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BRP y Mesa Permanente por la Justicia Laboral
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) y la Mesa Permanente por la Justicia Laboral conmemoraron este 31 de octubre el Día de la Persona Sindicalista, por lo que demandaron del Gobierno el respeto de los derechos humanos y laborales. Además, informaron que desde 2019 se han despedido a 40 mil empleados y se han desarticulado más de 60 sindicatos.
Este 31 de octubre se conmemora el 36° aniversario de la masacre de FENASTRAS, en la que murieron sus dirigentes, entre ellos la secretaria general, Febe Elizabeth Velásquez. El hecho ocurrió en 1989, casi en horas del mediodía, cuando la dirigencia de FENASTRAS se aprestaba a almorzar en el comedor popular de la Federación, donde explotó una bomba colocada por un escuadrón de la muerte que funcionaba en la extinta Policía Nacional, que dejó el saldo de 10 sindicalistas muertos, incluyendo su secretaria general Febe Elizabeth Velásquez.
La Mesa Permanente por la Justicia Laboral recordó frente al parque Cuscatlán ese atentado contra FENASTRAS donde murieron 10 personas y al menos 30 lesionados el 31 de octubre de 1989, tras la persecución a los sindicalistas por parte del Estado.
El BRP y la Mesa Permanente por la Justicia Laboral señalaron que en ese momento las organizaciones sindicales “sufrían represión por parte del gobierno de ultraderecha de Alfredo Cristiani”. Los dirigentes sindicales “eran capturados, asesinados y desaparecidos por las fuerzas gubernamentales y los escuadrones de la muerte”.
“Creo que el estar aquí, reunidos, a pesar de que no somos miles; sin embargo, tenemos esa calidad revolucionaria de rescatar la memoria de esos compañeros y compañeras que cayeron, diciéndoles que no vamos a desmayar ante el régimen que nos está imponiendo”, comentó Rafael Méndez, en conferencia de prensa en referencia a la actuación del actual Gobierno,
Las organizaciones señalaron que el sindicalismo “es una expresión directa” del ejercicio de derechos reconocidos por la Constitución de la República y Tratados Internacionales ratificados por el Estado salvadoreño, con el fin de lograr condiciones dignas de trabajo.
Wilfredo Berríos, del Frente Social y Sindical Salvadoreño (FSS), destacó que el gobierno de Bukele inició con una política anti laboral que ha consistido en una ola de despidos; 10,000 en los primeros meses de su primer mandato, 22,250 se contabilizaban a finales del 2024, y el dato más reciente que se suma a la fecha es de 17,800 empleados públicos y municipal despedidos, es decir, un total de más de 40,000 cesados desde el 2019 a septiembre de este año. Mientras que en el sector privado se contabilizan 16,000 despidos.
Además, comentó Berrios, producto de esta represión se han desarticulado 62 Sindicatos de entidades públicas del gobierno y se han despedido a un número aproximado de 530 miembros de las juntas directivas de esos sindicatos.
“En El Salvador se está experimentando un claro retroceso en materia de protección y respeto de derechos laborales y sindicales. Existe una estrategia de eliminación de directivas sindicales, con el cierre de instituciones públicas y municipales bajo la figura amañada de ´supresión de plaza´. Continúan los despidos arbitrarios, retraso de salarios, eliminación de bonos, el incumplimiento y eliminación de contratos colectivos y violaciones al fuero sindical”, lamentaron las organizaciones.
De hecho, a inicios de 2025, trabajadores del sector de salud y educación fueron despedidos por haber participado en protestas pacíficas por denunciar el incumplimiento de contratos colectivos y las intenciones de eliminar el escalafón.
En ese sentido, las organizaciones sostuvieron que las personas despedidas y sus familiares han sido vulneradas en sus derechos humanos como: vivienda, alimentación, vestuario, educación y salud.
En cuanto al sector privado, este enfrenta dificultades para su libre sindicalización, porque los patronos les coartan ese derecho, como es el caso de los Call Center y en otros rubros. En el sector privado no se gozan de las prestaciones mínimas como seguridad social.
Las organizaciones señalaron que, según datos oficiales, del año 2023 solo hay un 32% de cotizantes con respecto a la población económicamente activa y en el caso de la previsión social apenas cubre un 29%, siempre en el mismo año.
Con relación a las pensiones, estas no son dignas debido a que el gobierno “ha saqueado los ahorros, y favorecido a las Administradoras de los Fondos de Pensiones en el incremento de sus ganancias”.
A esto se le suma que los trabajadores por cuenta propia, han sido desalojados de sus locales sin darles alternativas, esto agrava más la economía de los salvadoreños y el desempleo. Las organizaciones enfatizaron que estos desalojos se efectúan para darle prioridad a los proyectos turísticos y urbanos y negocios multinacionales, que incluso, se les exonera de impuesto.
El Bloque y la Mesa Permanente demandaron el restablecimiento de las libertades democráticas y el orden constitucional, la no criminalización, el respeto a la libertad sindical, a la contratación colectiva, y estabilidad laboral.
A esta concentración frente al parque Cuscatlán, se unió el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), quienes pidieron libertad a todas las personas inocentes capturadas injustamente en el marco del régimen de excepción.
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