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Redacción Nacionales
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Las comunidades indígenas y organizaciones sociales de Sonsonate hicieron un llamado a las autoridades salvadoreñas a proteger la Reserva de Biósfera Apaneca-Ilamatepec y garantizar la participación de las poblaciones que históricamente han habitado y conservado este territorio.
El pronunciamiento fue divulgado este 5 de octubre por el Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA), Seccional Sonsonate “Calpulli por la Vida”, junto con la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate (MESUTSO), Asociación Salvadoreña Izalqueños de Corazón, el Concejo Ancestral de los Comunes de los Territorios Indígenas (CACTI), el Movimiento de Unificación Indígena de Nahuizalco (MUINA) y autoridades tradicionales de varias comunidades.
El documento fue emitido en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Reserva de Biósfera Apaneca-Ilamatepec y dirigido a las autoridades del Estado, a la opinión pública nacional e internacional, a organizaciones defensoras de la naturaleza y los derechos humanos, así como a la UNESCO.
Un territorio estratégico
De acuerdo con las organizaciones firmantes, la Reserva de Biósfera Apaneca-Ilamatepec comprende unas 59,056.10 hectáreas, equivalentes a 84,450.22 manzanas, distribuidas en los departamentos de Sonsonate, Santa Ana y Ahuachapán. En su interior o zona de influencia habita alrededor de un millón de personas.
El territorio incluye parte de la cordillera volcánica de Apaneca, los volcanes de Izalco y Santa Ana, el lago de Coatepeque, Atecozol, el río Sensunapán y diversas lagunas, entre ellas Las Ranas, Las Ninfas y Verde. Las organizaciones sostienen que se trata de una zona fundamental para la biodiversidad terrestre del país.
En su pronunciamiento, las comunidades destacan que la reserva no debe ser entendida únicamente como un espacio natural, sino también como un territorio habitado. Señalan que los pueblos indígenas han desempeñado históricamente un papel en su conservación y, por ello, consideran indispensable que cualquier actividad que se pretenda desarrollar en la zona cuente con la participación y consentimiento de las poblaciones residentes.
La defensa del territorio, plantean, está vinculada directamente con la protección del agua, la producción de alimentos, la regulación climática y la conservación de los ecosistemas.
Preocupación por proyectos
Las organizaciones expresaron especial preocupación por una serie de proyectos que, según su denuncia, podrían generar impactos ambientales y sociales.
Entre ellos mencionan un megaproyecto energético que contempla la construcción de un parque fotovoltaico y eólico dentro de la reserva, al que atribuyen posibles procesos de deforestación.
También señalan la instalación de un centro de datos vinculado a la minería de bitcoin, infraestructura que, según las comunidades, tendría un elevado consumo de agua y podría representar riesgos para las aguas subterráneas y los medios de vida locales.
Otro de los puntos señalados corresponde a proyectos de minería metálica en las cercanías de las fuentes de agua de Los Arenales, en Nahuizalco. Las organizaciones advierten que cualquier afectación a estas fuentes podría tener consecuencias sobre el suministro hídrico de una parte importante del departamento de Sonsonate.
Asimismo, expresaron preocupación por el proyecto denominado “Ciudad Inteligente” en el lago de Coatepeque, al que atribuyen posibles impactos por deforestación y riesgos de contaminación de mantos acuíferos relacionados con el lago.
Reclamo por participación comunitaria
El conflicto planteado por las comunidades no se limita a los posibles impactos ambientales. El pronunciamiento también denuncia presuntas estrategias de acercamiento y cooptación dirigidas a las poblaciones locales.
MILPA y las organizaciones acompañantes señalan específicamente a Volcano Energy y Antares Energy, a cuyos grupos empresariales atribuyen intentos de ganar respaldo comunitario mediante actividades en escuelas, entrega de diplomas y dádivas a estudiantes y docentes.
Estas acusaciones forman parte del posicionamiento de las organizaciones y no incluyen, en el documento, una respuesta de las empresas señaladas.
Las comunidades también cuestionan la actuación de las instituciones estatales. Afirman que existe una “omisión y pasividad” de entidades gubernamentales frente a los problemas que, desde su perspectiva, enfrentan los pueblos indígenas y quienes se oponen a determinados proyectos.
El agua como eje de la defensa
Para las organizaciones indígenas, la discusión sobre el futuro de Apaneca-Ilamatepec tiene como uno de sus principales ejes la protección del agua.
El pronunciamiento recuerda que la reserva cumple funciones ecológicas relacionadas con la conservación de paisajes y especies, la conexión de corredores biológicos, la filtración de agua para consumo humano y la regulación del clima.
También reivindica actividades agroforestales tradicionales y procesos de agroecología y restauración de ecosistemas como alternativas compatibles con la protección ambiental y las características socioculturales de los territorios.
Las comunidades consideran que estos servicios ambientales trascienden los límites de una propiedad particular. Por ello, sostienen que la reserva constituye un patrimonio colectivo que debe ser protegido para las futuras generaciones, independientemente de que existan terrenos con escrituras privadas dentro de la zona.
Exigen detener proyectos
Ante este escenario, MILPA y las comunidades indígenas demandaron al Estado detener los proyectos urbanísticos, mineros, tecnológicos o energéticos que, según consideran, puedan afectar el equilibrio ecológico de la reserva.
También exigieron respetar la libre determinación de los pueblos y garantizar que las decisiones sobre sus territorios no sean adoptadas sin procesos de consulta previa, libre e informada.
Entre sus demandas incluyeron además el cese del hostigamiento y de las campañas de cooptación que, según denuncian, se estarían desarrollando en centros escolares y comunidades en resistencia.
El pronunciamiento incorpora finalmente una dimensión histórica: las organizaciones advierten sobre el riesgo de repetir procesos de despojo y desplazamiento que han afectado a los pueblos indígenas.
Con este posicionamiento, las comunidades de Sonsonate colocan nuevamente en el debate nacional la relación entre inversión, desarrollo, protección ambiental y derechos colectivos, y reclaman que cualquier decisión sobre la Reserva de Biósfera Apaneca-Ilamatepec considere no solo el potencial económico de los proyectos, sino también el derecho de las poblaciones locales a participar en las decisiones que afectan sus territorios y fuentes de vida.
