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Redacción Nacionales
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La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa respaldó una iniciativa para reformar la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, con el propósito de incorporar a nueve instituciones públicas, a la Comisión de Protección Civil para atender emergencias, entre estas figuran: Ministerio de Salud, Vivienda y Defensa en las tareas del organismo.
Los diputados emitieron un dictamen favorable para reformar la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, vigente desde 2005. La enmienda se aplicaría al inciso 2 del artículo 8 del cuerpo normativo, en el que se establece cómo debe estar conformada la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, encargada de coordinar las acciones de prevención de riesgos y actuar de manera articulada ante situaciones de emergencia o desastres en el territorio nacional.
El objetivo de la reforma, propuesta por el titular de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, es sumarle más instituciones a dicho organismo para “adecuarlo, actualizarlo y que sea de beneficio para la población”, según información legislativa.
Actualmente, la Comisión la conforman solo el ministro de Gobernación, quien ejerce como presidente de esta, y el director general de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.
Si se aprueba la reforma, se incorporarán los titulares o representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores, de Vivienda, de Salud, de Agricultura y Ganadería; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Obras Públicas y de Transporte. También, las carteras de Defensa Nacional, Educación, Ciencia y Tecnología, así como la Policía Nacional Civil (PNC).
Además, habría dos representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), quienes serían elegidos por el presidente de la República de entre dos ternas propuestas por la gremial, así como tres asociaciones o fundaciones relacionadas con la protección civil, prevención y mitigación de desastres, en representación de la zona occidental, central y oriental del país.
Amplían plazo para que familias legalicen inmuebles adquiridos a PROCADES
En esta misma comisión, los diputados aprobaron prorrogar, hasta el 12 de octubre de 2031, la vigencia de la ley especial que permite legalizar inmuebles adjudicados al Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) para transferirlos a las familias que se los compraron a la Asociación Salvadoreña de Promoción, Capacitación y Desarrollo (PROCADES).
Este organismo, en 1998, vendió propiedades a 245 familias de diferentes zonas del país, pero no les entregó los títulos de propiedad. Para que pudieran resolver su situación, en octubre de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó la normativa, que estaría vigente hasta el 11 de octubre de 2026.
Desde su implementación, 149 familias se han beneficiado con la entrega de las escrituras debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad. Cuando se apruebe la normativa, al menos 96 familias que aún tienen trámites pendientes que realizar podrían completar los requisitos establecidos en la normativa y avanzar con la legalización de los inmuebles.
La normativa aprobada hace cinco años establece un mecanismo para que los inmuebles adjudicados a FONAVIPO sean transferidos en donación a las familias que los adquirieron y pagaron total o parcialmente su valor a PROCADES.
También permite solicitar ante el juez correspondiente el desembargo de los inmuebles que no fueron adjudicados a la institución.
El encargado de la Unidad Jurídica de FONAVIPO, Carlos Ayala, explicó a los legisladores que el origen de esta problemática se remonta a 1998, cuando la empresa PROCADES incumplió sus obligaciones financieras con la institución, por lo que esta inició un proceso judicial para recuperar lo adeudado.
“Como resultado, varios inmuebles de la empresa fueron embargados y posteriormente adjudicados a la institución; sin embargo, estos ya habían sido vendidos a diferentes familias que no recibieron las respectivas escrituras de propiedad”, relató Ayala.
Los inmuebles están situados en San Salvador Centro, San Salvador Este; en La Libertad Norte, en La Libertad Centro; en La Paz Oeste y en La Paz Centro; en San Vicente Sur; en Usulután Oeste y en Usulután Este.
Estos dos dictámenes pasarán al pleno legislativo este miércoles durante la sesión plenaria ordinaria.
