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Diputados afines a Bukele aprueban ley para blindar a posibles funcionarios corruptos

Samuel Amaya
@SamuelAmaya98

Con 63 votos se aprobó la iniciativa del diputado José Urbina, de Nuevas Ideas, para que se emita la “Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de la salud pública, ocasionadas por la pandemia”, la cual hace innecesario la Ley LACAP, ya que con lo aprobado por los diputados, se habilitará un mecanismo de compra directa para medicamentos para precaver o contrarrestar los efectos del COVID-19.

Esta ley consiste en uso de vacunas antivirales así como insumos para tratar de curar o prevenir otras enfermedades. El Ministerio de Salud tendrá la autorización para realizar compras de manera directa evitando el proceso de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), de igual forma tendría efectos retroactivos desde que el momento que la Organización Mundial de la Salud emitió la emergencia por la pandemia de COVID-19.

Esta ley pasó con dispensa de trámite, a pesar de que la oposición quiso que se discutiera en la respectiva comisión. Sin embargo, el diputado de Nuevas Ideas Jorge Castro respondió: “He oído hablar de cuál es la premura ante esta ley y la respuesta es ‘vidas’. Me parece increíble que hagan aseveraciones del tipo de contratación, aquí no está en discusión el tipo de contratación, si no la compra en situación de emergencia”, expuso.

En otras palabras, a los diputados de Nuevas Ideas no le interesó cómo, y de dónde se sacarán los recursos, sino que lo que les interesa es que el Gobierno compre dichos insumos para contraer la pandemia, según las declaraciones de los parlamentarios.

La diputada Anabel Belloso, del FMLN, sostuvo que “con esta ley exprés, quieren arreglar los chanchullos”, refiriéndose a los múltiples casos de investigación por corrupción que tienen funcionarios del Ejecutivo.

Las declaraciones de la diputada del FMLN fue con base a la iniciativa presentada por Nuevas Ideas, ya que se garantizará la inmunidad “para personas y entidades que operan en el sector de salud ante demandas y denuncias judiciales o administrativas y estarán exentas de responsabilidad civil, penal o comercial u obligación de indemnizar que surja por o que esté relacionado con cualquier producto o servicio para tratamientos médicos o con su desarrollo, administración o uso, dentro del contexto de una situación excepcional de salud pública ocasionada por la pandemia”.

El diputado de ARENA, Rodrigo Ávila sostuvo que lo aprobado por los parlamentarios “es una especie de blindaje a todas luces. Aquí lo que se está tratando de montar es un blindaje para todos aquellos casos que han sido señalados y que ya están en vías de investigación”. “Lo que se busca es blindar a posibles funcionarios corruptos”, acotaron los diputados de oposición.

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