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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Con 44 votos de los parlamentarios de la Asamblea Legislativa, se aprobó el informe de la Comisión Especial que investiga la colocación de títulos y préstamos en los mercados nacionales e internacionales por parte del Estado salvadoreño, así como el uso de dichos recursos y de cualesquiera otros obtenidos de empréstitos o donaciones o reorientados del presupuesto general, dentro del marco de la pandemia COVID-19.
El presidente de la comisión, René Portillo Cuadra señaló la noche del jueves de plenaria que de acuerdo a lo planteado por el presidente del Banco Central de Reserva, el Ejecutivo sí tuvo recursos para manejar la pandemia, fueron alrededor de $4,500 millones que sirvieron para financiar la salud y la compra de granos básicos para el programa de Emergencia Sanitaria, y los $300 que se le dieron a la población a inicios de la cuarentena para paliar un poco el desempleo y el hambre.
De igual forma, durante las sesiones de trabajo que realizó la comisión, y especialmente cuando se sostuvo con el exministro de Agricultura, Pablo Anliker, se le cuestionó las contrataciones de servicios y bienes superiores a los ingresos que había recibido como Ministerio de Agricultura. Por ejemplo, el MAG reportó adquisiciones y compras directas vía FOPROMID por $207 millones pero también reportó un presupuesto de $91.3 millones, algo que no concordó.
Este informe generó diversas opiniones. El subjefe de fracción del FMLN, Jorge Schafik Hándal dijo que existen 83 casos conocidos públicamente manejado sobre corrupción generada precisamente por fondos que se probaron para la pandemia.
Como voz del FMLN, Hándal dijo que respaldaron el informe, que pasó por el Pleno, por el mal manejo de los recursos asignados para la pandemia por parte del Ejecutivo
Hándal afirmó que quedó demostrado que no solamente existió abuso, sino también corrupción. Por lo tanto, dentro de las indagaciones del informe que se mandará al Fiscalía General de la República, esta institución, deberá proceder, comentó.
Mientras, el jefe de fracción del partido en Gobierno, Guadalupe Vásquez manifestó que esta comisión se formó para tratar de frenar todo el trabajo que estaba haciendo el Gobierno Central a raíz de las solicitudes de fondos que hacía a la Asamblea Legislativa.
También dijo que la Asamblea no es un Tribunal, ni Corte de Cuentas de la República, ni Fiscalía para fiscalizar los fondos, “puede tener opiniones pero no es vinculante, obviamente, que la única institución llamada a poder auditar recursos del Estado es la CCR, esta comisión fue eminentemente política para atrasar lo que venía viendo y buscar cómo sacaban una raja política en las elecciones, pero creo que las cosas le salieron al revés”, enfatizó.
Opinión muy similar tuvo el diputado del PCN, Reynaldo Cardoza, quien aseguró que es la Corte de Cuentas de la República, porque son ellos los que “han hecho ya unas auditorías y no han dado el informe final. Yo creo habría que esperar que la CCR sea la responsable y la que delimite si en realidad han habido fondos que no aparecen”.
Cardoza defendió al Ejecutivo respecto al desembolso de 300 que hizo el Gobierno Central a salvadoreños para paliar el desempleo que se había generado por la cuarentena debido a la pandemia de la COVID-19.
“Yo sí creo que los 300 dólares llegó a la población al menos en mi departamento de Chalatenango la mayoría de la gente obtuvo esos 300 dólares y eso benefició mucho en el tema de la pandemia por no laborar en ese momento.
No creo que ese dinero se lo haya hueviado al Estado, yo creo que ese dinero llegó al pueblo salvadoreño”, expuso Cardoza.
Sin embargo, en informe preliminar la Corte de Cuenta de la República manifestó que hay cien mil beneficiarios que no aparecen.
La instancia legislativa, como parte de su trabajo a lo largo de sus reuniones, escuchó a diferentes funcionarios como el presidente del Banco Central de Reserva, los ministros de Salud, Agricultura y Ganadería, así como de Obras Públicas y Transporte, los únicos que no atendieron las convocatorias fueron el titular de Hacienda, Alejandro Zelaya, y el exministro de Gobernación, Mario Durán, a quien este último se le cuestionaba sobre el manejo del FOPROMID.
El presente informe se certificará a la CCR y FGR para que realicen un proceso de investigación pertinente.
