nuevo, impuesto, no va a tener ninguna garantía. Si antes no se tenían suficientes garantías de independencia, hoy no va a ver ninguna garantía para la defensa de los derechos de la ciudadanía y eso es lo más grave”, enfatizó Claudia Ortiz.
