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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“La Ley General de Recursos Hídricos no toma en cuenta a la población vulnerable como nosotros que somos Pueblos Indígenas. Y pensar que ellos están sentados en esos lugares por nosotros, deberían tomar en cuenta y en especial a las mujeres indígenas”, expresó Omelina Méndez, integrante de la Mesa por la Sustentabilidad de los Pueblos Indígenas (MESUTSO).
Omelina Méndez, residente en Barrio El Calvario, Santa Catarina Masahuat, Sonsonate, mostró su preocupación e incertidumbre ante la Ley General de Recursos Hídricos aprobada en diciembre de 2021 por la bancada oficial del partido Nuevas Ideas. Al reiterar que las propuestas de la población y las organizaciones sociales sobre la realidad del acceso al agua en el país fue eludido deliberadamente por la Asamblea Legislativa.
“Como mujeres e indígenas esa ley del agua afectará a las comunidades y mucho más a las mujeres indígenas que tenemos que acarrear el agua, porque estamos a cargo del hogar y esta situación que estamos -los granos básicos encarecidos- seremos más vulnerables”, acotó.
La lideresa destacó que no se “ven reflejados” dentro de la ley como Pueblos Indígenas, por lo que consideró, que esto da un espacio legal para que la empresa privada, por estar más visible, obtenga la prioridad y beneficios en el acceso al agua, así como las cantidades que consumen de los bienes naturales nacionales.
“A nosotros nos llega el agua cuatro veces a la semana, una hora al día, aunque hay otras comunidades sin agua y, recientemente, nos hemos enterado que el agua que consumimos proviene de Juayúa de Molunca. El alcalde nos ha dicho que el agua se tomaba de un rebalse, pero ahora esa agua ya la tomó ANDA, entonces, nosotros como población saldremos más afectadas porque aumentara el costo”, advirtió.
En concordancia, Magdalena Cortez, directora de la Fundación Maquilishuat (FUMA) y miembros de la MESUTSO, consideró que el recelo de la población de las comunidades indígenas y de las organizaciones sociales, sobre el contenido de la Ley Nacional de Recursos Hídricos se debe al manejo que hizo la comisión Ah hoc, del órgano legislativo, sobre el tema del agua.
“Muchas organizaciones se presentaron e hicieron sus planteamientos, pero ahora el articulado (de la ley) deja entrever la privatización del agua, o el uso del agua con mayor potencialidad de las grandes empresas y no para el consumo doméstico de las comunidades”, manifestó.
Y agregó que “hay un enunciado que habla del derecho humano al agua, pero en su articulado hay una concesión de grandes cantidades de agua a las empresas con permisos amplios como 15 años de explotación, entonces, todo esto realmente preocupa, y claro, son las que sufren mayor impacto”, señaló Cortez.
Sobre los pueblos con raíces indígenas como Nahuizalco, Santa Catarina Masahuat, Santo Domingo de Guzmán, Sonzacate, San Julián y Sonsonate, Cortez argumentó que son comunidades que vienen librando batallas desde muchos años atrás, con el tema ambiental y los bienes naturales que consideró “por derecho les corresponden”, por tanto, se sumaban a la lucha por una ley con un espíritu de derechos humanos.
“Es un poco difícil hablar que podemos influir en la redacción del Reglamento que dará vida a la Ley General de Recursos Hídricos. ¿Por qué?, porque esa comisión Ad-hoc se creó para aceptar y no para debatir, y esos diputados no establecieron un diálogo con las comunidades. No lo hicieron ni con las organizaciones de mujeres o las comunidades”, reiteró. “Y creemos que el reglamento tampoco lo van a discutir, sin embargo, las comunidades han decidido seguir en pie de lucha social, hasta lograr que el agua no se privatice, que se reconozca que es un derecho humano pero de forma real, no solo un enunciado”, manifestó Cortez.
Investigaciones realizadas por hidrólogos de organizaciones ambientalistas como la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) han reiterado en sus planteamientos que el agua se debe tomar como el “eje central” de cualquier normativa de regulación, control, monitoreo o distribución a nivel nacional.
Por lo que consideran prioritario activar los enunciados de la normativa para su cumplimiento, que deben iniciar con acuerdos concretos en el tema de otorgamiento de los “permisos ambientales”, que los han señalado como “atraso del desarrollo”, por los sectores de la construcción para sus complejos urbanísticos o resorts turísticos. La UNES, consideró que es una subestimación frente a los impactos ambientales que se generen en el territorio nacional.
Igualmente, señalan que cualquier emprendimiento empresarial genera una problemática como los “vertidos del agua”, y que al evaluar esta situación se tiene conocimiento que el 90% del volumen del agua que se utiliza en las distintas actividades productivas no ha sido tratada y esto constituye un problema, con la calidad de agua en los ríos.
Asimismo, la investigación de la UNES agrega también la “cantidad” del uso del agua, que es tan dispar el consumo de la población frente a los procesos productivos industriales o agrícolas que demandan “grandes caudales”, los que deben estar disponibles para su inversiones.
“Se debe conocer cómo se usa, se cuida, se limpia y cómo con el uso de la tecnología se puede optar a usar menos agua en los procesos. Especialmente, la agricultura con mejores métodos de riego, por ciclos de cultivo y otros métodos para cuidar el agua, pero se necesita poner el agua como eje central”, afirmó la UNES.
En cuanto a la cantidad y abastecimiento del agua, señalan en su informe que podría realizar un proyecto de abastecimiento total a la población, porque la demanda de uso del agua es una pequeña cantidad, frente al 70% que retoma la agricultura y luego la producción industrial.
“El abastecimiento del agua puede realizarse, pero está mal distribuido por ahora, porque no hay agua en todas las zonas. Hay cuencas que tienen agua subterránea y otras cuencas que tienen su agua superficialmente, entonces, se debe trabajar de diferente manera en su aspecto técnico”, reitera el estudio.
Debe destacarse que existe un sistema de información hídrica del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que UNES dice tiene una buena cantidad de información tanto de volúmenes del agua como su uso, pero lamentaron que por ahora no pueden confrontarse por falta de registros más actuales.
“Se podrán manejar acciones del cuido del agua y de la manera correcta para realizarlo si no podrán avanzar, se debe evaluar todo esto en un contexto más grande, tener voluntad política y fortalecer la institucionalidad para manejar el agua y comienza por dar permisos ambientales a mega construcciones”, argumenta. “Hay un dato reciente con el nuevo estadio en el municipio de Antiguo Cuscatlán, un lugar que no es adecuado porque va a sellar una parte de la cuenca alta donde pasa el agua y cuando ya no pueda infiltrarse en los acuíferos las inundaciones serán mayores porque va a escurrir más agua y toda esta va a afectar a las comunidades que están abajo y esto debe cambiar”, reiteró la UNES.
