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domingo , 22 octubre 2017
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Desarrollo y protección social, una ley trascendental

Licda. Norma Guevara de Ramirios @guevara_tuiter

Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter

Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter

La Asamblea Legislativa ha dado un paso trascendental para la vida de nuestro pueblo al aprobar la Ley de Desarrollo y Protección Social que le fuera solicitada por el Presidente de la República, ambulance Mauricio Funes, for sale a través de varios ministerios. Se trata de normar el cumplimiento de obligaciones que han estado siempre establecidas en la Constitución frente a gobiernos y diseños institucionales no habilitados para garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Se daba por cierto en los gobiernos de la derecha, que una vez el pueblo elije a sus gobernantes, estos están facultados a hacer lo que quieren, y cuando se les ocurría hacer algo positivo era visto como favor que hay que agradecer; esa es la esencia del asistencialismo; la ley aprobada el jueves 3 de abril pasado da otro sentido a las cosas al establecer procedimientos y mandatos precisos al órgano ejecutivo,  desarrollar una política social que propicie la protección y cumplimiento de derechos contenidos en la constitución con la sola limitación de la capacidad financiera del Estado.

Con esta ley, los programas sociales creados bajo el gobierno del Presidente Funes se vuelven una obligación y queda abierto el espacio para ampliarlos y crear otros, pero en todo caso esos programas y otros, deben  aplicarse principalmente para favorecer a las personas en condición de pobreza, personas que han sido tradicionalmente excluidas, discriminadas o que por su condición económica, sexo o grupo de edad son más vulnerables.

El objetivo es garantizar a toda la población el goce de sus derechos, reducir las brechas de desigualdad y de pobreza, procurar una mejor distribución de la riqueza y promover valores como la equidad, la justicia, la igualdad, la no discriminación y el bien común.

Los programas sociales en estos casi cinco años de gobierno del FMLN han permitido bajar la pobreza en 11 puntos; la desigualdad medida mediante el coeficiente de Gini pasó de 0.48 a 0.41; el analfabetismo pasó de 14% a 12.4%; los hogares con acceso al agua por cañería aumentaron 6.7%, los hogares con acceso a energía eléctrica pasaron de 80.8% a 83.4%. Los impactos en la vida de adultos mayores por la pensión otorgada en 37 municipios más pobres, en las mujeres usuarias de Ciudad Mujer, en los jóvenes y mujeres que accedieron al apoyo temporal al empleo, en la familia y niñez usuaria del sistema público de educación son tremendamente positivos; por eso asegurar su continuidad por ley permite prever que esos indicadores arriba señalados  se moverán en un sentido favorable para la sociedad, expresarán que caminamos a un nivel de vida digno para todas y todos.

La legislación obliga a caminar en la dirección iniciada, en el rumbo de mantener y profundizar los logros alcanzados, afortunadamente la población eligió a Salvador y Oscar que son parte de estos logros y que están comprometidos en su profundización.

La Ley de Desarrollo y Protección Social manda al Presidente de la República a crear un Sistema integrado por los Ministerios que tienen a su cargo el desarrollo de programas sociales; este sistema debe planificar, asignar recursos para desarrollarlos y además evaluar su impacto; esto lo deben hacer cada año y procurar que año con año, la inversión real sea mayor. El Presidente designará a la entidad que presida; es decir aquí hay coordinación para que los recursos estén mejor aprovechados.

También crea un Subsistema en el que se coordinan todos los programas señalados en la ley, que son los programas existentes (Comunidades solidarias, dotaciones de uniformes, zapatos, útiles escolares, alimentación escolar, vaso de leche, programa temporal al empleo, pensión básica universal, agricultura familiar y otros), es aquí donde se focalizarán y complementarán unos y otros según sean las necesidades específicas de la población.

Otro elemento importante de la ley es que manda a crear una medición multidimensional de la pobreza; puesto que el impacto esperado de todo programa  que asegura derechos de la gente es contribuir a situarse en una mejor condición, a salir de la pobreza o a superar condiciones de vulnerabilidad; esta medición servirá entonces para apreciar los avances del desarrollo social y planificar los programas de modo que tengan impactos perfectamente medibles.

Sin lugar a dudas, este es un gran paso que cimenta garantías para que las políticas de gobierno aseguren un Estado Social y Democrático de Derecho. Si las entidades antes no estaban preparadas para ayudar al desarrollo social sino para el simple asistencialismo, aquí esa historia queda atrás con el reconocimiento de los derechos de la gente; una mejor y obligada organización de las instituciones para servir a la gente, especialmente a quienes más lo necesitan.

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