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José Acosta
En marzo de 2006 un grupo de organizaciones de la sociedad civil, store aglutinadas en el Foro del Agua presentaron a la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley General de Agua, sick considerando que el marco legal existente es obsoleto y fragmentado y no da respuesta a las necesidades de la población.
Otra razón fuerte es la realidad que enfrenta el país en lo referido a la situación del recurso hídrico. La disponibilidad de agua es limitada, view la CEPAL reporta que El Salvador cuenta con 1,7052 metros cúbicos per cápita por año, y nos coloca en una situación cercana a lo que se conoce como stres hídrico, considerado a partir de una disponibilidad menor a los 1,700 metros cúbicos. Esta realidad tiene que ver con la contaminación de los cuerpos superficiales de agua y con la escasez generada por una drástica deforestación de los territorios.
En opinión de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, esta situación de contaminación y degradación ambiental representa un mal acumulado a lo largo de la historia que se fue profundizando por la falta de diligencia de las autoridades, relegando el tema ambiental de todas las políticas estatales. Pero además de la incapacidad del Estado ha habido una total ausencia de participación de la ciudadanía en la gestión y el cuido del agua, es una triste realidad que a pesar de las enormes limitantes, en muchos hogares el agua se desperdicia con indiferencia.
Esta desatención estatal y ausencia de la ciudadanía en la gestión hídrica, han generado una sobre explotación de las fuentes de agua, sin considerar los límites de los ecosistemas, por lo que se extrae el recurso hídrico sin tomar ninguna medida para su sostenibilidad. Contar con una Ley General de Agua basada en principios como: la participación, el pleno acceso, el enfoque de cuenca, la sustentabilidad y la descentralización. Ayudaría a generar un cambio en la visión y comportamiento de las instituciones y de las personas con respecto al agua.
Durante la legislatura 2012 – 2015, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático tuvo un rol activo en la discusión de la propuesta de ley, esto en buena medida obedeció a un importante esfuerzo de la fracción del FMLN y al liderazgo que asumió la Diputada Lourdes Palacios, en lo referido al tema ambiental; no obstante los partidos de derecha mantuvieron una ferrea oposición, sin argumentos inteligentes y sin ninguna racionalidad. Lo que hace suponer que su negativa obedece a la defensa de intereses económicos de quienes por largos años han hecho buen negocio con el agua, sin devolver nada a la naturaleza y casi nada al Estado.
Al respecto el Comité de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño, CISPES dice: “En El Salvador más de 200,000 hogares no tienen acceso al agua. Mientras que a miles de familias empobrecidas no les llega ni una sola gota, las empresas que fabrican bebidas carbonatadas y alcohólicas gastan millones de litros al día. Lo mismo pasa en los grandes centros comerciales y en las residenciales más exclusivas”, esta visión mercantilista y privatizadora del agua, es contraproducente con el interés de la mayoría de la población. Por esta razón es que llevamos diez años luchando por la ley de agua, sin haber logrado tal propósito.
A pesar de esta deuda de diez años, de los diputados y diputadas con la sociedad, la actual legislatura ha tenido un desempeño mediocre en el tema ambiental y no ha dado seguimiento a la elaboración de la ley de agua, por lo que es importante que el FMLN no baje la guardia y haga todo lo necesario para mantener el tema en la agenda de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, de igual manera las organizaciones de la sociedad civil debemos mantener un alto perfil de lucha por esta ley.
Disfrutar de agua suficiente y de buena calidad es un derecho humano y un derecho de los ecosistemas. Corresponde al Estado satisfacer ese derecho, por tanto la Ley de Agua es un tema de nación que debe abordarse con un alto sentido de prioridad, sin intereses económicos ni partidarios.
