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Una mujer observa los restos dentro de una estación de policía saqueada en Sacaba, provincia de Chapare, Cochabamba. La violencia en Bolivia no cesa, mientras en el senado se discutirán dos proyectos de ley para convocar a elecciones. [Foto Ronaldo Schemidt / AFP]

Dos proyectos de ley para nuevas elecciones discutirá el congreso de Bolivia

La Paz / AFP

Raúl Burgoa

Tanto la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, como el partido del derrocado presidente Evo Morales, Movimiento Al Socialismo (MAS), introdujeron el miércoles sendos proyectos de ley para convocar a elecciones generales.

Áñez envió al Congreso su proyecto de ley para convocar a elecciones generales, un mes después de los comicios de 20 de octubre que marcó el estallido manifestaciones violentas que dejan 32 fallecidos.

«Este proyecto puede ser perfectible, quisiéramos, como gobierno, que se lo considere como un documento base para generar un consenso nacional», afirmó la mandataria en una conferencia de prensa. El proyecto de ley también propone elegir nuevas autoridades del organismo electoral.

El proyecto es un paso importante para normalizar el país, convulsionado tras la anulación de los comicios de octubre, mientras la OEA le demandaba «urgentemente» desde Washington que lo haga.

Asimismo la bancada del Movimiento Al Socialismo, partido del derrocado presidente Evo Morales, entregó esta jornada al Senado, donde es mayoría, un proyecto de ley que anula las elecciones de octubre, elige un nuevo Tribunal Supremo Electoral y llama a nuevos comicios. El documento fue enviado a análisis de una comisión.

Mientras, la fiscalía confirmó el miércoles la muerte de ocho personas en enfrentamientos la víspera, con lo que el número de fallecidos subió a 32 desde que estalló la violencia social en el país hace un mes, según cifras oficiales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Tras autonombrarse presidenta del país hace una semana, tras el golpe de Estado contra Evo Morales, Áñez, una senadora de derecha de 52 años, asumió la prioridad de convocar a elecciones, así como la formación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE), ente encargado de convocar y organizar comicios, luego de que todas sus autoridades fueron detenidas.

Delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Iglesia católica y del Ejecutivo buscan consenso para pacificar el país en un proceso que es observado de cerca también por la Unión Europea y Naciones Unidas.

La OEA aprobó el miércoles en Washington una resolución para pedir que Bolivia llame «urgentemente» a nuevas elecciones, instando a los bolivianos «al inmediato cese de la violencia» y pidiendo a las autoridades garantizar «de manera plena e irrestricta» la protección de los derechos humanos.

Morales, desde México donde está asilado desde la semana pasada, señaló que mientras el Congreso no acepte o rechace su renuncia, él sigue siendo presidente del país.

«No permiten que vuelva a Bolivia, si la Asamblea (Congreso) no ha evaluado mi renuncia yo soy presidente, además soy presidente electo en primera vuelta» en las elecciones del 20 de octubre, reclamó.

– Morales denuncia «masacre» –

Morales, el primer presidente indígena de la historia del país renunció el pasado 10 de noviembre, tras casi 14 años en el poder, después de anular unas elecciones tachadas de fraudulentas por la Organización de Estados Americanos, y luego de tres semanas de presión popular y de perder el apoyo de policías y militares.

Sus partidarios denuncian un «golpe de Estado» y exigen la salida de la derechista Áñez, con manifestaciones que se han tornado violentas.

Un choque entre partidarios de Morales y un operativo policial-militar en una planta de carburantes en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, dejó ocho muertos el martes, según un nuevo balance de la fiscalía.

Morales pidió la CIDH y a la ONU «denunciar y frenar esta masacre de hermanos indígenas que piden paz, democracia y respeto a la vida en las calles».

«Esta masacre es parte de un genocidio», afirmó.

La CIDH anunció que enviará el viernes una misión a Bolivia para «observar la situación de los derechos humanos», luego de criticar un decreto de Áñez que exime a los militares de cargos penales si se generan víctimas en sus tareas de mantener el orden.

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