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Educación ¿para qué?

Luis Armando González

No es infrecuente escuchar en algunos ambientes educativos expresiones como las siguientes: “el cómo de la educación es importante”, decease “el qué de la educación no se debe descuidar” y “el qué y el cómo de la educación van en el que esas expresiones salen a relucir el qué de la educación hace referencia de la mano”. En el contexto de  la discusión, sovaldi el qué se refiere los contenidos, pharm mientras que el cómo hace referencia a lo didáctico-metodológico en la dinámica de enseñanza-aprendizaje. Y vaya que ambas dimensiones del proceso educativo son imprescindibles.

Una pregunta que no suele formularse es la del para qué de la educación. Es decir, para qué se educa a la gente de una determinada manera, cuáles son los fines que se persiguen de un determinado proceso educativo. No se trata de una pregunta irrelevante, sino que bien vistas las cosas es la pregunta fundamental, ya que es ella la que da sentido pleno al conjunto del proceso educativo. O dicho de otro modo: siempre se educa para determinados fines, siempre se educa para unos determinados propósitos que son lo que determinan los énfasis puestos en los qué (contenidos) de la educación, al igual que en sus cómo (didácticas y metodologías de enseñanza).

Los fines de la educación no son los mismos en todas las épocas y lugares. Cambian históricamente, se definen y redefinen según los contextos y las relaciones de poder predominantes en una sociedad.  Porque la educación tiene que ver con el poder, con la forma cómo este se distribuye y concentra, pero también con su cuestionamiento y crítica. La educación no es, pues, ajena a las relaciones y conflictos de poder: es desde estas relaciones y conflictos (tal como estos cristalizan en el Estado) que se suelen determinar los fines (el para qué) de la educación.   

En un mundo ideal, la educación desde sí misma debería determinar sus propios fines. Pero en el mundo real la educación es uno de los ámbitos de la sociedad, en interdependencia con (o a veces en llana dependencia de) otros, entre los cuales los predominantes son el político y el económico. Es desde estos ámbitos desde donde se imponen unos determinados fines a la educación, mismos que se traducen en unos qué y cómo también determinados.

Esa determinación de los fines de la educación desde “fuera de ella” ha sido por lo general algo nefasto para las sociedades. Y ello porque en infinidad de experiencias esos fines han apuntado a reproducir, desde la escuela y en la escuela, relaciones de poder excluyentes e injustas. Es decir, en infinidad de experiencias históricas se han asignado a la educación unos fines contrarios a la humanización, tal como esta se va fraguando y configurando históricamente.

En buena parte del siglo XX latinoamericano (y salvadoreño) los fines que se fijaron para la educación caminaron por dos carriles: (a) preparar (“educar”) a las personas para vivir bajo unos regímenes autoritarios (con la sumisión, la disciplina y el orden propios de estos regímenes) y (b) preparar (“educar”) a las personas para integrarse laboralmente a un esquema de producción dominado por la agricultura de mono exportación, con sus ramificaciones en el trabajo artesanal y un sector de servicios sumamente reducido.

Se trató, en consecuencia, de una educación pobre de contenidos y pobre de metodologías; se trató de una educación autoritaria, memorística, poco crítica, sin profundidad teórica y analítica, y concentrada en los grados básicos (los ejemplos de personas que llegaron hasta el tercer o cuarto grado y que dominaron la escritura y las reglas aritméticas básicas eran abundantes en las primeras cuatro décadas del siglo XX; no es extraño que las generaciones de los noventa en adelante tengan un abuelo o bisabuelo con esa formación básica que, por supuesto, les sirvió para vivir).   

La transformación económica de los años 40, 50 y 60 –siempre en América Latina— impuso uno fines particulares a la educación. La necesidad de contar con un segmento poblacional con competencias técnicas, por un lado; y, por otro, las exigencias básicas de la democracia en esa época abrieron las puertas a reformas educativas modernizantes que, en algunos países, dieron vida a sistemas educativos coronados con centros de enseñanza técnica y superior de envergadura (o al reforzamiento académico y presupuestario de instituciones ya existentes). La urbanización y el surgimiento de una clase media bien definida dieron vida a demandas educativas inexistentes en la época oligárquica tradicional.

Los golpes militares de los años sesenta y setenta dieron al traste, en América del Sur, con estas reformas y nuevos fines (autoritarios y eficientistas en lo técnico) se impusieron a la educación. Los militares querían reformar las economías de sus países –en sintonía con las recetas neoliberales (tal como lo anota Naomi Klein en su libro La doctrina del Shock)—, pero no les interesaba el fomento de la crítica y la reflexión, ni siquiera les interesaba la ciencia en cuanto tal. Querían técnicos de la economía y la administración, litigantes empresariales y asesores de imagen para las empresas transnacionales que buscaban afianzar su poder en la región.

Con la democratización de los años ochenta y noventa, se plantearon no sin dificultad nuevos fines a la educación que se cruzaron con los fines impuestos por el neoliberalismo. Distintas reformas educativas –incluyendo la realizada en El Salvador a mitad de los años noventa— reflejaron este cruce de fines: fines orientados a la formación de ciudadanos críticos, reflexivos e informados, y fines orientados a formar personas competitivas, ambiciosas y con las destrezas para ubicarse en los servicios (turismo, comercio, finanzas) o en la industria maquilera. Al final, estos últimos fines terminaron por imponerse, socavando las bases de un proceso educativo encaminado a cumplir con los primeros.

