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César Ramírez
@caralvasalvador
La realidad social de 2026 no es producto de una administración, se trata de una comprensión antropológica, social, económica e histórica en un contexto latinoamericano que tiene sus raíces en el autoritarismo del siglo pasado, ese evento de negación de la democracia desencadenó la guerra civil, un conflicto que se prolongó durante doce años, el Acuerdo de Paz contribuyó a elevar el nivel de paz social permitiendo la participación de las fuerzas insurgentes, esa conformación instauró instituciones creíbles como la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, La Asamblea Legislativa con diversos partidos políticos, procesos de elección popular, una Policía Nacional Civil genuina, una nueva Fuerza Armada con modelo educativo de seguridad nacional, pero un día todo terminó bajo el esquema de elecciones y decretos de la Asamblea Legislativa un 01 de mayo de 2021, las fuerzas políticas y la sociedad civil ingenuamente creyeron que la Constitución era el escudo a todo abuso autoritario, ese fue el error estratégico de los políticos, no visualizaron que la Constitución podía ser dinamitada cuando dejaran de existir por un Golpe de Estado Legislativo, no fue una crisis institucional, ni una crisis nacional, en esa oscuridad otro elemento cobró fuerza insospechada: las pandillas terroristas.
Reproduciré fragmentos de artículos publicados en Diario Latino y otros medios sobre el tema.
¿Cómo hemos llegado a esta condición social?
Año 2006: Las pandillas deben recibir mensajes ciudadanos[1]
“Tenemos como nación una herencia negativa de violencia, prueba de ello es el pasado Siglo XX, donde solo por un pequeño lapso se orientó la nación hacia la democracia, pero poco a poco la violencia ha cobrado otro carácter, la violencia masiva de la guerra terminó con el Acuerdo de Paz. A principios del siglo XXI asistimos a un nuevo tipo de violencia que podríamos llamar violencia “cliquera” o violencia “marera”; este fenómeno tiene por objetivo a ciudadanos trabajadores, que indefensos poco pueden hacer frente a estos grupos armados e ilegales. En este aspecto existe un espacio de “ingobernabilidad”, porque el monopolio de la violencia “legal” comienza a agrietarse, como una gigantesca pecera que deja escapar riachuelos de agua, transformada en sangre inocente. Esta violencia “cliquera”, se ha originado en la falta de promoción social, la exclusión en todos los rubros, la falta de oportunidad de trabajo, la herencia negativa de nuestro pasado social, así como los altos niveles de pobreza y analfabetismo, ahora agravado por la expulsión masiva de delincuentes de Estados Unidos. La deportación de delincuentes alivia allá la crisis, pero transfiere acá el problema para los cuales aún no tenemos respuestas efectivas”.
Durante esos años de violencia indiscriminada, la Sala Constitucional declaró terroristas a pandillas MS y 18[2]
“24/08/2015
Declaran como grupos terroristas a pandillas MS y 18
Las pandillas o maras deben ser consideradas grupos terroristas, el gobierno no puede negociar con ellas y tiene que hacer uso de todos los recursos a su alcance para combatirlas, entre ellos fuerzas élite de la Policía o tribunales específicos. Así lo ordenó la Sala de lo Constitucional en una sentencia sobre la constitucionalidad de la Ley Antiterrorista. Fallo prohíbe negociar con esos grupos al margen de la ley. Decisión de la Sala es por demandas contra la Ley Antiterrorista”. Y además el 03JUN016 Inconstitucional las condiciones de hacinamiento en centros de reclusión”. La Sala argumentó que quienes cumplen así sus condenas, en bartolinas policiales así como en otros recintos, tienen vulnerados sus derechos a la integridad física al igual que el derecho a la salud”.
Año 2017 Los grupos de presión y terrorismo salvadoreño[3]
“Existen grupos de presión que son antigubernamentales, no distinguen el daño que ocasionan a los ciudadanos honrados, pero resulta que coinciden con la oposición política que niega la buena voluntad para la gobernabilidad de la nación.
Esta condición no es extraña a la nación, los actos irregulares de todo tipo se multiplican en períodos pre-electorales o electorales, incluso después del evento consultivo ciudadano persisten en negar legalidad al proceso simplemente por haber sido derrotados en la consulta popular.
Recientemente una organización de excombatientes declara que realizarán acciones violentas de no ser incluidos en el presupuesto nacional, son anuncios desafortunados y peligrosos, la constitución especifica quienes tienen iniciativas de Ley, no obstante en épocas pasadas y también en estos años es de sobra conocido que toda amenaza debe tomarse con seriedad, son amenazas que deterioran la seguridad nacional… ¿quién los financia? ¿es constitucional su petición?; a cualquier respuesta asoma un control político desestabilizador, solicitan un imposible económico, así como una petición de extrema dificultad para resolverse; mientras tanto ese grupo irregular se pliega a los intereses de la oposición.
