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Cada 30 de agosto se conmemora el “Día Internacional de las Personas Desaparecidas”, esta fecha busca recordar a todas las personas que han sido separadas de su familia por la fuerza, pero también es una oportunidad para que los gobiernos se comprometan a iniciar investigaciones justas e imparciales, principalmente en aquellos casos de desaparición forzada que tuvieron a su base una intervención estatal.
En el año 2006 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la cual constituye una oportunidad crucial para erradicar esta práctica, garantizar que las víctimas y sus familias tengan acceso a la justicia y evitar que los crímenes del pasado caigan en el olvido.
En el país, según datos recopilados en el informe de la Comisión de la Verdad publicado en 1993, se documentaron cerca de 5 mil personas desaparecidas forzadamente durante el período de guerra civil, por su parte datos de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica reflejan que más de 8 mil 600 personas en el país se encuentran desaparecidas, algunas fueron asesinadas y quienes eran menores de edad fueron dadas en adopción a familias extranjeras, la Ley de Amnistía aprobada después de la firma de los Acuerdos de Paz, anuló el derecho a la justicia de miles de víctimas y sus familiares.
Con la resiente declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía se abre la posibilidad de conocer la verdad para poder perdonar y resarcir el daño moral que las familias de las víctimas llevan a cuestas desde el conflicto; conocer lo que pasó con las personas desaparecidas antes, durante y después del conflicto es esencial para cerrar las heridas de un pasado y hacer justicia moral, ya que mientras no haya justicia, no puede haber paz, eso parece gritarnos tanto nuestro pasado reciente como el más lejano.
El diálogo con nuestra historia nos permitirá tomar conciencia crítica para cambiar esta cultura del olvido, de la desesperanza y la impotencia que vive el país. Quienes trabajamos por la construcción de una sociedad justa, donde impere la vida con dignidad y no la locura del terror, debemos exigir el esclarecimiento de la verdad ante los hechos ocurridos en el pasado, así como de los que se están dando en el presente.
La memoria histórica es una necesidad imprescindible en la reconciliación de un pueblo, sobre todo cuando su presente muestra una realidad de injusticia y exclusión social, política, económica y cultural. Un paso necesario para construir la paz es perder el miedo a reconocer nuestro pasado haciendo frente a la verdad, priorizando las necesidades de las víctimas, para dignificarles y hacerles justicia; pero también para comprender lo que ocurrió y no reincidir en los errores cometidos; ahora es tiempo de encaminarnos por un sendero diferente: el de la paz con justicia social.
