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Redacción Nacionales
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La inversión extranjera directa (IED) en El Salvador registró una caída del 54% durante el primer semestre de 2026, al pasar de $487 millones en el mismo período de 2025 a $226 millones, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) afirma el economista César Villalona.
El comportamiento de la inversión contrasta con la difusión de cifras parciales que muestran incrementos en la participación de determinados países. Villalona cuestionó que se destaque el crecimiento de la inversión estadounidense, mientras se deja en segundo plano el comportamiento global de los flujos de capital extranjero que llegan al país.
De acuerdo con el economista, un medio afín al Gobierno informó recientemente que la inversión de Estados Unidos en El Salvador aumentó 60.5% durante el segundo trimestre de 2026. Para Villalona, presentar ese dato de manera aislada puede generar la percepción de que la inversión extranjera en general está creciendo, cuando las cifras acumuladas muestran una reducción significativa.
Un dato parcial frente al comportamiento global
La inversión extranjera directa no depende de un solo país. El BCR clasifica los flujos de inversión según su origen en 33 países, además de dos continentes —Europa y Asia— y dos categorías agrupadas como “Otros Países de América” y “Otros Países del Mundo”.
Por ello, el aumento de la inversión proveniente de una nación determinada no necesariamente representa un incremento de la inversión extranjera total. La evolución general depende de la suma de los diferentes flujos y de su comportamiento durante un período determinado.
El dato de los primeros seis meses de 2026 plantea así un escenario distinto al que podría sugerir una lectura aislada de las cifras correspondientes a Estados Unidos: mientras un componente de la inversión registra crecimiento, el conjunto de la inversión extranjera directa experimenta una reducción considerable.
Para Villalona, este tipo de presentación de las estadísticas forma parte de una estrategia de comunicación gubernamental que busca mostrar resultados positivos, incluso cuando otros indicadores reflejan dificultades económicas.
Presupuesto 2027 y mayor endeudamiento
Villalona también cuestiona el contenido del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, establecido en $12,421 millones. Esta cifra representa una reducción de $315 millones respecto de los $12,736 millones ejecutados en 2024, año en que El Salvador suscribió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Aunque el Gobierno plantea en el proyecto una “reducción gradual del déficit”, las propias proyecciones presupuestarias contemplan la necesidad de obtener $1,970 millones mediante endeudamiento para financiar el gasto público. El monto supera en $460 millones el endeudamiento aprobado para 2026.
El escenario refleja una de las principales tensiones de las finanzas públicas: la búsqueda de una reducción del déficit mientras continúa la necesidad de contratar deuda para cubrir las obligaciones estatales.
Recortes en áreas sociales
Según el análisis de Villalona, ocho de los 16 ministerios tendrían reducciones presupuestarias frente al proyecto de 2026 modificado durante el año. Entre las carteras afectadas se encuentran Salud, Agricultura, Obras Públicas, Turismo, Hacienda, Seguridad, Economía y Desarrollo Local.
Salud tendría una reducción de $36 millones; Agricultura, de $37.5 millones; Obras Públicas, $81 millones; Economía, $44 millones; y Hacienda, $169 millones. También se contemplan reducciones en Turismo, Seguridad y Desarrollo Local.
Los ministerios de Medio Ambiente y Vivienda, por su parte, mantendrían sus presupuestos congelados, de acuerdo con el documento.
En contraste, el Ministerio de Defensa recibiría un incremento de $62 millones, equivalente a 19%. Villalona interpreta esta diferencia como una muestra de las prioridades establecidas en el gasto estatal, al comparar el aumento destinado al área militar con las reducciones o congelamientos de otras instituciones vinculadas con el desarrollo social y económico.
Educación, deuda y pensiones
El proyecto contempla un incremento de $931 millones para el Ministerio de Educación, equivalente a 52%. Sin embargo, el análisis advierte que dentro de esa asignación aparecen recursos para proyectos que corresponden a otras áreas del Estado, entre ellos $100 millones destinados a un parque recreativo.
Villalona sostiene que esta forma de contabilización incrementa artificialmente la cifra presentada como inversión educativa. También señala que la ejecución presupuestaria suele ser inferior a los montos aprobados.
Otro de los puntos centrales es el pago de la deuda pública. Para 2027 se proyectan $2,847 millones destinados a este concepto, $412 millones más que en 2026. Del total, $1,856 millones corresponderían a intereses, recursos que no reducen el saldo principal de la deuda.
El análisis estima que, debido al nuevo endeudamiento, la deuda podría aumentar en cerca de $1,000 millones, sin considerar otros préstamos que pudiera contratar el Gobierno ni los $700 millones que tomaría del fondo de pensiones.
Obras, salarios y pensiones
El proyecto asigna $1,977 millones a inversiones en activos fijos, principalmente obras y construcciones. Sin embargo, Villalona cuestiona la capacidad de ejecución de esos recursos y señala que históricamente se ejecuta una proporción inferior al monto aprobado.
El documento también señala que el proyecto prohíbe incrementos y nivelaciones salariales para funcionarios públicos y mantiene en $304.17 la pensión mínima de vejez, invalidez total y sobrevivencia, pese al incremento del costo de vida.
Finalmente, el análisis advierte que el presupuesto no contempla los $2,327 millones que el Estado deberá pagar en abril de 2027 al fondo de pensiones administrado por las AFP. Según Villalona, el Gobierno cubriría esa obligación mediante un nuevo préstamo de las propias AFP, a cambio de un Certificado de Obligación Previsional.
El escenario descrito coloca nuevamente en el centro del debate la sostenibilidad de las finanzas públicas, el comportamiento de la inversión extranjera y las prioridades del gasto estatal. Mientras el Gobierno destaca determinados indicadores positivos, los datos globales y las proyecciones presupuestarias plantean interrogantes sobre el nivel de endeudamiento y la capacidad del Estado para sostener sus compromisos económicos y sociales.
