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Redacción Nacionales
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Los Estados Unidos pidió que el Gobierno de El Salvador respete los derechos humanos, que combata la corrupción e impunidad procesando a funcionarios vinculados a actos de corrupción, para así acceder a los fondos de cooperación que el país norteamericano pretende dar a países del triángulo norte.
A través del presupuesto para el ejercicio fiscal de 2023, aprobado el 29 de junio por el Comité de Asignaciones de la Casa de Representantes de Estados Unidos, el principal socio comercial de El Salvador asigna fondos de cooperación a naciones extranjeras, entre ellas, Guatemala, Honduras y El Salvador. En total serían $240 millones para las tres naciones en el 2023, pero de ese monto el 60%, está con un candado, que los gobiernos tienen la llave.
Los fondos para El Salvador están condicionados a respetar diferentes requisitos. Por ejemplo, deberá implementar programas para fortalecer el Estado de Derecho, las garantías para los defensores de derechos humanos y periodistas, así como una política para reducir la pobreza.
El gobierno estadounidense dispondría de los siguientes fondos: $65 millones para combatir el crimen, la corrupción, la impunidad y promover los derechos humanos, $75 millones para prevenir el problema de la violencia contras las mujeres y niñas y aproximadamente $100 millones para el desarrollo de las comunidades.
El comité condiciona que, si El Salvador quiere acceder y hacer uso de los fondos, debe combatir la corrupción e impunidad incluyendo las investigaciones y persecución de funcionarios, policías, militares señalados en actos de corrupción.
Los funcionarios de Bukele señalados en actos de corrupción que fueron plasmados en la Lista Engel el año pasado están: Martha Carolina Recinos de Bernal, jefa de gabinete de Nayib Bukele, Conan Tonathiu Castro Ramírez, secretario jurídico de la Presidencia, Rolando Castro, ministro de Trabajo y Previsión Social, Osiris Luna Meza, director de Centros Penales, Rogelio Eduardo Rivas Polanco, exministro de Seguridad, Pablo Salvador Anliker Infante, exministro de Agricultura.
A la fecha, el GOES no ha iniciado una investigación sobre los mencionados, al contrario, deslegitimó la lista.
