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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Como temas pendientes catalogaron los diputados de la Asamblea Legislativa los convenios que el gobierno central pidió al congreso su ratificación, los cuales se centran en derechos laborales que, por años la clase trabajadora ha exigido. En sí, los convenios son: el 102, sobre norma mínima de seguridad social, el 148, sobre los riegos profesionales debido a la contaminación del aire, ruido en el lugar de trabajo, el 154, sobre la negociación colectiva en la administración pública, el 183, sobre la protección a la maternidad, y el 190 sobre eliminación de la violencia y acoso en el lugar de trabajo.
La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, dijo apoyar los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero el mérito es de los sindicatos, movimientos sociales y las organizaciones que promueven derechos laborales en El Salvador-
El diputado de GANA, Numan Salgado, sostuvo que estos convenios que la Asamblea ratificará “es una deuda que teníamos desde administraciones anteriores de esta Asamblea Legislativa”, pues en los convenios llevan marcados beneficios a los trabajadores.
Una opinión similar compartió el legislador Johnny Wright Sol, de Nuestro Tiempo, pues afirmó que han estado pendiente en la legislación salvadoreña y dentro de las políticas públicas, “me parece que su ratificación sería un paso importante pero insuficiente, posterior a la ratificación, se deben desarrollar o reformar legislaciones vigentes para garantizar esos derechos”.
Además, el Gobierno anunció que crearán una unidad de asistencia para los trabajadores que requieran de algun abogado sobre sus procesos cuando son despedidos injustamente y elevan el caso a los tribunales.
Al respecto, Salgado lo ve con buenos ojos, porque “es algo que viene a favorecer a los trabajadores. Actualmente, hemos visto en los tribunales que cuando un trabajador tiene una demanda contra su patrono, muy difícilmente tiene el acompañamiento de abogados”, esto debido a que, en muchos de los casos, el trabajador pelea una indemnización por debajo de lo que le costará un abogado”.
Claudia Ortiz agregó que lo más acertado sería “ocupar la institucional” que ya existe para defender a la clase trabajadora, “para eso está la Procuraduría General de la República, que tiene un área sobre el tema laboral, son defensores públicos de los trabajadores que no pueden pagar un abogado, allí está el recurso”.