Hace unos días se denunció que vendedores informales realizaron actos terroristas al incendiar el Mercado de Zacamil, según las notas de prensa estos grupos de nuevo se reunieron previamente con directivos del mayor partido opositor, son en pocas palabras otro grupo de presión política, encargados de dañar la gobernabilidad.
En otras circunstancias se conoce la reunión de dirigentes de ese partido opositor con terroristas agrupados en las maras, la saga de aquellas acciones condujo a favorecer a ese partido en el evento electoral, pero a la fecha no se han realizado aún acciones fiscales, esas organizaciones como las nombradas anteriormente son grupos de presión política, lo son porque se identifican con la violencia de grupos irregulares que actúan a favor de intereses políticos.
Si a ello agregamos la constante desinformación en los medios de comunicación, el sabotaje económico que significa no pagar impuestos, negar los votos para el presupuesto nacional que incluye la seguridad, educación, salud etc., son en conjunto grupos orquestados para crear el caos y disminuir la imagen positiva de un buen gobierno.
La situación ya no es una polarización política puesto que se ha rebasado la legalidad constitucional, más bien parece la pérdida del control político de esos grupos delictivos que en lugar de avanzar hacia la democracia, la legalidad, el orden institucional se convierten en antisistema y terroristas, en pocas palabras se pierde la gestión democrática”.
Estos breves fragmentos connotan una evolución que pronosticamos:
1 Genética de violencia como solución a todo problema social
2 Calificación de terroristas a los grupos pandilleros
3 Ausencia de un tratamiento político a las pandillas
4 Crecimiento de organizaciones terroristas y antisistema, instrumentalizado por la clase política.
Eso resumiría en términos empíricos los años: 2006-2017 del fenómeno de grupos armados irregulares denominados maras.
Pacto con maras instrumento de política de Estado
La clase política usó este método para influir en las elecciones, se corrompió todo el modelo democrático con enormes consecuencias sociales.
A partir del año 2019 se inicia una nueva administración gubernamental, el 01de mayo de 2021 se abolió instituciones legales como la Corte Suprema de Justicia, Magistrados de la Sala constitucional, meses después promovió la reelección presidencial inconstitucional, reformas constitucionales sin consulta popular, no se llamó a Asamblea Constituyente etc.…
Pacto con pandillas en el sustrato de la realidad nacional
El FMNL 2009-2019 en su administración promovió un diálogo con pandillas para su desarme y desmovilización -al menos así se anunció en prensa- sin embargo, esta situación se abandonó por el inicio de una lucha frontal contra las pandillas por el chantaje de elevar muertes de civiles en momentos electorales.
Referencias de pacto con pandillas
2019-2021 Existen negociaciones secretas para aliviar demandas de pandillas.
2021 Estados Unidos sanciona involucrados en ese pacto, el mes de diciembre.
2022 finalizó pacto en marzo de ese año[4].
Pruebas de pacto con pandillas
El pacto de pandillas y gobierno es una larga data ocultados hábilmente por diversos mecanismos, pero la investigación periodística: El trato: Trump, Bukele y las pandillas de El Salvador de El Faro y FRONTLINE (PBS)[5] demuestra las pruebas de ese proceso destructivo para el modelo social.
Así llegamos a este momento en 2026 con la denuncia de: 33,000 detenidos por Bukele no figuraban como pandilleros en registros policiales[6], según el periódico ELPAIS de España; los seculares del gobierno afirman es un daño colateral… hasta parece que tenemos los días contados por escribir historia. amazon.com/author/csarcaralv
[1] https://www.amazon.com/gp/product/B01C9C1RAI?ref_=dbs_m_mng_rwt_calw_tkin_0&storeType=ebooks&asin=B01C9C1RAI&revisionId=92dc11d2&format=3&depth=1
[2] https://historico.elsalvador.com/historico/499743/cronologia-de-las-sentencias-de-la-sala-de-lo-constitucional-que-mas-impactaron.html
[3] https://www.amazon.com/Democracia-periodismo-desconfianza-pol%C3%ADtica-Colatino-ebook/dp/B079WQ8PMD?ref_=saga_dp_bnx_dsk_dp&asin=B079WQ8PMD&revisionId=c10cb851&format=3&depth=1
[4] Datos reseñados en: “Cronología del pacto entre gobierno de Bukele y las pandillas /Oscar Martínez y Daniel Reyes 18ENE023” https://elfaro.net/es/202301/el_salvador/26676/Cronolog%C3%ADa-del-pacto-entre-el-Gobierno-de-Bukele-y-las-pandillas.htm
[5] https://beta.elfaro.net/el-salvador/el-trato-trump-bukele-y-las-pandillas-de-el-salvador
[6] https://elpais.com/america/2026-03-28/mas-de-33000-detenidos-por-bukele-no-figuraban-como-pandilleros-en-los-registros-policiales.html
