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Los empleados del Sistema Penitenciario que participen en la introducción de ilícitos a las 19 prisiones que existen en El Salvador, viagra sale serán encarcelados por entre 8 y 12 años, treat según una reforma introducida la víspera por los legisladores a la Ley Especial contra el Delito de la Extorsión, que tiene previsto ser aprobada hoy, miércoles, por el congreso.
“Las reformas se hicieron para que todos aquellos funcionarios y autoridades penitenciarias que fueran cómplices o coautores de ese hecho, (introducción de ilícitos a las cárceles), tengan una pena de 8 a 12 años (de prisión)”, advirtió Antonio Almendariz, presidente de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad, del congreso salvadoreño, donde ha sido estudiada la legislación. Alemendariz recordó que “los (teléfonos) celulares, no nacen en los penales, son introducidos”. Las autoridades de Seguridad Pública, que presentaron el mes pasado al congreso la legislación para combatir el delito de extorsión, sostienen que la mayor parte de ese flagelo es hecho por reos desde las prisiones salvadoreñas, a través de teléfonos celulares, más de ocho mil de los cuales y sus chips fueron decomisados en sendos operativos carcelarios en 2014.
Misael Mejía, legislador por el oficialista FMLN, reveló, por su parte, que será la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) la responsable de supervisar que las operadores de telefonía celular apliquen el bloqueo a la señal de esos aparatos en los centros penales, batalla que se libra en el congreso desde el año pasado.
La participación del ente estatal “es fundamental, no solo en materia de normativa o de normas técnicas de aplicación, sino de coordinación permanente entre la SIGET, Penales y el Ministerio de Justicia, para garantizar los bloqueos y la aplicación de la Ley”, subrayó el legislador.
Al respecto, Mejía adelantó que la nueva normativa antiextorsiones, que tiene previsto ser aprobada este miércoles por la Asamblea Legislativa, durante la Sesión Plenaria, impone sanciones económicas progresivas a las operadores que incumplan la legislación, que van desde el pago de tres mil salarios mínimos, hasta la suspensión definitiva de la frecuencia telefónica. “La ley, sin duda alguna, va a ser una herramienta importante para el combate de este delito”, aseguró Mejía. Ernesto Angulo, de la opositora ARENA reconoció también que delegar al Estado la responsabilidad de supervisar el cumplimiento del bloqueo de las señales telefónicas en las prisiones, “es una responsabilidad indelegable”.El legislador por la casi desaparecida Democracia Salvadoreña (DS), Sigifredo Ochoa Pérez, reconoció que la nueva normativa “es una buena ley que el gobierno ha presentado” para erradicar el delito de la extorsión en El Salvador.
El flagelo de las extorsiones ha afectado, principalmente, a pequeños y medianos comerciantes y personas particulares de sectores populares salvadoreños, lo que ha contribuido a agudizar la crisis económica que abate a este país centroamericano.
