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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Representantes del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) presentaron en la Asamblea Legislativa una correspondencia que contiene solicitud de que la discusión del crédito por $109 millones con el BCIE se desarrolle bajo la perspectiva de derechos humanos.
Manuel Escalante, subdirector de IDHUCA se mostró preocupado de que la discusión respecto al préstamo se enfoca exclusivamente en el tema financiero, dejando de lado el enfoque de derechos humanos.
“No estamos pidiendo a los diputados que no aprueben el crédito, lo que queremos es que estos insumos que se adquieran con esos recursos no se usen para promover más vulneraciones a derechos humanos”, dijo Escalante.
El subdirector del IDHUCA consideró que antes de que se autorice la negociación del préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) se establezcan marcos regulatorios y mecanismos de control legislativos que garanticen que la Fuerza Armada y la PNC no vuelvan a realizar excesos como los del 9 de febrero.
Escalante, asimismo, expuso que la tecnología que se adquiera con estos recursos debe gozar de la regulación suficiente para evitar abusos de poder por parte de los agentes de seguridad y que, con ello, vulneren derechos a la privacidad, intimidad, libertad de expresión e integridad.
Para el IDHUCA, los diputados deben incluir un componente ético a la discusión de la autorización del crédito, esto por las relaciones que el Gobierno tiene con empresarios que brindan estos insumos de seguridad alertadas por medios de comunicación investigativos.
“Es importante que la Asamblea Legislativa dialogue con el Ejecutivo a fin de aclarar estas relaciones y que el dinero que pagaremos los salvadoreños no se preste a actos de corrupción; estamos llamando al diálogo entre ambos órganos”, sostuvo Escalante.
El IDHUCA consideró que si ese diálogo entre órganos no se lleva a cabo en los mejores términos, la Asamblea Legislativa puede usar el mecanismo constitucional de la interpelación para verificar que los recursos no se presten a abusos del Ejecutivo ni a corrupción.
La comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa acordó, durante esta semana, convocatorias a integrantes del BCIE para conocer los aspectos que encierra el préstamo solicitado, además de informes de los ministerios de Defensa y Seguridad Pública para verificar la necesidad de adquirir los insumos solicitados por el Ejecutivo.
