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Por: Luis Rafael Moreira Flores
Organizaciones Sociales Defensoras de Derechos Humanos y Laborales de El Salvador, alzaron la voz este este martes para denunciar el alarmante incremento de la persecución política, el acoso institucional y la vulneración sistemática del debido proceso en el país. El encuentro con los medios de comunicación tuvo como eje central la denuncia de graves hechos de intimidación en contra del cuerpo de abogados independientes que asume la defensa legal de líderes sociales y presos políticos.
Intimidación policial en el entorno familiar
El punto más crítico de la conferencia fue expuesto por el abogado penalista Guillermo García, actual defensor legal de los miembros detenidos de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, entre ellos el reconocido líder social «Pepe». García relató ante los medios de comunicación un reciente y preocupante incidente de acoso ejecutado de manera directa en su entorno residencial.
Según detalló el jurista, en días pasados, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se personaron en su hogar bajo el argumento de realizar una presunta investigación rutinaria en la zona. Sin embargo, la intervención policial carecía de fundamentos legales claros y tuvo como única y evidente finalidad la realización de un registro fotográfico minucioso tanto de su vivienda particular como de su vehículo de uso personal.
“Esta es una persecución política abierta y dirigida para que no pueda continuar con la defensa de Pepe y de los demás miembros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz. Buscan amedrentar a quienes nos negamos a callar ante las injusticias”, aseveró con contundencia García.
Críticas severas al sistema judicial y favoritismo fiscal
Además de la presión policial en los espacios privados, García denunció ante la opinión pública la falta de imparcialidad que impera en el Órgano Judicial salvadoreño. El abogado defensor hizo especial énfasis en las irregularidades procesales del caso de los miembros de la Alianza, criticando fuertemente el papel de los juzgados, los cuales “afirmó” han otorgado ventajas indebidas a la representación del Ministerio Público.
El jurista explicó que los tribunales correspondientes decidieron brindar un espacio y prórrogas extraordinarias a la Fiscalía General de la República (FGR) con el único objetivo de que pudieran subsanar deficiencias, errores metodológicos y vacíos argumentales en la papelería del caso.
“Desde el momento, que los papeles y los requerimientos no están bien estructurados, ni fundamentados, la Fiscalía perdió el caso técnicamente. El proceso tenía que ser resuelto de forma inmediata y favorable para los acusados. Otorgar estos plazos para corregir errores de la contraparte rompe el principio de igualdad de armas en el derecho penal”, enfatizó el especialista.
A pesar de la hostilidad del entorno, García reafirmó de manera categórica su compromiso inquebrantable con las causas que representa. Al finalizar su intervención, lanzó una severa advertencia y responsabilizó directamente a la actual administración estatal por la seguridad de su círculo cercano:
“No me van a callar, seguiré firmemente en la defensa de los inocentes. Desde ya, hago una acusación pública al gobierno central por cualquier situación o atentado que pueda pasarle a mi persona, a mi integridad física o a la de mi familia”.
Un llamado al gremio en el Día del Abogado
Por su parte, el abogado Luis Rivera aprovechó el marco de la actividad —coincidente con las conmemoraciones del gremio jurídico— para hacer un enérgico llamado de solidaridad y resistencia a todos los profesionales del derecho en El Salvador. Rivera subrayó que ejercer la abogacía de manera independiente y apegada a los principios constitucionales se ha convertido en una labor de alto riesgo en el contexto actual.
“Nuestra profesión no está exenta de la persecución del Estado, pero ante el atropello, nuestra principal herramienta debe ser la denuncia activa del acoso”, manifestó Rivera. Asimismo, el jurista trajo a colación casos emblemáticos de profesionales del derecho que han sufrido el rigor de la criminalización, mencionando de forma explícita las situaciones de figuras como Ruth López y Enrique Anaya, entre otros litigantes e intelectuales jurídicos que, según señaló, enfrentan persecución judicial o reclusión penal debido a sus posturas críticas u opositoras a las directrices gubernamentales.
Solidaridad de las organizaciones de la sociedad civil
La conferencia de prensa contó con el respaldo presencial y el acompañamiento político de una docena de organizaciones dedicadas de forma permanente a la promoción, vigilancia y defensa de los derechos humanos y laborales en el territorio salvadoreño. Los voceros de estos colectivos manifestaron que el acoso a los defensores legales representa un golpe directo al derecho de defensa de toda la ciudadanía.
Lourdes Palacios, representante del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES), reiteró de forma vehemente la necesidad de articular esfuerzos colectivos e internacionales para sostener la labor y la lucha humanitaria que implica llevar la defensa técnica de los considerados presos políticos. Palacios recordó que la criminalización de la disidencia busca desarticular el tejido social organizado.
A su vez, Samuel Ramírez, vocero del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), tomó la palabra para contextualizar estos atropellos dentro del panorama general del país. Ramírez se refirió con honda preocupación a los múltiples casos de detenciones arbitrarias de civiles que carecen de vínculos delincuenciales, señalando que el acoso a los abogados busca dejar desamparadas a miles de familias que exigen justicia y transparencia en las detenciones.
Las organizaciones concluyeron el espacio informativo exigiendo el cese inmediato del hostigamiento policial a los profesionales jurídicos, el respeto irrestricto a la independencia judicial y demandaron a los organismos internacionales de derechos humanos mantener una observación activa sobre el deterioro del Estado de derecho en El Salvador.