Y es que si los fines de la educación apuntan a la formación de ciudadanos críticos, reflexivos e informados, los contenidos de la educación requieren de una determinada consistencia científica, filosófica y ética, y la didáctica y metodología deben ponerse en sintonía con esos contenidos y aquellos fines.

No fueron, sin embargo, estos los fines educativos que se impusieron en distintos países latinoamericanos, incluido El Salvador.  Para el caso, los fines que se impusieron en nuestro país tuvieron que ver con las exigencias de un modelo económico terciarizado, maquilizado, transnacionalizado, neoliberal y remesero. Esto hizo que entre 1996 y 2009 la educación salvadoreña –en sintonía con los fines que le fueron asignados desde las instancias de poder político y económico de ese momento— se sometiera a las dinámicas mercantilistas predominantes, apuntalando las “competencias” exigidas por el modelo económico emergente.

A la zaga de esta apuesta quedaron las exigencias de formar ciudadanos críticos, reflexivos y comprometidos con la democracia. La formación educativa sólida desde criterios científicos y éticos se hizo a un lado; el tecnincismo, el didactismo y lo fácil se erigieron en paradigma de un quehacer educativo que encauzó sus energías hacia la formación de unos ciudadanos políticamente pasivos, culturalmente conservadores y económicamente consumistas y “emprendedores” de cualquier actividad –legal o ilegal—que los pusiera en el camino del éxito fácil, de los lujos y de la ostentación.

Imponer esos fines a la educación fue ciertamente desastroso desde un punto de vistas social y cultural. Al empobrecimiento material se añadió un empobrecimiento mental de graves consecuencias para la construcción de una sociedad más armoniosa, justa y solidaria.

En 2009, cuando parecía que los fines de la educación seguirían siendo los fijados en 1996, una oportunidad de oro se hizo presente en El Salvador, cuando el FMLN  abrió una grieta en el esquema de dominación predominante y creó las condiciones para la irrupción de un nuevo enfoque educativo, asentado en unos fines distintos a los vigentes.

Si hasta mayo de 2009, los fines de la educación habían sido impuestos por las exigencias de un modelo económico terciarizado, desde junio de ese año se comenzó a poner a la educación en función, no del mercado, sino del ser humano en todas sus manifestaciones. Es decir, la nueva correlación de poder, inaugurada con el arribo del candidato del FMLN a la presidencia de la República en marzo de 2009, permitió que se replantearan los fines de la educación; permitió que esos fines fueran la formación de ciudadanos críticos, reflexivos, informados, tolerantes y comprometidos con los problemas de su país, de la región y del mundo. O en otras palabras, la formación de ciudadanos con una visión crítica (no distorsionada) de la realidad, participativos y dispuestos al compromiso con el bien común.

Poner en limpio esos fines no fue tarea fácil, sobre todo por los prejucios y los ataques ideológicos que se lanzaron en contra del Ministerio de Educación y sus titulares –sobre quienes recayó la tarea de liderar su formulación. Lo más difícil, sin embargo, vino después, ya que una cosa fue plantear los nuevos fines de la educación o otra muy distinta concretarlos.

Y es que esa concreción no es algo inmediato ni de corto plazo. Ni tampoco está exenta de complicaciones y obstáculos. Para comenzar, una primera gran tarea ha consistido en redefinir el qué y el cómo enseñar a partir de los nuevos fines de la educación. Se trata de un qué y un cómo que han ganado complejidad y profundidad, para estar en sintonía con esos nuevos fines. Ha quedado claro que para el cumplimiento de éstos la calidad de la educación –anclada en sólidos conocimientos científicos (disciplinares) y éticos, y en unas metodologías innovadoras y creativas— es fundamental. Ha quedado claro que para dicho cumplimiento el conocimiento debe vincularse a la práctica, a la transformación de los entornos locales y nacionales. Ha quedado claro que aquellos fines no pueden cumplirse sin un sistema educativo que sea inclusiva. Estos cambios ya han comenzado a operar en la práctica, pero el camino que queda por recorrer es largo.

Otra gran tarea ha consistido en poner en marcha una serie de transformaciones institucionales que permitan al Ministerio de Educación asegurar el cumplimiento de los nuevos fines de la educación. Aquí, se han dado pasos extraordinarios, pero todavía queda mucho por hacer. El cambio institucional que se está operando en el Ministerio de Educación todavía no está terminado; y sin el mismo el soporte de los cambios en la calidad de la educación que conduzcan a realizar sus nuevos fines no estará asegurado.

En fin, a estas alturas, los nuevos fines de la educación están claros; es claro también que esos fines sólo se lograrán a partir de una mejora sustantiva en la calidad de la educación (entendida de una manera no reduccionista) y en la creación de dinámicas de inclusión educativa, que deberán ser aseguradas por el liderazgo ministerial (en cumplimiento de una misión constitucional). Se está avanzando, aunque no con la celeridad que muchos quisieran, en la puesta en marcha de los cambios institucionales, curriculares, de formación de maestros y de inclusión que permitan cumplir los nuevos fines de la educación. Estos son fines de mediano y largo plazo; no son fines a lograr en 2014 o en 2019. Se está trabajando por ellos desde ya, pero hay que seguir trabajando por ellos en el siguiente quinquenio; hay que asegurar que se conviertan en una política de Estado.

Tomado de Luis Armando González, Educación, conocimiento y emancipación. San Salvador, EDIPRO, 2014, pp. 25-30.

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